Codelco: informe de la Cámara acusa presiones de Pacheco y Alvarado para mejorar producción de 2025, pero apunta a una falla en cadena

Después de tres meses de que la comisión investigadora de la Cámara comenzara sus sesiones para profundizar y esclarecer el caso de sobreproducción en Codelco, que contabilizó 27 mil toneladas más en 2025, este martes los parlamentarios entregaron sus conclusiones finales. En un informe de 178 páginas, que busca dilucidar las acciones sin anticipar responsabilidad penales, la comisión aprobó de forma unánime veinticuatro conclusiones y consideraciones al respecto.

El informe descarta que la responsabilidad de la falla en la contabilización de producción le corresponda a una sola persona, ya que la definición de esta información pasa por diferentes etapas de revisión y validación.

La cadena de áreas es extensa: recursos mineros; balance metalúrgico y calidad; contabilidad y valorización; recursos mineros corporativo; y comercialización, entre otras. “Se debe concluir que existió una falla de la cadena de control. Las barreras sucesivas que debían detectar, cuestionar, escalar o impedir el reconocimiento no operaron eficazmente en el caso concreto”, señalaron.

Pese a ello, la conclusión del documento apunta directamente a los cargos más altos de la administración anterior: al ex presidente del directorio, Máximo Pacheco y al presidente ejecutivo, Rubén Alvarado.

“Los antecedentes recabados por la comisión dan cuenta de una presión efectiva por parte del presidente ejecutivo y del presidente del directorio de Codelco por mejorar el cierre productivo de la operación del año 2025 en relación a las cifras alcanzadas el año anterior por la empresa”, acusa el informe parlamentario, que contó con la participación de trece diputados y once invitados.

“En este sentido, se pudo constatar que desde junio del año 2025, tanto el presidente ejecutivo y el presidente del directorio ya conocían los verdaderos niveles de producción de la empresa hasta ese momento, así como también las expectativas reales de producción que se tenían para el cierre de dicho año, las que se estimaba que serían, en todo caso, menores al 2024. Aún así, se insistió en preparar una operación destinada a aumentar a toda costa los niveles de producción en 2025. El presidente ejecutivo y el presidente del directorio, y entorno cercano, sabiendo de esto, pudieron haber tomado otras decisiones más acertadas y detener aquella operación”, arremete la investigación.

Validan “operación rastrillo”

Una discusión que copó las trece comisiones que se realizaron para la investigación fue la operación rastrillo. Correos entre Alvarado y el vicepresidente de comercialización de Codelco, Braim Chiple, donde se promovía la búsqueda de productos no tradicionales, fueron parte de las situaciones en que se dejaba entrever las presiones de altos cargos para aumentar la producción de cobre, indica el informe. Los parlamentarios definieron que, como tal, esta es una acción común en la minería para recuperar y obtener valor de más materiales.

“La denominada operación rastrillo no constituye por sí misma la irregularidad investigada ni debe ser presentada como una práctica destinada a falsear producción. La vicepresidencia de comercialización explicó que la identificación, recuperación y puesta en valor de materiales existentes es una práctica habitual de gestión minera y que durante 2025 iniciativas de esa naturaleza habrían generado un aporte del orden de US$200 millones para Codelco”, dice el documento.

Añade que “los óxidos de Chuquicamata cuestionados por la auditoría no formaron parte de esa iniciativa. La conclusión correcta, por tanto, es que el problema no estuvo en buscar oportunidades de valor, sino en que toda iniciativa que pretenda incidir en la producción oficial debe seguir íntegramente las reglas técnicas, comerciales, contables y de aprobación aplicables, con independencia de la presión de cierre o de la relevancia de las metas anuales”.

Correcciones, rol de Cochilco y necesidad de simplificar normas

Tras las explicaciones de Alvarado respecto de que los reportes que ellos recibían no necesariamente identificaba la condición de cada material, la comisión investigadora también definió que “el gobierno corporativo debe contar con mecanismos de escalamiento que hagan más visibles esas excepciones materiales, de modo que la alta administración, el presidente ejecutivo y el presidente del directorio puedan ejercer efectivamente sus deberes de control”.

Sin embargo, los parlamentarios concluyeron que todo ajuste a los inventarios de productos en proceso y terminados, deben ser solicitados por razones fundamentadas para ejecutarse, “y no simples presiones del presidente del directorio y/o presidente ejecutivo en ejercicio indistintamente”.

Además, ahondaron en que la fiscalización externa que realiza la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) debe evolucionar hacia una labor preventiva respecto de la producción. Esto, considerando que el origen de todo este caso fue gracias a denuncias internas, y no a controles anticipados de Cochilco. El informe destaca que, incluso, la Contraloría reforzó la idea de que la regulación de Cochilco debe ser fortalecida, materias que son conocidas y compartidas por el organismo.

“Esto no permite afirmar, por sí solo, incumplimiento de deberes de Cochilco, pero sí evidencia la necesidad de revisar si sus atribuciones, dotación, acceso a información de detalle y sistemas tecnológicos son suficientes para identificar tempranamente cambios extraordinarios en los cierres productivos de la principal empresa estatal del país”, detalla el trabajo de los diputados

Se apunta también a la necesidad de contar con normas más claras y simplificadas. “Codelco cuenta con más de 1.300 normas internas y varios ejecutivos señalaron la complejidad de su interacción”, apuntan. A propósito de que diferentes invitados a las comisiones expresaron interpretaciones opuestas sobre distintas normas internas de la cuprera, en particular acerca de: NCC-2, IFC-108, la visión sobre P0 y P1, el tratamiento de inventarios y las excepciones para materiales fuera de catálogo.

“Una organización altamente especializada requiere reglas técnicas detalladas, pero esa complejidad no puede transformarse en espacios de interpretación incompatibles entre áreas responsables. La comisión concluye que las excepciones que puedan alterar el cierre anual deben contar con jerarquía normativa clara, requisitos inequívocos y un procedimiento de resolución de controversias antes de su registro”, sostiene.

Agnic y KPMG

Codelco contrató a KMPG para realizar una auditoría por sobreproducción. La directora de Codelco, Tamara Agnic, fue socia hasta septiembre de 2021 de dicha empresa, lo que concitó dudas en ciertas esferas de la estatal, en particular de los trabajadores, por conflicto de interés. Los parlamentarios descartaron que esta situación por sí sola sea un conflicto de intereses, no obstante, “plantea una cuestión legítima sobre la apariencia de independencia, la prevención de conflictos y la confianza pública en el proceso”, indicaron.

Así, concluyeron que “mientras estos antecedentes y los resultados definitivos de ambas auditorías no se encuentren debidamente examinados, no corresponde dar por acreditado ni descartar de manera concluyente un conflicto de interés. Con todo, es una invitación abierta a reforzar los mecanismos de control efectivo al respecto”.