Inés Gómez Mont: por qué huyó de México y la razón de su detención en Estados Unidos
Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida, después de permanecer fuera de México desde 2021. En ese tiempo, las autoridades mexicanas la buscaron por distintas investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros. Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su localización fue posible mediante un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.
La conductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, precisó la Fiscalía. Sin embargo, el comunicado no detalló qué autoridad estadounidense realizó el aseguramiento ni si Gómez Mont enfrenta cargos penales en ese país. Tampoco informó si existe una fecha para su traslado a territorio mexicano o si comenzó un procedimiento de extradición.
PUBLICIDAD
Su detención ocurre después de que Interpol cancelara las fichas rojas que mantenía contra ella y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La decisión retiró el mecanismo de búsqueda internacional, pero no anuló las órdenes de aprehensión emitidas en México ni extinguió las investigaciones en su contra.
La salida de Gómez Mont del país ocurrió en 2021, cuando se hizo pública la investigación federal que la relacionaba con una presunta estructura de empresas utilizada para simular operaciones y ocultar el origen de recursos públicos. La FGR había iniciado la carpeta en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
PUBLICIDAD
En un comunicado publicado el 20 de enero de 2022, la dependencia detalló que la indagatoria estaba dirigida contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras seis personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La Fiscalía describió una estructura integrada por tres grupos que, según sus investigaciones, operaban de manera coordinada. El primero habría estado encabezado por Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes presuntamente trabajaban con representantes de distintas personas morales. Un segundo grupo realizaba operaciones bancarias a nombre de esas empresas, mientras que el tercero estaba integrado por servidores públicos que habrían facilitado recursos del erario federal mediante contratos presuntamente ilegales.
PUBLICIDAD
El mecanismo investigado consistía en celebrar contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y utilizar comprobantes fiscales digitales para aparentar operaciones comerciales y servicios que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, no se realizaban.
La FGR sostuvo que las operaciones habrían permitido reducir cargas tributarias, ocultar movimientos financieros y dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita. En su comunicado identificó a Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C” como integrantes del grupo encargado de realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales.
PUBLICIDAD
En la célula de servidores públicos mencionó a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, a quienes señaló por presuntamente facilitar recursos federales mediante la celebración de contratos. La dependencia afirmó que los tres grupos se integraban entre sí para realizar las conductas investigadas.
Uno de los datos centrales del expediente fueron dos contratos relacionados con los Centros Federales de Readaptación Social, cuyo monto conjunto ascendía a 2 mil 950 millones de pesos. La Fiscalía también señaló que una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, habría recibido más de 2 mil 500 millones de pesos.
PUBLICIDAD
La dependencia aclaró en ese mismo comunicado que Gabriel “M”, quien había figurado como accionista de una de las compañías, vendió sus acciones antes del inicio de las operaciones que la Fiscalía consideró delictivas. Por ello, señaló que su caso continuaría bajo investigación.
La FGR informó entonces que había obtenido órdenes de aprehensión contra los principales señalados y que tres personas ya se encontraban recluidas en centros federales de justicia penal. Respecto de quienes habían salido del país, indicó que había solicitado fichas rojas para localizarlos mediante la cooperación internacional.
El 29 de septiembre de 2021, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, Álvarez Puga y otras personas relacionadas con el expediente. Los mandamientos judiciales estaban vinculados con la investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; en el proceso también se señaló el delito de peculado.
PUBLICIDAD
Después de que se conociera la orden de captura, la pareja permaneció fuera de México. La FGR solicitó la intervención de Interpol para localizarlos en otros países y, durante cinco años, ambos estuvieron sujetos a una búsqueda internacional.
En diciembre de 2021, Gómez Mont y Álvarez Puga solicitaron a la Fiscalía un criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones. La petición fue rechazada en enero de 2022. Para entonces, la dependencia ya había informado que tres personas relacionadas con el caso se encontraban detenidas.
