Fiscalía judicializa a madre y su pareja por presunta tortura a niño de 7 años en Barranquilla, quien habría sufrido graves lesiones

Las dos mujeres fueron capturadas por hechos ocurridos entre 2024 y 2026; Fiscalía pidió cárcel y audiencia para decidir medida fue aplazada.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a dos mujeres señaladas de someter a un niño de 7 años a presuntas agresiones físicas y psicológicas durante un periodo que, de acuerdo con la investigación, se extendió entre 2024 y 2026 en municipios del Atlántico.

Las procesadas fueron identificadas como Mileidys Nohemí Viloria Sanjuanelo, madre del menor, y Sindy Patricia Santiago Echeverría, pareja sentimental de la progenitora. Ambas fueron capturadas mediante órdenes judiciales en Soledad, en un operativo realizado por el CTI, con apoyo de la Policía y el Ejército.

Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía les imputó los delitos de tortura agravada y lesiones personales agravadas. Las dos mujeres no aceptaron los cargos formulados por el ente acusador.

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Una investigación por hechos ocurridos durante dos años

Según la hipótesis presentada por la Fiscalía, las agresiones contra el menor se habrían registrado en diferentes viviendas de los barrios Simón Bolívar, en Barranquilla, y Costa Hermosa, en Soledad.

El ente acusador sostiene que el niño habría sido sometido de manera reiterada a actos de violencia que le provocaron lesiones físicas y afectaciones emocionales.

Uno de los elementos incorporados a la investigación fue el dictamen de Medicina Legal, que estableció una incapacidad médico-legal de 25 días por las lesiones sufridas en el rostro, además de secuelas que, según la Fiscalía, incluyen una deformidad física de carácter permanente.

Durante la diligencia judicial también se expusieron declaraciones atribuidas al menor sobre algunos de los episodios de violencia. De acuerdo con la Fiscalía, el niño habría relatado golpes con distintos objetos y agresiones que le ocasionaron heridas en diferentes partes del cuerpo.

Un familiar del menor manifestó, además, que entre las lesiones habría sufrido la pérdida de parte del labio superior y de varias uñas de las manos, entre otros hechos que son materia de investigación.

El traslado del niño y la pérdida de contacto con su familia

Dentro de la información conocida durante el proceso también apareció el relato de un familiar sobre el traslado del menor desde Cartagena.

Según esta versión, la madre habría llevado al niño desde Cartagena en 2024, cuando este vivía con su padre. Después de ese traslado, sus familiares habrían perdido el contacto con él durante un periodo.

Actualmente, el menor se encuentra bajo el cuidado de su progenitor, de acuerdo con la información expuesta alrededor del proceso judicial.

La Fiscalía sostiene que las agresiones se habrían prolongado durante el tiempo en que el niño permaneció bajo el cuidado de las dos mujeres, hasta que las autoridades conocieron los hechos y avanzaron en la investigación.

Fiscalía pidió que las mujeres vayan a prisión

Durante la audiencia, el representante de la Fiscalía solicitó al juez de control de garantías imponer una medida de aseguramiento en un centro carcelario.

El argumento del ente acusador estuvo relacionado principalmente con la necesidad de proteger al menor y evitar nuevos acercamientos que pudieran ponerlo en riesgo. La Fiscalía también sostuvo que una medida restrictiva permitiría reducir el peligro para la víctima mientras avanza el proceso.

La diligencia, sin embargo, no terminó con una decisión definitiva sobre la medida de aseguramiento.

La defensa solicitó que la audiencia fuera suspendida para poder acceder a la totalidad de los elementos materiales probatorios, entre ellos información relacionada con la historia clínica del niño, y preparar la estrategia jurídica de las procesadas. El juez aceptó la solicitud y aplazó la decisión.

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El 5 de octubre se definirá la medida

La continuación de la audiencia quedó programada para el 5 de octubre de 2026, a las 4:00 de la tarde. En esa diligencia el juez deberá analizar nuevamente la petición de la Fiscalía y determinar si impone una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

Mientras esa decisión se produce, las dos mujeres conservan su derecho a la defensa y la presunción de inocencia, pues la judicialización y la imputación de cargos no constituyen una sentencia de responsabilidad penal.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades deberán establecer, dentro del proceso, las circunstancias en las que se produjeron las lesiones y la eventual responsabilidad individual de las dos procesadas.

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