Doscientas familias perdieron el sueño de obtener una vivienda en Medellín: hubo falso proyecto y pareja se quedó con más de 500 millones de pesos

La edificación que supuestamente iban a construir nunca tuvo los permisos legales. Ofrecían otros proyectos para generar confianza. 

Familias enteras confiaron en un proyecto de vivienda que se dio a conocer en Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá, pero la obra nunca se construyó.

Detrás de esta estructura estaban Sandra Milena Parra y Mario Albeiro Montoya, quienes, al parecer, recibieron cerca de 500 millones de pesos de los compradores, que fueron al menos 200 familias.

Los hechos ocurrieron entre los años 2015 y 2018, periodo durante el cual nunca se les entregaron las viviendas.

Se trataba de un proyecto de vivienda de interés social ubicado en el barrio Pachelí, de Bello, donde supuestamente se iban a construir 804 unidades. 

Además, se les habría informado a los compradores que el proyecto contaba con el respaldo del Gobierno nacional y que recibirían un subsidio estatal superior a los 13 millones de pesos por tratarse de viviendas de interés social.

Los dos sujetos mencionados fueron condenados a nueve años y cinco meses de prisión por el delito de estafa agravada en modalidad de masa.

El modus operandi de esta pareja, según la Fiscalía, consistía en respaldarse en una empresa constructora legalmente constituida para captar a los posibles compradores.

"Habían sido asaltadas en su buena fe y despojadas de su patrimonio. Se verificó en juicio que, mediante engaños y mentiras, utilizando documentos con apariencia de legalidad o legalidad formal, indujeron y, de manera muy especial, mantuvieron en error a personas y familias necesitadas de una vivienda digna, para que estas le apostaran a un proyecto de interés social, entregando diferentes sumas de dinero. Sin embargo, dicho proyecto nunca existió. Por el contrario, confundieron y engañaron a las víctimas con otros proyectos distintos, los cuales utilizaron como fachada para despojarlas de su dinero. Estos proyectos tampoco fueron viables", dice el fiscal en la audiencia. 

Lo más cruel para las familias que depositaron allí sus sueños de tener una vivienda es que estos sujetos también utilizaban los nombres de otros proyectos de vivienda de la misma compañía y los mostraban como respaldo para hacer creer que la urbanización estaba funcionando correctamente.

Sin embargo, cuando las autoridades verificaron todo el proceso, establecieron que nunca había existido una aprobación ni un aval para construir el proyecto. Además, a través de las curadurías se confirmó que su ejecución no era viable.

Las víctimas, que fueron al menos 200 familias, alcanzaron a firmar contratos de compraventa y realizaron pagos correspondientes a la cuota inicial, consignando el dinero a la constructora y también a los hoy condenados.

La condena de nueve años y cinco meses es de primera instancia y se está a la espera de establecer si la pareja ya presentó un recurso de apelación.

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