El perdonazo del alcalde Alessandri al encargado de integridad del gobierno que fue sancionado por faltas administrativas

Durante varios meses, en Lo Barnechea se llevó adelante un delicado sumario administrativo que causó gran revuelo en la primera línea de directivos del municipio que dirige el alcalde Felipe Alessandri (RN).

Todo partió por una instrucción directa de Alessandri, quien, al asumir la alcaldía, se dio cuenta de un grave problema administrativo: el descontrol en el límite de gasto de personal a contrata.

Por eso el jefe comunal, el 15 de enero de 2025, envió un correo a la Dirección Jurídica y a la Dirección de Control Interno ordenando instruir un sumario administrativo por el límite legal del gasto en contrata, el que, según la información que recibió luego de su desembarco en el municipio, estaría sobrepasado. Su solicitud implicaba indagar quién visó dichas contrataciones y si se alertó sobre el tema en su momento.

La información que tuvo a la vista Alessandri apuntaba directamente a la administración de su antecesor, el exalcalde Cristóbal Lira.

El escenario no se veía bien. Según las revisiones realizadas, Lo Barnechea, siendo una de las comunas más ricas de Chile, no respetó el límite legal y gastó más plata contratando funcionarios a contrata. Los años conflictivos fueron 2023 y 2024, justo el periodo final de Lira.

En 2023, por ejemplo, el gasto en contrata llegó casi al 56%, y en 2024, sobrepasó el 74%. Además, el equipo municipal estaba al tanto de indicios de posible vulneración de actos administrativos internos, ya que, según fuentes del municipio, se sospechaba que el director de Administración y Finanzas, Omar Oyarzún, habría emitido certificados que indicaban que el gasto se mantenía bajo el 40%, el permitido legalmente.

Debido a que el sumario tocó a varias jefaturas, en total fueron cuatro fiscales los que llevaron la indagatoria dado que varios de ellos se fueron inhabilitando. Todo el proceso finalmente lo llevó el director de Seguridad Pública, Pedro Guerra.

El caso de Guazzini

En total se sumarió a ocho personas. Las principales responsabilidades, según fuentes municipales, apuntaron a Oyarzún y la directora de Personas, Lía Riquelme.

Pero además entre los sumariados hubo otro nombre que adquirió relevancia debido a que renunció a la municipalidad para asumir en marzo como secretario ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial para la Integridad Pública y Transparencia.

Se trata del abogado Carlos Guazzini, quien previamente, entre otras labores, había sido subdirector del Departamento de Extranjería en tiempos de Álvaro Bellolio -actual asesor en el Segundo Piso- y anteriormente fue jefe jurídico en las Contralorías Regionales de Antofagasta y Valparaíso.

Fuentes que supieron del sumario reprochan la manera en como Guerra llevó adelante la indagación, sobre todo por el hecho de incluir tantos sumariados cuando en realidad la indagación debió centrarse en Oyarzún y un par más. Las mismas fuentes cuentan que respecto de los otros involucrados, se trataría de funcionarios que -por la descripción del cargo- no tenían responsabilidad directa en el tema de las contratas.

Pese a eso, y a algunas presiones internas, Guerra siguió con su indagatoria y formuló cargos contra los ocho sumariados. Eso incluyó a Guazzini, a quien se le notificó de su cargo en enero de este año.

Fuentes municipales que supieron de dicha formulación de cargos comentan que el fiscal le reprochó haber “incumplido gravemente” con sus obligaciones al “no representar la improcedencia” del traspaso de honorarios por programas comunitarios a la contrata y la superación del límite legal.

Eso implicó haber dado su visto bueno y no ejercer su control preventivo sobre la legalidad de los actos administrativos sobre este tema. En definitiva, el fiscal no le perdonó que siendo el encargado de vigilar la legalidad de los actos municipales, no advirtiera ninguno de los incumplimientos durante los dos años en que el gasto en contrata superó el límite.

