Cambio Climático, el costo social y económico de ignorar la evidencia por ideología
Los fenómenos asociados a El Niño, intensificados por el cambio climático, son una realidad nacional. Ante un inminente sobrepaso del umbral de 1,5 grados de calentamiento, Chile enfrenta lluvias históricas, aluviones y tornados. Sin embargo, hay sectores que presentan la acción climática como un freno al crecimiento y promueven recortes presupuestarios. La evidencia científica y económica muestra lo contrario: nuestras oportunidades de desarrollo están en la transición energética y en infraestructura que permita adaptar los sectores productivos.
Los eventos actuales demuestran los costos de estos impactos: pérdidas de infraestructura, daños a las industrias agroalimentaria y portuaria, presiones inflacionarias y riesgos para la estabilidad bancaria por la pérdida de valor de los activos y las perturbaciones del comercio. A ello se suman la inestabilidad geopolítica y los shocks de precios que afectan a una economía aún dependiente de los combustibles fósiles.
La ciencia advierte hace décadas que el calentamiento intensifica el ciclo hidrológico y los eventos extremos, con efectos sobre la salud aún no dimensionados económicamente. Una lluvia concentrada en horas no resuelve años de déficit hídrico. Creerlo lleva a privilegiar políticas anacrónicas de almacenamiento sobre la eficiencia y la gestión de cuencas, e ignora cómo la expansión urbana, las sequías y los incendios aumentan la vulnerabilidad ante inundaciones y aluviones.
No pasamos de la sequía a la abundancia, sino de un extremo a otro, acumulando daños, deudas y seguros más caros, mientras disminuyen la productividad y la resiliencia. Por eso desconcierta que se insista en convertir el cambio climático en una disputa ideológica. El Banco Central y el Banco Mundial reconocen estos riesgos como amenazas para el desarrollo.
Chile es vulnerable, pero también puede beneficiarse de las soluciones. En 2025, cerca de dos tercios de la generación eléctrica provinieron de fuentes renovables, junto con una expansión de las baterías. Invertir en energía solar, eólica y almacenamiento reduce la dependencia de combustibles importados y la exposición de las familias a las crisis de precios. El transporte público eléctrico disminuye la dependencia del diésel, la contaminación y el ruido.
Estas inversiones deben complementarse con adaptación en puertos, cuencas, viviendas y ciudades. Además, la descarbonización demandará cobre y litio para vehículos, redes y baterías, una oportunidad de inversión, exportaciones e ingresos fiscales.
Bachelet, Piñera y Boric impulsaron avances climáticos y energéticos que consolidaron una política de Estado. Debilitar ese consenso supone desconocer nuestros intereses económicos. La discusión es cómo actuar más rápido y mejor. Un gobierno puede priorizar las emergencias, pero un Estado que renuncia a prevenir queda condenado a reconstruir permanentemente. Las emergencias no desaparecen por ignorar sus causas. Para un país más seguro, competitivo y próspero, debemos anticiparlas.
Por Marcelo Mena, académico PUCV y ex ministro del Medio Ambiente; y Alex Godoy, Académico UDD, Comité Científico en Cambio Climático MinCYT y Coordinador Líder IPCC.
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