El fracaso de la persecución judicial como arma política

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Claudio Orrego es, desde hace más de dos años, el gobernador de la Región Metropolitana electo por millones de ciudadanos de la capital. Durante ese período ha debido enfrentar una ofensiva judicial sostenida, impulsada por sectores del Partido Republicano y de la UDI, que buscó comprometerlo penal y electoralmente por su vínculo con la fundación ProCultura, dirigida por Alberto Larraín. El desenlace, ya conocido, merece una reflexión que trasciende el caso puntual.

El 2 de junio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó el sobreseimiento definitivo del gobernador en la causa penal por fraude al Fisco. Antes, la Corte de Apelaciones de Santiago había rechazado por unanimidad la solicitud de desafuero impulsada por la Fiscalía de Antofagasta. El Servicio Electoral archivó, por los mismos hechos, la investigación que llevaba en sede administrativa. Y hace pocos días, el Tribunal Calificador de Elecciones —última instancia disponible, sin posibilidad de apelación— desestimó por tres votos contra dos el requerimiento de destitución presentado por consejeros regionales de Chile Vamos y del Partido Republicano. En total, siete acciones judiciales y administrativas distintas, todas desechadas.

La secuencia no es menor. No estamos ante una absolución dudosa o un tecnicismo procesal: es la coincidencia sucesiva de un tribunal penal, una corte de apelaciones, un servicio electoral y el máximo tribunal calificador de elecciones del país, todos revisando la misma matriz de hechos y todos concluyendo que no existe mérito para sancionar al gobernador. Cuando la unanimidad de criterio se repite en instancias tan distintas entre sí, la hipótesis de la simple casualidad se debilita considerablemente.

Lo anterior no significa que las dudas originales carecieran de todo fundamento fáctico —hubo irregularidades reales en la gestión de ProCultura, y Alberto Larraín enfrenta su propio proceso—. El punto es distinto: la responsabilidad penal y política es personal, y la justicia, en cada una de sus instancias, estableció que esa responsabilidad no alcanzaba al gobernador. Entre la existencia de un ilícito cometido por terceros y la participación punible de una autoridad hay una distancia que la fiscalía y los tribunales están para verificar, no para presumir.

Aquí aparece el fenómeno que me interesa subrayar, porque no es exclusivo de este caso ni de este sector político: la tentación, cada vez más frecuente en Chile, de trasladar la disputa electoral al terreno judicial cuando no se cuenta con los votos para ganarla en las urnas. Es una técnica que conocemos bien quienes hemos observado la política chilena de las últimas décadas, y que tiene una lógica perversa: basta con instalar la sospecha, activar querellas y esperar que la sola tramitación —con su desgaste mediático, sus filtraciones y sus titulares— haga el trabajo que la competencia democrática no logró. La verdad judicial, mientras tanto, puede tardar años en establecerse, y para entonces el daño reputacional ya está hecho, con independencia del resultado final.

Ese riesgo se agrava cuando, en las primeras etapas de una investigación, ciertos fiscales muestran una inclinación a la exposición pública antes que a la prudencia que exige el debido proceso. La instrucción penal no debería convertirse en plataforma de proyección personal ni en insumo de la contienda política, y cuando eso ocurre, el costo no lo paga solo el imputado que resulta sobreseído: lo paga la credibilidad de la propia institucionalidad persecutora, que se desgasta para los casos donde sí existe mérito.

Conviene decirlo con la misma claridad con que se debe reprochar cualquier eventual mal uso de recursos públicos: fiscalizar a las autoridades regionales, exigir rendición de cuentas y judicializar cuando hay indicios serios de delito es no solo legítimo, sino necesario en una democracia sana. Lo que no es legítimo es instrumentalizar ese mecanismo siete veces distintas, en sedes distintas, cuando la evidencia —revisada una y otra vez por jueces independientes— no sostiene la acusación.

Orrego termina este ciclo con su honorabilidad judicialmente resguardada y su mandato intacto. Pero el episodio deja una lección que excede su caso: en una democracia que aspira a competir por ideas y proyectos, procrastinar la verdad para urdir una persecución judicial inconsistente es, además de un fracaso estratégico para quien la promueve, un daño que erosiona la confianza pública en la justicia misma. Ese es el costo que deberíamos estar dispuestos a discutir, más allá de quién gane o pierda la próxima batalla política.

Por Jorge Burgos, abogado

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