La defensa de Guazzini intentó salvarse del cargo. Para eso su defensa -representada por el abogado Patricio Moreno- pidió su absolución ya que, entre otros argumentos, consideró que el cargo era “vago, genérico e impreciso”.

Eso fue expuesto en sus descargos del 23 de enero. En subsidio, pidió que en caso de no ser absuelto, se proponga la medida disciplinaria más baja y proporcional.

El sumario finalmente se cerró en marzo y Guerra desechó los descargos de los sumariados, incluido el de Guazzini y propuso sanciones. A Guazzini se le sancionó con la medida disciplinaria de suspensión del empleo por 30 días con goce del 60% de sus remuneraciones y la correspondiente anotación de demérito, una sanción que fue notificada directamente en su nueva función en La Moneda.

Pese a recibir ese reproche, Guazzini jugó su última carta, un recurso de reposición que activó -al igual que todos los otros sumariados- y que se presenta directamente ante Alessandri. Esta es la última instancia de un sumario, donde una persona distinta del fiscal decide si confirma la sanción y si absuelve al inculpado.

Fuentes municipales comentan que luego de varios meses, Alessandri echó por la borda las sanciones propuestas por el fiscal y absolvió a seis de los ocho sumariados, entre ellos Guazzini.

La absolución

El encargado de la integridad pública del gobierno fue notificado de esta noticia el 11 de septiembre. En el decreto, el alcalde estimó que para atribuirle responsabilidad administrativa al director de Control “debe acreditarse, respecto de un acto concreto, que contó con antecedentes suficientes para advertir la ilegalidad; a su vez que tenía el deber específico de actuar y que, pese a ello, omitió hacerlo de manera culpable”.

Por esa y otras razones, el alcalde estimó que “si bien la jerarquía del cargo eleva el estándar de diligencia y cuidado en la revisión de actos administrativos, ello no suprime la exigencia de probar la culpa o el dolo, ni permite presumir el conocimiento de información que no se ha demostrado que estuviera disponible. Tampoco la sola visación acredita una participación culpable si el expediente no individualiza el defecto verificable que fue omitido y las condiciones concretas en que esa omisión se produjo”.

La absolución también llegó a otros cinco sancionados. Los únicos dos casos pendientes, que Alessandri aún no resuelve, son los inculpados que estaban en una situación más grave, es decir, Riquelme y Oyarzún. Una situación que podría invalidar los decretos de Alessandri ya que quienes saben de Derecho Administrativo comentan que hay dictámenes de la Contraloria que obligan a que cuando “en un mismo proceso administrativo se resuelva la aplicación de una misma o distintas sanciones a los implicados o la imposición de penas y la declaración de sobreseimientos y/o absoluciones conjuntamente, corresponde que se emita un sólo decreto de término que contenga todas las decisiones adoptadas”.

Lo ocurrido con este sumario se ha transformado en un hecho vox populi en la municipalidad y también entre los concejales. Tanto así que en los registros de transparencia activa se puede apreciar que tanto Oyarzún como Riquelme están con la sanción de destitución.

En el caso de Riquelme, su remuneración está reducida y con la anotación respectiva que cita la norma que establece que “la suspensión consiste en la privación temporal del empleo con goce de un cincuenta a un setenta por ciento de las remuneraciones y sin poder hacer uso de los derechos y prerrogativas inherentes al cargo”.

Lo mismo ocurre en el caso de Oyarzún. De hecho las mismas fuentes cuentan que este director, no obstante la sanción que pesa sobre él, habría postulado a la asociación de funcionarios tratando de revertir lo que podría ser su eventual expulsión del municipio.

También el asunto había generado cuestionamientos políticos en la Segpres, que es donde está radicada la comisión asesora que lidera Guazzini, debido a haber fichado a alguien que tenía un sumario en donde justamente se indagaban faltas administrativas.

Sin embargo, desde dicha cartera comentaron que “las autoridades de la Segpres tomaron conocimiento de esta situación una vez concluido el procedimiento administrativo, que terminó con la absolución de Carlos Guazzini”.