Desaparecen ayuntamientos de Esperanza, Acatlán y Tepeyahualco

▲ Los legisladores poblanos determinaron desaparecer los municipios.Foto H. Congreso de Puebla

Isa Guarneros

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada
Domingo 13 de septiembre de 2026, p. 20

Puebla, Pue., El Congreso local aprobó por mayoría la desaparición de los ayuntamientos de Acatlán de Osorio, Esperanza y Tepeyahualco, así como la conformación de tres concejos municipales que serán encabezados por Ciro Gavilán Domínguez, Raúl Pineda Raygoza y Eduardo Vázquez Márquez, respectivamente.

Los nuevos concejos concluirán el periodo constitucional de los ayuntamientos que sustituyen, hasta el 15 de octubre de 2027. Los tres presidentes designados para esos organismos eran funcionarios de la Secretaría de Gobernación estatal (Segob) al momento de su nombramiento, y cuentan con experiencia previa como ediles.

Ciro Gavilán Domínguez, quien se desempeñaba como director de Delegaciones de la Segob, fue alcalde de Huaquechula de 2018 a 2021, por la alianza Morena-PT-PES; Raúl Pineda Raygoza, hoy ex director de Gobierno de la misma dependencia, fue munícipe de Lafragua de 2021 a 2024, postulado por Nueva Alianza, Morena y PT.

En tanto, Eduardo Vázquez Márquez, quien fungía como delegado de Gobernación, fue presidente municipal de Zapotitlán Salinas de 2018 a 2021 por el PRI, y de 2021 a 2024 por la alianza PAN-PRI.

La desaparición del ayuntamiento de Acatlán de Osorio se avaló con 36 votos a favor, uno en contra y una abstención; la de Esperanza, con 33 sufragios a favor, uno en contra y cuatro abstenciones, mientras que la de Tepeyahualco obtuvo 36 votos a favor, uno en contra y una abstención.

Las aprehensiones

Los casos de Esperanza y Tepeyahualco tienen como antecedentes la detención de sus alcaldes por investigaciones penales en su contra. Posteriormente los regidores propietarios y suplentes, así como los síndicos de ambos municipios, presentaron sus renuncias ante el Congreso estatal, lo que dejó a los ayuntamientos sin condiciones para continuar con su funcionamiento.

En Esperanza el edil Isaac Rodríguez Ochoa, de Morena, fue aprehendido el 7 de septiembre durante el operativo Enjambre. Según autoridades federales, el alcalde y otras personas fueron vinculados con una estructura criminal dedicada presuntamente al robo de autotransporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz. Entre los detenidos también estuvieron su hermano, Manuel Rodríguez, y Abigail Contreras Camacho, quien hasta el 1º de septiembre pasado fue directora de Seguridad Pública municipal.

En Tepeyahualco, el munícipe Said de Jesús Godos Luna, de Movimiento Ciudadano, fue arrestado el 4 de septiembre anterior por agentes de la Fiscalía General del Estado, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Además, autoridades federales informaron que el edil era investigado por su posible participación en delitos relacionados con el robo de transporte de carga.

El caso de Acatlán de Osorio es distinto. La conformación del Concejo Municipal no derivó de la detención de su alcaldesa, sino de una prolongada crisis política y de gobernabilidad entre la presidenta municipal morenista, Guadalupe Lucero Bárcenas, y la mayoría de los integrantes del cabildo.

El conflicto comenzó después de que la regidora Maricruz Bello Nacer, también de Morena, cuestionó la transparencia de la obra pública. Se le sumaron otros siete regidores y el síndico, y solicitaron a la legislatura iniciar el procedimiento de revocación de mandato de la edil. Posteriormente, el Congreso comenzó formalmente el proceso.

Los inconformes acusaron irregularidades administrativas y financieras, falta de transparencia, abuso de autoridad y anomalías en la ejecución de obra pública, así como amenazas y hostigamiento. Bárcenas rechazó los señalamientos, defendió la actuación de su administración y sostuvo que contaba con documentación para acreditar las obras cuestionadas.

La alcaldesa aseguró que detrás de las protestas existían intereses políticos y económicos, y señaló presuntos vínculos con el grupo criminal Los Rojos, al que atribuyó el interés en removerla para retirar a los mandos de la Marina encargados de la seguridad municipal.

Después de más de dos meses de confrontación, los integrantes del cabildo y Bárcenas renunciaron. Ante la desarticulación del ayuntamiento, el Congreso determinó su desaparición y la integración de un Concejo Municipal.