Ni un día antes, pero tampoco un día después

Las rebajas de condenas de hace algunas semanas han puesto en el centro de la discusión la pertinencia e idoneidad de contemplar este tipo de mecanismos, en particular respecto de condenados por delitos contra la integridad sexual de menores de edad.
Estas leyes dan cuenta de un consenso sobre el reproche normativo que hemos decidido darle a la protección de la indemnidad sexual de los niños, niñas y adolescentes como un valor esencial, por sobre cualquier incentivo para quien cometió esos delitos. Si la condena es a 10 años de cárcel, esa persona no podrá salir ni un día antes. Pero tampoco podrá salir ni un día después.
Un consenso lamentablemente menos asentado y hoy ausente de la discusión es la importancia de ponderar ese reproche con la reinserción como eje estructurante de este. Si sabemos que una persona una vez cumplida su condena -aunque sea hasta el último de los días- volverá a vivir en la sociedad, ¿no nos convendría que esa persona hubiese trabajado por reinsertarse, rehabilitarse y adquirir herramientas y un oficio?
Y el “hacer conducta”, como se conoce el buen comportamiento en las cárceles, es precisamente uno de esos incentivos para conseguir una salida anticipada.
El proyecto de ley presentado por los senadores Longton, Squella, Araya, Flores y Bianchi, cuyo apoyo anunció el gobierno, tiene por idea matriz la derogación íntegra de la Ley N°19.856 y, con ello, la eliminación absoluta del sistema de reducción del tiempo de condena. Además, incorpora una circunstancia agravante de la responsabilidad penal para quienes, con anterioridad a la derogación de la ley, hayan sido beneficiados con ella y hayan cometido un nuevo delito, sin especificar respecto de qué delitos. De aprobarse, este proyecto borra por completo el incentivo que se comentaba anteriormente, con la consecuencia de obstaculizar todo posible trabajo con las personas privadas de libertad. Pero lo que no cambiará, y conviene repetirlo constantemente, es que todas esas personas saldrán en libertad.
Si bien el proyecto no afecta la libertad condicional, sí limita mecanismos destinados a incentivar la buena conducta y promover la reinserción.
Se debe discutir, por cierto, si la rebaja de condenas procede en todos los supuestos, así como sus criterios y procedimientos de determinación; pero, al igual como ocurre con todas las políticas públicas, la solución no es eliminarla, sino mejorarla.
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