El antecedente fiscal de la conductora también forma parte de la trayectoria de sus problemas con las autoridades mexicanas. En 2018 llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cubrir un adeudo de 10.9 millones de pesos por impuestos omitidos. Este asunto debe distinguirse de la carpeta por delincuencia organizada y lavado de dinero iniciada en 2019, así como de la orden por defraudación fiscal equiparada que la FGR relacionó con su aseguramiento en Florida.
PUBLICIDAD
La cancelación de las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo surtió efecto el 25 de septiembre de 2026. La decisión se produjo después de que sus abogados presentaran una solicitud ante la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol para cuestionar que ambos continuaran en los mecanismos internacionales de búsqueda.
Los cuatro argumentos conocidos corresponden a los planteamientos de la defensa y no a una explicación oficial completa de Interpol sobre su resolución. El primero sostuvo que el proceso judicial mexicano tendría una motivación política, lo que, según los abogados, contravendría el artículo 3 de la Constitución de la organización, que le prohíbe intervenir en asuntos de esa naturaleza.
PUBLICIDAD
El segundo argumento señaló que la pareja enfrentaría un riesgo de detención arbitraria si era entregada a México, debido a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. La defensa invocó los cuestionamientos internacionales a esa medida y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su utilización.
El tercer planteamiento se refirió a la exposición pública del caso desde 2021. Los abogados sostuvieron que la difusión de las acusaciones había afectado la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo de sus representados.
El cuarto argumento apuntó a la falta de un recurso judicial efectivo. La defensa señaló que el amparo promovido en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión no había obtenido una resolución de fondo, pese al tiempo transcurrido y a los cambios de juzgado derivados de un conflicto de competencia.
La cancelación de las fichas de búsqueda no significó que Interpol declarara inocentes a Gómez Mont y Álvarez Puga ni que un tribunal mexicano hubiera anulado las órdenes de captura. Se trató de una decisión sobre los mecanismos de búsqueda de la organización internacional, mientras los mandamientos judiciales nacionales continuaron vigentes.
Sobre la cancelación de las fichas rojas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitaría explicaciones, además de insistir en la extradición de la pareja. El aseguramiento de Gómez Mont en Miami ocurrió después de esas gestiones y, según la FGR, fue resultado del intercambio de información con el Gobierno estadounidense.
La razón de la detención es una orden de aprehensión vigente en México por probable defraudación fiscal equiparada. Hasta el cierre de esta nota informativa, la FGR no explicó qué hechos específicos sustentan esa imputación, cuál es el monto presuntamente defraudado ni cómo se relaciona con las otras investigaciones abiertas contra la conductora.
El Código Fiscal de la Federación establece que la defraudación fiscal equiparada recibe las mismas sanciones que la defraudación fiscal. El artículo 108 contempla penas que dependen del monto de las contribuciones presuntamente omitidas: de tres meses a dos años de prisión para el supuesto de menor cuantía; de dos a cinco años para el siguiente rango, y de tres a nueve años cuando el monto supera el límite legal más alto. Si no es posible determinar la cuantía, la pena prevista es de tres meses a seis años.
Esta imputación debe separarse de los delitos relacionados con la investigación de los contratos penitenciarios. En esa causa, Gómez Mont y su esposo fueron señalados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Las penas previstas para esos delitos son distintas y dependen de la conducta que se logre acreditar y de las circunstancias de cada caso.
En octubre de 2025, Infobae México informó que Gómez Mont podría enfrentar hasta 40 años de prisión si era detenida y hallada culpable por los delitos que se le atribuían en México. Esa estimación corresponde al conjunto de acusaciones de la investigación penal, no exclusivamente a la defraudación fiscal equiparada que la FGR mencionó al confirmar su aseguramiento en Florida. La eventual sanción deberá determinarse en un proceso judicial y no implica que las penas se sumen automáticamente.
Por ahora, la Fiscalía mexicana confirmó que Gómez Mont fue aprehendida en Miami por una orden nacional y que el operativo derivó del intercambio de información con Estados Unidos. No ha precisado qué autoridad estadounidense intervino, si existe una acusación penal en ese país ni cuáles serán los pasos para que la conductora comparezca ante la justicia mexicana.
KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.