José Romero: La otra mitad de México necesita máquinas

n México solemos hablar de la informalidad como si fuera una falta moral o administrativa. De ahí la receta de siempre: simplificar trámites, cobrar impuestos y fiscalizar. El problema es otro. La economía formal no crea suficientes empleos productivos y la mayoría de quienes trabajan por su cuenta lo hacen con muy poco capital.

En 2024, 54.4 por ciento de la población ocupada laboró en la informalidad, pero produjo sólo 25.4 por ciento del PIB. La comparación debe tomarse con cuidado: mezcla actividades, jornadas y escalas distintas. Pero deja ver una fractura difícil de negar. Millones trabajan con herramientas insuficientes, sin crédito y lejos de los mejores mercados.

Pensemos en el puesto de comida, el jardinero, la herrera, la carpintera, la parcela campesina, el comercio de ropa usada, el trabajo doméstico o los mercados públicos. Sus problemas no son iguales. Una trabajadora del hogar sin seguridad social enfrenta el incumplimiento de sus empleadores. Un productor por cuenta propia necesita, además, maquinaria, asistencia técnica y canales para vender.

El Estado ha tratado a la economía popular como asunto de asistencia o como infracción administrativa, pero casi nunca como una parte de la planta productiva. Buena parte de los programas y créditos exigen formalidad, historial y flujos comprobables. Es decir, el apoyo suele llegar a quien ya cruzó el umbral de la bancabilidad. Para los demás quedan el curso, el formulario y la recomendación de que se registren.

Esto también afecta al sector formal. El trabajo por cuenta propia es una alternativa al empleo asalariado. Cuando deja muy poco, empuja a aceptar cualquier salario; cuando ofrece un ingreso razonable, obliga a las empresas a mejorar su oferta. Elevar la productividad de la economía popular puede fortalecer la posición de los trabajadores. Es una política salarial complementaria al salario mínimo.

México necesita una misión nacional de equipamiento productivo popular. No se trata de repartir aparatos, sino de resolver necesidades concretas: refrigeración para alimentos y mercados, sierras para carpinterías, soldadoras y tornos compactos para talleres, mezcladoras para la construcción; bombas, sistemas de riego, molinos, secadores y cámaras frías para el campo.

India y China fabrican maquinaria para escalas que los países ricos suelen desatender. México podría importarla, probarla y certificarla. Pero no deberíamos quedarnos ahí. Primero hay que aprender a usarla y repararla; luego, a adaptarla, ensamblarla y producir aquí algunas de sus partes. Las universidades tecnológicas, los talleres y los institutos públicos podrían formar técnicos y adecuar los equipos a las condiciones de cada región.

Tampoco es necesario que cada persona compre su propia máquina. Una campesina que la utiliza unos cuantos días al año necesita tenerla disponible a tiempo, no cargar con una deuda todo el año. Para eso sirven los centros de alquiler, los bancos de maquinaria, los talleres compartidos y el pago por uso. El financiamiento tendría que incluir mantenimiento, capacitación y seguro.

De poco sirve producir más si el intermediario se queda con la ganancia. El programa tendría que incluir una red nacional de comercialización digital, pública, cooperativa o mixta, que abra a los pequeños productores el acceso a consumidores, comercios y compras gubernamentales. No bastaría abrir otro portal. Harían falta compradores, pagos seguros y servicios de almacenamiento, empaque y distribución. El propósito es vender mejor y conservar más del valor producido.

La formalización debería plantearse como un acuerdo, no como un peaje de entrada. Al principio bastaría un registro productivo sencillo. Las obligaciones fiscales y sociales aumentarían conforme crecieran las ventas, a cambio de acceso a seguros, facturación simplificada, compras públicas y protección social portátil. Esta gradualidad no debe convertirse en excusa para que empresas solventes nieguen derechos laborales.

El programa también puede fracasar. Puede terminar en compras infladas, máquinas abandonadas o créditos que nadie pueda pagar. Para evitarlo, habría que comenzar con proyectos pilotos, publicar cuánto costó cada equipo y quién lo recibió, asegurar refacciones y mantenimiento, y revisar los resultados antes de extender el programa. Cuando una actividad ya no sea viable, se debe apoyar a las personas para que transiten hacia otra, no endeudarlas para prolongar lo inevitable.

El éxito no debe medirse por el número de créditos colocados o de nuevos RFC. Importan el ingreso neto por hora, los empleos creados, los mercados alcanzados y la parte del excedente que conserva quien trabaja. La informalidad no desaparecerá porque el Estado ordene registrarse. Empezará a disminuir cuando millones de personas puedan producir más y vender mejor sin tener que escoger entre sobrevivir y cumplir. La otra mitad de México no necesita otro sermón. Necesita las herramientas que hagan posible la formalidad.