Barranquilla no logra asumir la gestión catastral de terrenos en disputa con Puerto Colombia: esto dice el fallo
El Tribunal Administrativo del Atlántico ordenó medidas sobre la información catastral. Sigue el conflicto territorial por el Corredor Universitario.
Puerto Colombia es un municipio del área metropolitana de Barranquilla. Foto: Alcaldía Puerto Colombia

PERIODISTAActualizado:
La disputa territorial entre Barranquilla y Puerto Colombia por el Corredor Universitario sumó un nuevo capítulo judicial. El Tribunal Administrativo del Atlántico profirió una sentencia de primera instancia que, según la Alcaldía de Puerto Colombia, impide que el Distrito de Barranquilla asuma la gestión catastral de los predios ubicados en las zonas cuya jurisdicción continúa en discusión.
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La decisión, notificada este martes 10 de noviembre, se produjo dentro de una acción popular promovida por Barranquilla contra el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC).
El proceso está relacionado con una controversia que involucra sectores como Villa Campestre y Ciudad Mallorquín, además de una extensa zona de desarrollo residencial, educativo y comercial denominada 'Corredor Universitario'.
¿Qué ordenó el Tribunal?
De acuerdo con el comunicado de la Alcaldía de Puerto Colombia, el Tribunal no autorizó el traslado de la gestión catastral al Distrito de Barranquilla ni acogió la delimitación territorial defendida por esa administración.
En cambio, ordenó al IGAC publicar una representación cartográfica neutral que incluya las posiciones de ambas entidades territoriales, consignadas en el acta del 20 de noviembre de 2025, con la advertencia expresa de que se trata de un límite dudoso.
El Corredor Universitario es la zona que está en disputa entre Puerto Colombia y Barranquilla. Foto:archivo Vanexa Romero/ El Tiempo
La providencia también contempla la entrega de una copia de la base catastral por parte del Área Metropolitana de Barranquilla al Distrito, exclusivamente para realizar un diagnóstico y facilitar el intercambio técnico de información.
Según la interpretación jurídica de Puerto Colombia, esta disposición no permite modificar las inscripciones de los predios, transferir jurisdicción ni entregar información sobre el recaudo tributario municipal.
El Tribunal también ordenó elaborar un diagnóstico conjunto para identificar posibles casos de doble inscripción, superposición o inconsistencias entre la información catastral y registral.
La administración porteña recordó que existe una medida judicial del 14 de noviembre de 2025, expedida por el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, que ordenó al Área Metropolitana abstenerse de modificar la gestión catastral de los terrenos en controversia mientras se resuelve el deslinde.
Una disputa por más de 1.400 hectáreas
El conflicto comprende aproximadamente 1.402 hectáreas de alto valor urbanístico y económico. En esta franja se encuentran universidades, colegios, clínicas, centros comerciales y conjuntos residenciales, cuyos impuestos representan una fuente importante de ingresos para las administraciones territoriales.
Aspecto general del Corredor Universitario Foto:archivo Vanexa Romero/ El Tiempo
Uno de los antecedentes centrales fue la Ordenanza 075 de 2009, mediante la cual la Asamblea del Atlántico estableció una delimitación favorable a Puerto Colombia. La disposición fue anulada por la jurisdicción contencioso-administrativa, lo que reabrió la discusión sobre la pertenencia de estos terrenos.
En 2025, el IGAC adelantó el procedimiento de deslinde y posteriormente elaboró un informe técnico que propuso incorporar a Barranquilla unas 1.036 hectáreas, incluyendo buena parte del Corredor Universitario y Villa Campestre.
El alcalde Alejandro Char celebró esa propuesta en septiembre y sostuvo que Barranquilla recuperaba territorios que históricamente le habían pertenecido. Por su parte, la administración de Plinio Cedeño ha insistido en que ninguna de esas actuaciones constituye una delimitación definitiva.
El Congreso tiene la última palabra
El expediente técnico del IGAC fue remitido al Congreso el 18 de agosto de 2026. Según la Ley 1447 de 2011, si transcurre un año sin una decisión legislativa, la propuesta técnica podría adquirir carácter de límite provisional, circunstancia que se produciría en agosto de 2027.
Entretanto, la Alcaldía de Puerto Colombia anunció que su equipo jurídico estudia la sentencia para determinar si interpone recursos contra algunas de sus disposiciones.
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Así, mientras Barranquilla obtiene acceso a información catastral de los terrenos reclamados, Puerto Colombia conserva, por ahora, las competencias de gestión que no fueron modificadas por el fallo. La controversia territorial permanece abierta y su resolución definitiva continúa en manos del Congreso.
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