Nueva reforma de seguridad permitiría a Presidente de la República decretar estado de excepción ante amenazas a la seguridad

Solo pinceladas finales le quedan a la nueva reforma constitucional de Seguridad, que está siendo trabajada por los senadores Andrés Longton (RN), Arturo Squella (republicano) y Pedro Araya (PPD).

La iniciativa, que surgió como plan alternativo a la propuesta de cambio a la Carta Fundamental que había redactado el Presidente José Antonio Kast, y que fue firmada por los ministros Claudio Alvarado, Martín Arrau, José García y Fernando Barros, sería presentada a más tardar el miércoles.

Sin embargo, ese proyecto inicial no solo generó reparos profundos de la oposición, sino que también recibió críticas del oficialismo y del mundo político, al punto de que varios ministros estaban dispuestos a sacrificarlo como una suerte de ofrenda para dar espacio a un nuevo texto de apoyo más transversal.

La “neorreforma” consta de tres ejes: crimen organizado, segregación carcelaria y ajustes al estado de excepción de emergencia.

Si bien el último punto era uno de los más conflictivos de la propuesta inicial del Ejecutivo, ahora no se considera crear un nuevo estado de excepción, sino simplemente reforzar y regular lo que ya existe en la Constitución y que ya se aplica desde hace años en La Araucanía y el Biobío.

No se tocan los plazos de renovación cada 30 días. Tampoco se amplían medidas intrusivas como la interceptación de comunicaciones, ni restricciones de garantías individuales como detenciones o expropiaciones.

Una de las únicas diferencias, según expresó el senador Araya, es que, a diferencia de los actuales regímenes de excepción, que se decretan ante hechos consumados, ahora el Presidente podría invocar un estado especial “cuando exista una amenaza grave a la Seguridad Pública”.

Se trataría de un decreto que podría ser usado de modo preventivo.

Por ejemplo, ante una alerta del Sistema de Inteligencia o por información que entregue la policía o el Ministerio Público en una investigación penal de que en una comuna “una banda narco pretende tomar el control territorial de ese sector y las fuerzas policiales están sobrepasadas, frente a esa amenaza el Presidente podría decretar el estado de excepción de emergencia”, explica el senador PPD.

Como compensación, el Congreso adquirirá más potestades. Cada 15 días el gobierno tendrá el deber de informar sobre el avance del régimen, que solo puede suspender ciertos derechos personales, como los de locomoción y reunión. Además se otorga a los parlamentarios la facultad de acordar, por mayoría, la revocación del estado de excepción. Hoy los legisladores solo pueden expresar su oposición en cada renovación mensual.

Crimen organizado y segregación

En materia de crimen organizado, la nueva reforma equipara ese delito al de terrorismo y lo declara contrario a las bases de la institucionalidad, a la convivencia democrática y a los derechos humanos.

La idea es que los condenados por crimen organizado reciban las mismas restricciones que tienen los sentenciados por conductas terroristas a la hora de poder solicitar un indulto y las mismas inhabilidades para postular a cargos de elección popular.

En materia de segregación carcelaria, el objetivo es elevar a rango constitucional las facultades de Gendarmería, contempladas en su reglamento interno, para separar a la población penal. Este ha sido un problema, pues los tribunales han revertido redistribuciones y relocalizaciones de reos de alta peligrosidad.

“Creo que llegó la hora de terminar esta pelea que hay al interior de la centroizquierda. Llamo a todos los senadores y senadoras de la centroizquierda a leer el proyecto y a votarlo en su mérito. Este proyecto está muy lejos de ser lo que era el pésimo proyecto que ingresó el gobierno. Es un proyecto que es bastante más centrado”, dijo Araya en una entrevista a La Tercera, donde calificó a la nueva propuesta como minimalista.

Quiebre opositor

Esta “neorreforma”, por mandato del ministro Arrau y del Presidente José Antonio Kast, comenzó a ser elaborada por los senadores Longton y Squella, en su calidad de representantes del oficialismo en la Comisión de Constitución del Senado. La idea era sumar a los otros miembros de la instancia. Sin embargo, solo el presidente de la comisión, el senador Araya, decidió involucrarse en la redacción del nuevo texto.

Las senadoras Paulina Vodanovic (PS) y Claudia Pascual (PC), si bien fueron mantenidas informadas a través de WhatsApp y participaron de algunas conversaciones, decidieron restarse.

La Moneda, por su parte, informó el lunes pasado a los miembros de la comisión a través del ministro de Justicia, Fernando Rabat —quien fue mandatado para tal efecto en una reunión del Comité de Seguridad encabezada por el Presidente Kast—, que el Ejecutivo estaba dispuesto a retirar la antigua reforma a cambio de la presentación de este texto alternativo.

Aunque el ministro Alvarado puso en suspenso aquella decisión, comunicada públicamente por los mismos senadores, Kast ratificó la decisión en la cita con los presidentes de las comisiones de Seguridad y Constitución de la Cámara y el Senado, en un desayuno realizado el miércoles en el Palacio Presidencial de Cerro Castillo.

La presencia de Araya en ese encuentro molestó a sus pares del comité de Socialismo Democrático, cuyas jefaturas señalaron que el legislador PPD no los representaba y, por lo tanto, no serían parte de un acuerdo con el gobierno para una nueva reforma de seguridad.