Investigaciones por pérdidas de fondos D y E

Las abultadas pérdidas acumuladas por los fondos D y E de las AFP entre enero y septiembre de este año -6,38% y 10,39%, respectivamente- han desatado una ola de críticas en contra de las administradoras, ofensiva que ha sido tanto en el terreno político como judicial. Por de pronto, en la Cámara de Diputados ya se juntan firmas para la constitución de una comisión investigadora, mientras que parlamentarios del PC han anunciado la presentación de un proyecto de ley para compensar a los afiliados afectados. A su vez, tanto afiliados como parlamentarios están iniciando acciones judiciales para que la justicia indague si se está frente a un caso de administración desleal. Por el lado de la Superintendencia de Pensiones, esta anunció la apertura de un procedimiento sancionatorio para establecer si en el caso de las siete AFP habrían incumplido o no el deber de lealtad y diligencia establecido.

No cabe duda de que estamos frente a una situación preocupante, pues parte considerable de estas pérdidas se debe a la elevada exposición a derivados que las administradoras tomaron en el último tiempo, en particular a través de swaps de tasas de interés en EE.UU., incrementando fuertemente en nivel de riesgo de los fondos más conservadores. Ello fue advertido oportunamente, tanto por el Banco Central como por el propio regulador. Y aunque a largo plazo estas caídas podrían ser revertidas -en el caso del fondo E, entre enero y septiembre se han evaporado más de US$ 7 mil millones-, es un hecho que para todos aquellos afiliados que estaban en dichos fondos con el fin de pensionarse próximamente, el daño es concreto.

Ciertamente es muy relevante escrutar pormenorizadamente las circunstancias que llevaron a esta debacle, y determinar hasta dónde se extienden las responsabilidades que puedan ser atribuidas a las AFP. Ese legítimo interés, sin embargo, no puede prestarse para una cacería de brujas -como parece estar sucediendo en el caso del mundo político- ni menos dar paso a actuaciones populistas, como por ejemplo pretender de antemano establecer compensaciones cuando recién se han iniciado las investigaciones del caso. Es fundamental dejar que las instituciones a cargo puedan llevar a cabo sus indagatorias de manera imparcial y sin presiones de ninguna clase, lo que obliga a que las autoridades también sean muy prudentes en sus declaraciones y no den pie a conjeturas o a la posibilidad de predisponer a la opinión pública. En tal sentido, las declaraciones del ministro de Hacienda respecto de las posibles responsabilidades que quepan a los directorios de las AFP -“cuando un director sea sancionado, si es que llega a ser sancionado, va a tener que responder con su propio dinero”- no ayudan a templar el ambiente.

Cabe no perder de vista que las AFP, a diferencia de otras industrias, constituyen un sector altamente regulado, donde su margen de acción es acotado. Por ello, sin perjuicio de las responsabilidades que a estas les puedan caber, también será necesario despejar el rol que jugó el propio regulador, el cual aparentemente actuó en forma tardía. Por todo ello es fundamental esperar las conclusiones de la investigación y tener a la vista todos los antecedentes del caso antes de dar por sentados una serie de hechos.