Legisladores del PAN exigen “descongelar” las iniciativas contra la desaparición forzada que se encuentran en el Senado
Diputados federales y locales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al gobierno federal que tome acciones contundentes contra el delito de desaparición forzada en el país.
El llamado de los legisladores del blanquiazul se dio después de que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) alertó sobre los graves riesgos que enfrentan las mujeres buscadoras en México.
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Ante esta situación, la diputada federal del PAN, Genoveva Huerta, reveló que existen al menos 10 iniciativas de ley “atoradas” en el Senado de la República, proyectos que fueron diseñados para tipificar el delito de reclutamiento infantil.
La legisladora también criticó los anuncios del gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, sobre que los homicidios dolosos van a la baja, “un dato absolutamente incongruente e inexacto” frente al incremento de las desapariciones forzadas.
También alertó que el problema se agrava al involucrar a los menores de edad.
“La infancia en México enfrenta su peor crisis de vulnerabilidad. Cifras oficiales y de organizaciones civiles revelan una realidad escalofriante: 120 niñas y niños son reclutados cada día por las filas del crimen organizado en nuestro país”, dijo Huerta.
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Genoveva Huerta expuso que los menores de edad están expuestos a explotación y violencia extrema. Sin dejar de lado que, en muchas ocasiones, son utilizados como halcones de las organizaciones delictivas.
“El crimen los está convirtiendo en escudos y herramientas, arrebatándoles el futuro ante la mirada inerte del Estado”, enfatizó.
Por las razones antes mencionadas, la diputada urgió a implementar castigos contra reclutadores y crear protocolos de protección y prevención.
“Hacemos un llamado directo e impostergable a la mayoría de Morena en el Senado: la niñez no puede estar sujeta a cálculos ni a tiempos políticos”, afirmó en un comunicado.
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Por su parte, Héctor Barrera, secretario general del PAN CDMX y exdiputado federal del mismo partido, afirmó que el secuestro y el reclutamiento de jóvenes por la delincuencia organizada ha caracterizado a la Cuarta Transformación, a la que acusó de intentar normalizar e invisibilizar dicha problemática.
Añadió que muchos terminan en homicidios, por lo que exhortó a “apelar a que la autoridad y las instituciones de seguridad erradiquen el delito de desaparición forzada”.
Asimismo, América Rangel Lorenzana, diputada del PAN por la alcaldía Miguel Hidalgo, precisó que aprobar las iniciativas en materia de desaparición forzada es una obligación constitucional con las familias mexicanas, al tiempo que la desaparición de la niñez debe ser la máxima prioridad nacional.
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“Lo dice también la ONU, ese organismo internacional que no quiere Morena”, subrayó.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortó el pasado 30 de septiembre al Estado mexicano a cumplir con sus obligaciones internacionales de proteger a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas. Advirtió que este grupo enfrenta violencia letal y, con frecuencia, es víctima de desaparición forzada.
Desde Ginebra, los expertos de la ONU-DH señalaron que los esfuerzos internacionales han permitido reconocer y honrar la labor de las buscadoras. Sin embargo, en México, siguen enfrentando niveles “alarmantes” de violencia que, en los casos más graves, derivan en su propia desaparición o asesinato.
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“La situación adquiere especial gravedad porque las mujeres no sólo enfrentan la incertidumbre y el dolor provocado por la desaparición de sus familiares, sino también riesgos directamente relacionados con su actividad como buscadoras”, reza un documento compartido por la ONU-DH.
El Gobierno de México negó la existencia de un patrón estatal o recurrente de desaparición forzada contra personas buscadoras. La respuesta llegó luego de un comunicado emitido el 30 de septiembre por cuatro expertos de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.
La Secretaría de Gobernación (Segob) sostuvo que cada caso se atiende con la debida diligencia. Autoridades de alto nivel, agregó la dependencia, han dialogado directamente con familias buscadoras y con las organizaciones que las acompañan.
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El posicionamiento oficial se dio después de que los expertos de la ONU documentaron una serie de agresiones ocurridas en Sinaloa en un lapso de 72 horas, entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026. Entre los hechos documentados están la desaparición de una defensora, el ataque a una activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.
En el mismo documento, la Segob insistió en que la atención al problema de la desaparición y no localización de personas “constituye una de las más altas prioridades nacionales”.
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Además, afirmó mantener “plena disposición al diálogo con los mecanismos internacionales de derechos humanos” para compartir información sobre los avances alcanzados.
El documento señaló, además, que la búsqueda de personas es “una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, la cual el Estado asume plenamente.
México cuenta, según el comunicado, con un marco jurídico e institucional específico para prevenir, proteger, investigar, sancionar y reparar a las víctimas de este delito. Ese marco incluye la protección a personas defensoras de derechos humanos.
Dado que es un tema altamente delicado y del que el gobierno federal poco ha querido avanzar, un grupo de legisladores del PAN exigieron que se descongelen las iniciativas contra la desaparición forzada que se encuentran en el Senado.
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