Aclara Sader: “son 18 mil, no 30 mil, las hectáreas siniestradas” en Campeche
La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), puntualizó que “en el estado de Campeche no existe el registro de 30 mil hectáreas siniestradas”, como productores aseguraron el miércoles pasado.
En un comunicado, la dependencia aclaró que “de acuerdo con los datos técnicos recabados por personal de los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural Sustentable (Cader), la superficie afectada es de aproximadamente 18 mil hectáreas”.
Sobre las auditorías y el estímulo a la producción, expuso que “las revisiones documentales y solicitudes de facturas realizadas a determinados beneficiarios no constituyen una acusación generalizada contra el sector maicero.
“Estas acciones –dijo– forman parte de los protocolos estrictos de fiscalización y transparencia para garantizar que el estímulo federal de 800 pesos por tonelada y los recursos por siniestros lleguen exclusivamente a quienes acrediten de manera legítima sus volúmenes de producción.
“Lo anterior responde a la detección de registros atípicos que reportan rendimientos de 10 o más toneladas por hectárea, cifra que duplica el promedio estatal de 5.5 toneladas documentado técnicamente por el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (Inifap).”
Niega incumplimiento de acuerdos
Igualmente, la dependencia apuntó que contrario a la versión de un presunto incumplimiento de acuerdos, la dependencia mantiene interlocución abierta, permanente y de puertas abiertas con las y los productores.
“Muestra de ello es la instalación de las mesas de trabajo celebradas el miércoles en coordinación con el gobierno estatal, las cuales continuarán el próximo martes para atender las solicitudes de quienes manifiestan no haber sido incluidos en el padrón de beneficiarios”, mencionó.
Asimismo externó que “la Secretaría de Agricultura, a través de su Oficina de Representación, refrenda su disposición para respaldar a las y los productores que cumplan con las reglas de operación vigentes y garantizar el manejo honesto, transparente y eficiente de los recursos públicos”.
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