Comienza un juicio contra dos jefes camioneros por bloqueos a una empresa distribuidora

Los sindicalistas camioneros Maximiliano Cabaleyro y Fernando Espíndola, que lideraban la seccional San Nicolás, Ramallo y San Pedro del sindicato que conducen Hugo y Pablo Moyano, enfrentarán desde este lunes a las 8 un juicio oral por haber bloqueado la empresa Rey Distribución SRL, ubicada en San Pedro. Los hechos que se juzgarán se produjeron entre 2017 y 2021, y tuvieron su pico de tensión en abril de 2022, cuando los líderes regionales del sindicato fueron detenidos y, en protesta, el gremio cortó los ingresos a la ciudad de San Nicolás y paró la recolección de residuos durante tres días. Cabaleyro y Espíndola, ambos en prisión domiciliaria, están acusados de turbación de la posesión, coacción, extorsión y amenazas.

Cabaleyro y Espíndola encabezaron protestas en la puerta de Rey Distribución SRL (una firma de distribución de alimentos y bebidas, con 34 empleados) en el año 2021: hubo un primer bloqueo el 15 de enero, y otro que se extendió entre el 22 y el 26 de febrero. En abril de 2022, fueron detenidos por orden de la jueza de San Nicolás María Eugenia Maiztegui. Los dueños de la firma habían denunciado el accionar gremial en 2021, e incluyeron hechos de presunta extorsión iniciados en 2017, como pedidos de dinero bajo amenaza de “paralizar o trabajar con dificultades en la empresa”, según consta en el expediente.

Cabaleyro era el secretario general de camioneros en San Nicolás y ocupaba una banca de concejal por el Frente de Todos; Espíndola era dirigente del sindicato. Tras ser apresados, el gremio lanzó una protesta que incluyó el corte de los accesos a la ciudad de San Nicolás y el freno del servicio de recolección de residuos. La cúpula de camioneros, con Hugo y Pablo Moyano a la cabeza, estuvo en la ciudad para liderar la protesta, que se extendió entre el viernes 8 de abril de 2022 y la noche del domingo 10, cuando se restableció la recolección de residuos. Los contenedores de la ciudad rebalsaban de basura.

Los dos sindicalistas camioneros están bajo arresto domiciliario desde hace tres años, luego de pasar aproximadamente un año y medio en la cárcel. En caso de ser hallado culpable, Cabaleyro enfrenta una pena posible de entre seis y 15 años. Espíndola, en cambio, acordó la realización de un juicio abreviado con una pena de seis años.

Los denunciantes, que tienen como abogada a la senadora provincial Florencia Arietto (La Libertad Avanza) aspiran a una condena en un caso que consideran “inédito”; la defensa de los sindicalistas, a cargo del abogado Mauricio Gugger, buscará establecer la conducta de los gremialistas en “el ejercicio legítimo del derecho de huelga” por temáticas como el encuadre sindical, sanciones o diferencias salariales. El juicio estará a cargo del Tribunal Oral Criminal Nº2 de San Nicolás, presidido por Alejandro López. Las fiscales serán María del Valle Viviani y Verónica Marcantonio. Entre los testigos convocados a declarar está el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar (PJ), y la delegada regional del Ministerio de Trabajo bonaerense Sofía Rotundo.

“Estamos esperando, como familia, con muchas ansias, desde hace mucho tiempo. Estuvimos impulsando llegar a esta instancia de juicio oral y público, solicitando que se permitiera la presencia de medios de comunicación. Tenemos mucha esperanza de sacar a luz la verdad. Estamos muy convencidos de que Cabaleyro y Espíndola saldrán condenados, por el bien de la verdad y de la sociedad. Es un caso inédito, un sistema de extorsión que se tiene que terminar porque impide el desarrollo, la inversión y el trabajo. Es una mafia que te quita las ganas de trabajar. Confiamos mucho en la Justicia”, dijo a LA NACION Ariel Rey, uno de los propietarios de la distribuidora. Rey es concejal en San Pedro (ganó las elecciones locales de 2025 al frente de la lista de La Libertad Avanza, y actualmente integra un bloque denominado “San Pedro Puede”).

Por el lado de los sindicalistas acusados, en el juicio se hará hincapié en el derecho de huelga. “Llegamos con grandes expectativas de poder demostrar que los delitos que se imputan no son más que el ejercicio legítimo del derecho de huelga”, afirmó Gugger a LA NACION. “Va a ser un juicio interesante, porque se van a tratar cuestiones constitucionales y dogmáticas. Hay confusiones entre el alcance del derecho penal y el alcance del derecho sindical y laboral colectivo”, añadió el abogado de Cabaleyro y Espíndola.

Habrá audiencias de lunes a viernes, en un juicio que tendrá siete citas previstas. Arietto pidió que el juicio fuera por jurado popular y con acceso de la prensa, solicitud que fue rechazada. Además de los jefes sindicales, serán juzgados seis trabajadores despedidos de la empresa, a quienes se les imputa el delito de turbación de la propiedad, que llegan en libertad al proceso.