Memorándum entre OpenAI y el gobierno: las condiciones y límites del acuerdo para incorporar IA en el Estado

El Ministerio de Ciencia liberó este martes el memorándum de entendimiento firmado con OpenAI, documento que establece los alcances de la cooperación tecnológica acordada por la ministra Ximena Lincolao y el director ejecutivo de la compañía, Sam Altman, durante su encuentro del lunes en San Francisco, Estados Unidos.
El acuerdo, denominado “OpenAI for Chile” busca desarrollar iniciativas orientadas a modernizar la gestión pública, mejorar la entrega de servicios a las personas, capacitar a funcionarios y respaldar el ecosistema nacional de emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial.
El instrumento no genera obligaciones jurídicas vinculantes, salvo las disposiciones sobre comunicaciones públicas y confidencialidad. Tampoco obliga a las partes a contratar o proporcionar servicios.
El documento también precisa que la firma no constituye una adjudicación de contratos públicos, un acuerdo de exclusividad ni un compromiso de adquisición de productos de OpenAI. Tampoco obliga a ninguna de las partes a suscribir convenios posteriores para ejecutar las iniciativas contempladas.
“Este MoU (memorándum de entendimiento) no especifica una inversión total, una compra mínima ni una asignación garantizada de financiamiento”, establece el apartado sobre financiamiento y acuerdos definitivos.
En esa misma sección, se dispone que cualquier servicio, licencia, consumo de API (interfaces de programación de aplicaciones), capacitación, asistencia técnica o actividad de ciberseguridad deberá quedar regulada mediante instrumentos contractuales independientes.
Las áreas de cooperación contempladas
El memorándum identifica tres ámbitos principales de cooperación: infraestructura tecnológica, formación de funcionarios públicos y apoyo al ecosistema de emprendimientos vinculados a la inteligencia artificial.
En materia de infraestructura, el Ministerio de Ciencia expresa su intención de explorar la incorporación de tecnología de OpenAI en procesos relacionados con la gestión administrativa. Para ello, la cartera podrá solicitar apoyo en la adopción de nuevos modelos, además de asesoría y capacitación para sus trabajadores.
El texto menciona como posible base de cooperación el denominado OpenAI Frontier SI Capability Package, un paquete que, según el documento, permite a gobiernos, empresas y universidades acceder a capacidades tecnológicas desarrolladas por la compañía mediante productos y servicios administrados por OpenAI.

Entre las herramientas y servicios que podrían formar parte de las iniciativas aparecen ChatGPT Work, Codex, ChatGPT Edu, los modelos avanzados de OpenAI, las capacidades de ciberseguridad Daybreak y soluciones de salud basadas en sistemas de inteligencia artificial. Su disponibilidad para Chile, sin embargo, estará sujeta a requisitos de elegibilidad, autorizaciones aplicables y acuerdos definitivos.
El memorándum no establece qué organismos públicos utilizarán estas herramientas ni determina procesos administrativos específicos en los que serán implementadas. El alcance, las condiciones de acceso y las modalidades de despliegue deberán ser acordados entre las partes para cada actividad.
En cuanto a la capacitación, el documento propone desarrollar programas de alfabetización digital, perfeccionamiento y reconversión de funcionarios públicos, considerando las funciones que desempeñan y los servicios que prestan.
Entre los contenidos posibles se encuentran el uso efectivo de herramientas de inteligencia artificial, la verificación de resultados, la protección de información sensible, la supervisión humana y la utilización responsable de estas tecnologías en la administración pública.
Las actividades podrían incluir talleres, formación especializada por áreas, habilitación técnica y un modelo de capacitación de instructores para generar capacidades dentro del propio aparato estatal. La cantidad de participantes, los proveedores, los recursos y los mecanismos de evaluación quedarán definidos en los respectivos planes de trabajo.
Apoyo a emprendimientos
Otro de los objetivos del acuerdo apunta al desarrollo del ecosistema chileno de empresas emergentes vinculadas a la inteligencia artificial. Para ello, según el texto, las partes esperan explorar mecanismos de cooperación que faciliten el acceso a programas y tecnología de OpenAI, orientación técnica, mentorías y conexiones entre emprendimientos, organismos públicos, universidades y otros actores.
El texto no establece una cantidad de empresas beneficiarias, recursos económicos destinados a este propósito ni criterios de selección. Esos aspectos deberán ser definidos posteriormente, junto con las condiciones de participación y las modalidades de ejecución.
Para coordinar las actividades, el memorándum contempla la creación de una fuerza de trabajo conjunta -denominada Joint Task Force- integrada por representantes del Ministerio de Ciencia y OpenAI. Otras entidades podrán incorporarse a las distintas líneas de trabajo cuando exista un acuerdo entre los participantes.
La instancia tendría reuniones mensuales durante la etapa inicial, aunque las partes podrán establecer otra periodicidad. Entre sus funciones estarían revisar prioridades, planes de trabajo, avances en la adopción tecnológica, capacitación, riesgos y eventuales ampliaciones del programa.
El equipo podrá recomendar iniciativas, pero no tendrá facultades para modificar contratos, comprometer financiamiento ni autorizar el acceso a productos en representación de alguna de las instituciones participantes.
Además, ambas partes buscarán acordar un plan de trabajo inicial que identifique a los organismos involucrados, los casos de uso prioritarios, los responsables, los plazos y los indicadores de cumplimiento.

