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Saturday, October 10, 2026

El recluso Eduardo Romero Prieto muere tras complicaciones de salud y sus familiares aseguran que hubo negligencia

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La negligencia o negación de atención médica representó el 69.6 % de las muertes bajo custodia registradas en las penitenciarías./ (Imagen Ilustrativa Infobae)

El joven cubano Eduardo Romero Prieto, de 25 años, falleció el martes alrededor de las 3:00 en el Hospital de Colón, en Matanzas, tras complicaciones de salud que sus familiares vinculan con una atención médica tardía durante su reclusión en la prisión de Canaleta.

La denuncia fue difundida por el usuario de redes sociales Christian Arbolaez y recogida por el medio ADN Cuba.

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Entre febrero de 2024 y junio de 2026 se documentaron 115 fallecimientos bajo custodia estatal en establecimientos penitenciarios de Cuba. Al menos 80 casos, equivalentes al 69.6 %, estuvieron relacionados con negligencia o negación de atención médica, de acuerdo con un informe especial de Cubalex.

Romero Prieto permaneció aproximadamente un año y tres meses detenido en Canaleta. Era natural de Cárdenas, el menor de tres hermanos e integrante de una familia conocida en esa localidad como “Los Pepinos”.

Sus allegados aseguraron que comenzó a sufrir dolores intensos y una inflamación visible mientras estaba preso, pero no fue trasladado a tiempo a un centro hospitalario. Más tarde fue ingresado en el Hospital de Colón, donde las personas recluidas reciben atención en una sala pequeña conocida como “Sala O”.

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La desnutrición grave y la tuberculosis provocaron decenas de muertes en los establecimientos penitenciarios cubanos bajo la dictadura de Miguel Díaz Canel. /(REUTERS/Norlys Perez)
La desnutrición grave y la tuberculosis provocaron decenas de muertes en los establecimientos penitenciarios cubanos bajo la dictadura de Miguel Díaz Canel. /(REUTERS/Norlys Perez)

La familia sostuvo que una hernia se habría reventado y que su estado se agravó hasta derivar en una sepsis generalizada. También denunció que a su madre no le permitieron verlo durante la hospitalización.

Los familiares afirmaron además que, durante el encarcelamiento, no se había comprobado el delito por el que estaba detenido. Cuando buscaban información sobre el proceso, la Policía de Cárdenas les indicaba que el caso correspondía al Tribunal, mientras que el Tribunal los remitía nuevamente a la Policía.

La familia atribuyó la muerte a una combinación de negligencia médica e indefensión jurídica. Hasta el momento de la publicación, no se conocía una versión oficial de las autoridades penitenciarias o sanitarias.

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Cubalex registró 19 muertes bajo custodia estatal asociadas con falta de atención médica o atención negligente hasta agosto de 2026. De ese total, 17 correspondían a personas privadas de libertad en ocho prisiones del país.

Ilustración en acuarela de un hombre con heridas sentado en una celda con barrotes, parche de la bandera de Cuba y cartel en la pared.
La provincia de Matanzas contabilizó cinco muertes bajo custodia estatal durante el período analizado en la investigación. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

El penal El Típico, en Las Tunas, concentraba cuatro de esos casos. Le seguían el Combinado del Este y Boniato, con tres muertes documentadas en cada establecimiento.

En su reporte mensual de agosto, publicado en septiembre, la organización de derechos humanos registró cinco nuevas muertes bajo custodia durante ese mes, dentro de un total de 280 eventos represivos en Cuba. La entidad señaló que las muertes vinculadas con la falta de atención médica reflejan un incumplimiento del deber estatal de proteger la vida y la integridad de las personas bajo su responsabilidad.

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Además de los fallecimientos asociados a la falta de atención médica, el informe especial atribuyó 21 muertes a desnutrición grave o inanición y otras 12 a tuberculosis. Matanzas figuraba entre las provincias con casos documentados, con cinco muertes bajo custodia durante el período analizado.

Cubalex advirtió que las cifras disponibles representan un subregistro por la ausencia de estadísticas oficiales, las restricciones para acceder a información pública y las dificultades de las familias para presentar denuncias. En su informe sobre el primer semestre de 2026, la organización pidió investigaciones independientes, imparciales y efectivas para determinar las circunstancias de cada muerte y las posibles responsabilidades.

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