Intervienen la Universidad Nacional de Ucayali por presunta corrupción y detienen a cuatro personas: rector permanece no habido
La Universidad Nacional de Ucayali (UNU) fue intervenida por la Policía Nacional y el Ministerio Público como parte de una investigación por presuntos actos de corrupción vinculados con contrataciones públicas. El operativo permitió detener a cuatro personas y ejecutar allanamientos en ocho inmuebles relacionados con el caso.
La pesquisa fiscal apunta a un supuesto esquema de direccionamiento y fraccionamiento de contrataciones por más de S/4 millones. Entre los hechos bajo investigación figura un proyecto cuyo valor inicial fue establecido en S/4 millones 107.799,95, además de presuntas irregularidades relacionadas con el uso de viáticos para comisiones de servicio en el extranjero.
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El despliegue policial se realizó bajo el nombre de “Los Saqueadores de la UNU” y contó con agentes de la Dirección contra la Corrupción de la Policía Nacional, personal de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior y representantes de la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ucayali.
El rector de la universidad, Edgardo Leoncio Braúl Gomero, figura en la hipótesis fiscal como presunto líder de la organización investigada. Durante el operativo no pudo ser ubicado y permanece como no habido, mientras las autoridades realizan diligencias para determinar su ubicación y esclarecer la participación de los investigados.
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La intervención permitió detener a Gustavo Adolfo Igreda Vadillo, director general de Administración de la UNU; Jhon Uldarico Meza Martel, director de la Oficina de Infraestructura; José Manuel Aquino Lara, jefe de la Unidad de Abastecimiento; y Andrés Marchand Ramos, empresario investigado en el caso.
Marchand Ramos fue intervenido en el aeropuerto de Pucallpa cerca de las 7 de la noche. Según la información expuesta por las autoridades, el empresario contaba con un pasaje para viajar a Lima, situación que llevó a la Policía a adelantar parte del operativo.
Los agentes también realizaron allanamientos en ocho inmuebles vinculados con la investigación. Entre los lugares intervenidos se encuentra un inmueble relacionado con el rector de la universidad, donde se buscó documentación y otros elementos que puedan aportar información sobre las presuntas irregularidades.
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Uno de los principales puntos de la investigación corresponde a un proyecto valorizado inicialmente en S/4 millones 107.799,95. De acuerdo con la hipótesis fiscal, su ejecución estuvo vinculada con contrataciones que se habrían dividido para favorecer a determinados proveedores.
La Fiscalía investiga los presuntos delitos de organización criminal, colusión agravada y otros ilícitos. Las pesquisas buscan establecer si funcionarios y particulares coordinaron desde distintas áreas administrativas de la universidad para beneficiar a determinados proveedores mediante los procesos de contratación.
El caso también comprende el presunto otorgamiento y uso irregular de viáticos destinados al rector y a trabajadores de la UNU para supuestas comisiones de servicio fuera del país. La investigación busca determinar si esas actividades realmente se realizaron y cuál fue el destino de los recursos entregados.
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Edgardo Braúl Gomero no fue encontrado durante la ejecución de la orden judicial. La Policía inició acciones para determinar cómo el rector pudo conocer previamente detalles del operativo y salir del alcance de los agentes.
El jefe de la Divico-Dircocor, coronel PNP José Santillán, señaló que existe una línea de investigación sobre una posible filtración de información. “Existe la posibilidad y eso lo vamos a investigar caiga quien caiga, señores. Si sea miembro de cualquier institución, vamos a hacer que caiga todo el peso de la ley”, declaró durante una rueda de prensa.
Santillán explicó que los equipos policiales desplazados desde Lima modificaron el momento de ejecución debido a información de inteligencia sobre el movimiento de los objetivos. “Entonces, tuvimos que adelantar nuestro trabajo. Por eso es que no ha sido un operativo como siempre lo hacemos”, indicó.
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La Policía también incautó un teléfono celular de Marchand Ramos y realizó un allanamiento en el inmueble de la esposa del rector. Según Santillán, estos elementos serán incorporados a las diligencias destinadas a determinar si existió una filtración desde alguna de las instituciones involucradas en el proceso.
La Fiscalía y la Policía mantienen abierta la investigación para establecer el nivel de participación de cada persona comprendida en el caso. El expediente incluye tanto a funcionarios de áreas administrativas de la universidad como a particulares vinculados con las contrataciones bajo investigación.
Las diligencias también buscan determinar la eventual responsabilidad de quienes participaron en los procesos cuestionados y esclarecer el destino de los recursos relacionados con las operaciones examinadas.
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El operativo se desarrolló mientras la Universidad Nacional de Ucayali atraviesa una crisis institucional vinculada con una huelga que, según la información proporcionada, se extendió por más de cien días. Durante ese periodo se registraron manifestaciones estudiantiles y la toma de las instalaciones universitarias.
En ese contexto, la Policía también mantiene bajo investigación el incendio de tres vehículos de la universidad. Las cámaras de seguridad registraron a personas encapuchadas que habrían utilizado combustible para provocar el fuego. Este hecho forma parte de otra línea de investigación de las autoridades.
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