Protección de datos, confidencialidad e infraestructura
El memorándum incorpora un apartado dedicado al uso responsable de la inteligencia artificial, en el que establece que las actividades deberán considerar la legislación vigente, la supervisión humana, la privacidad, la protección de datos personales, la seguridad de la información y la evaluación de los resultados generados por estas herramientas.
Según reza el texto, las partes deberán identificar los controles y evaluaciones necesarios para cada caso de uso antes de implementar o ampliar una iniciativa. No obstante, el documento no detalla protocolos específicos para el tratamiento de datos de ciudadanos, condiciones técnicas de almacenamiento de información ni mecanismos particulares de fiscalización de los sistemas que eventualmente se utilicen.
En ese mismo apartado, el texto incorpora una precisión sobre la infraestructura tecnológica: “Este memorándum de entendimiento no establece ningún compromiso de contar con infraestructura ubicada en Chile”. De esta manera, el instrumento no establece la instalación de centros de datos o servidores de OpenAI en territorio nacional.
Respecto de la información intercambiada durante la cooperación, el memorándum establece obligaciones de confidencialidad. Cada participante deberá proteger los antecedentes no públicos recibidos de la otra parte y utilizarlos exclusivamente para los fines del acuerdo.
Sin embargo, esas obligaciones contemplan excepciones para información que ya sea pública, que el receptor conociera legalmente con anterioridad, que haya desarrollado de manera independiente o que obtenga legítimamente de un tercero sin restricciones. También se permite divulgar antecedentes cuando exista una obligación legal, una orden judicial o exigencias de transparencia pública, con aviso previo a la otra parte cuando la legislación lo permita.
Acuerdos posteriores definirán costos y condiciones
El apartado financiero es uno de los que establece con mayor claridad los límites del instrumento firmado. El memorándum no fija un monto total de inversión, una compra mínima de licencias ni una cantidad de recursos que OpenAI deba destinar a Chile.
Las eventuales prestaciones deberán quedar establecidas en contratos de servicios, órdenes de compra, declaraciones de trabajo u otros instrumentos que las partes suscriban posteriormente.
El documento también precisa que cualquier mecanismo de adquisición o financiamiento compartido entre distintas instituciones deberá quedar expresamente establecido en esos contratos. La ampliación de las iniciativas dependerá de la disponibilidad de recursos, los procedimientos de contratación pública, la factibilidad técnica, las autorizaciones correspondientes y la capacidad de ejecución acordada.
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