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Sunday, November 22, 2026

El deber moral de la productividad

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Cuando León XIV se fue de la Argentina, dejó tras de sí un legado espiritual de empatía hacia los más necesitados y de unión entre hermanos. Finalizado en encuentro en Luján, cada cual retomó sus menesteres con una sensación de beatitud. Los zapateros, a sus zapatos; los empleados, a sus empleos; los empresarios, a sus empresas, y los políticos, a sus corrillos.

Conforme los preceptos de la doctrina social, el Papa hizo especial hincapié en los más débiles y en quienes no logran encontrar trabajo para sostener a sus familias y educar a sus hijos. No se refirió específicamente a la Argentina, pero sus palabras son válidas aquí, ya que la pobreza todavía asciende al 30% y la mitad del empleo es informal. No sabemos si al Papa le contaron que lo acogió un país muy extraño, dotado de forma excepcional por la naturaleza, pero malversado por dirigentes que lo llevaron a profundas crisis de las que aún no se ha recuperado.

Si su preocupación es la desigualdad extrema, se sorprendería al saber que, durante décadas, mientras crecían las villas, las changas y los comedores, cifras inmensas se desviaban de arcas estatales en sobreprecios de contratos amañados, mediante créditos de bancos estatales o por acceso privilegiado a dólares oficiales. Otras se fugaron con plusvalías de mercados cautivos mientras la dirigencia sindical construía imperios con el manejo de aportes “solidarios” y obras sociales nunca auditadas. La maquinaria de lo público fue deformada en provecho de pocos, conformando una estructura productiva incapaz de competir y de generar recursos para atender las demandas sociales, siempre crecientes. Además de ineficiente, resultó inmoral.

Esa dramática realidad conlleva una dimensión ética, no solo económica: enderezarla tiene por razón incluir a los excluidos, alimentar a los hambrientos, dar techo a los sintecho y honrar los recursos que la naturaleza nos dio, como en la parábola de los talentos. Si como respuesta a los llamados papales el Gobierno quisiera dar más apoyo a quienes lo necesitan, no podría hacerlo, pues no hay moneda, carece de crédito, la presión fiscal es agobiante y, lo más curioso, porque el presupuesto de 2027 es como un hospital de campaña, desbordado de víctimas de emergencias anteriores.

De los 202 billones de peso de gasto total, el 75% ya se destina a gastos sociales. Y de ese total, el 65.5% son jubilaciones y pensiones. En 2011 había 2 millones de jubilados que aumentaron a 6 millones en 2024, de los cuales 4 millones fueron con moratorias por falta de trabajos estables. La ausencia de inversiones hizo caer el empleo registrado, mientras crecieron monotributistas e informales. A su vez, esa caída motivó la Asignación Universal por Hijo en 2009 para más de 4 millones de menores de edad con un gasto anual de $ 9,1 billones. La prestación Alimentar cubre a 3 millones de personas, con un gasto de 3 billones de pesos. De la crisis de 2002 subsisten subsidios a la energía por 3 billones de pesos y al transporte de pasajeros del AMBA por 762.000 millones. Y con tanto gasto corriente, solo quedan 1,3 billones (0.7%) para obras públicas en todo el país.

La sucesión de crisis dejó a nuestro país sin moneda ni crédito, lo cual imposibilita cualquier política para impulsar la actividad en los quejosos conurbanos. No hay noción suficiente del riesgo inflacionario que aún subsiste por las tensiones fiscales irresueltas y que se reflejan en ese “hospital de campaña” de 2027. Solo en materia jubilatoria, el mayor peso del gasto estatal, hay un desequilibrio insostenible de 12 millones de activos a cargo de 8 millones de pasivos. Por debajo subyacen estructuras que deben ser reformadas para hacer productivo el trabajo de los argentinos eliminando el dispendio y alentando la inversión. El mensaje papal -que de regreso a Roma incluyó menciones a su conversación con el presidente Milei sobre la necesidad del respeto por el ser humano y, sobre todo, considerando a los más necesitados- implica asumir, como mandato ético, que solo con mayor productividad habrá empleos provechosos, salarios suficientes, jubilaciones dignas y amparo para los desamparados.

Son pocos los políticos que hacen ese diagnóstico sincero y por eso la desconfianza impide la baja del riesgo país, enfría la demanda de dinero y obtura la expansión del crédito. Se oyen propuestas “superadoras” para crecer luego de tanta motosierra, pero nadie dice las duras verdades que requiere cumplir con el precepto moral de dar a cada uno lo suyo. Aunque esas medias tintas arrimen votantes, inquietan a los inversores y cuanto más sumen en las encuestas más rápido circulará el dinero, más persistente será la inflación y menos empleo darán las empresas.

Hay más de cuatro millones de empleados públicos, de los cuales dos millones y medio son provinciales (en algunas, 90% del gasto público), y medio millón de municipales, además de un millón y medio de pensiones no contributivas (en Santiago del Estero, Formosa y Chaco superan el 30% de la población activa). Las 24 legislaturas locales emplean 1203 miembros y los consejos deliberantes de los 2234 municipios tienen integrantes rentados. Estos, a su vez, imponen tasas inconstitucionales para mantener gastos insostenibles. Los innecesarios directorios de las empresas estatales pagan honorarios que son canonjías para amigos y militantes. Hay un millón de docentes cuya mayoría laboriosa está mancillada por el ausentismo, pues gran parte está cubierta por suplencias que consumen salarios educativos. Y ni que hablar de los asesores y prebendas que rodean esos cargos, más las jubilaciones de privilegio. No habrá productividad con esa carga estatal, con mercados cautivos, industria del juicio, regulaciones estrafalarias y millonarias deducciones a los salarios para sindicatos que los gastan en sobreprecios, falsas prestaciones y retornos a dirigentes sin escrúpulos.

Para colmo, la malhadada reforma constitucional de 1994 introdujo las elecciones cada dos años, la prevalencia de los tratados internacionales con derechos sin financiación, los 72 senadores, la Jefatura de Gobierno redundante, el Consejo de la Magistratura politizado y la disparatada atribución a los jueces de invalidar leyes erga omnes mediante amparos que interponen grupos de interés para congelar los cambios.

Las asociaciones empresarias reclaman por el “costo argentino” que no las deja competir en un contexto de apertura, pero tampoco van al corazón del problema, pues no quieren enfrentarse con los gobernadores y otros dueños del poder que están entre sus asociados. A las reformas modernizadoras se oponen históricos consensos nacionales, sostenidos por dirigentes, legisladores, gobernadores, sindicatos, consejos profesionales y cámaras variadas. Ese entramado de situaciones genera incentivos perversos desde las cúpulas hasta los más humildes trabajadores cuyas labores están ligadas a la suerte de organismos o empresas que serán afectadas por los cambios.

La Argentina no tendrá viabilidad si la dirigencia no asume esa gesta ética como objetivo primordial, dejando de especular con Vaca Muerta, los minerales o el agro para no cambiar nada. Sin esa certidumbre como condición previa, todas las promesas de crecimiento se desvanecerán en el huracán de otra fuga del dinero. Confianza, moneda y prosperidad requieren valores colectivos y no solo alquimias monetarias.

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