Más de 200 días después: casi 90% de los decretos retirados por el Ministerio de Medio Ambiente aún no vuelve a Contraloría

El 12 de marzo de 2026, solo un día después de asumir el nuevo gobierno de José Antonio Kast, el subsecretario de Medio Ambiente, José Ignacio Vial, firmó el oficio N°1.707 de la repartición para solicitar el retiro de 43 decretos supremos que habían sido ingresados por la administración de Gabriel Boric para su tramitación final de toma de razón por la Contraloría. La petición se concretó oficialmente el 16 de marzo.

Han pasado siete meses de ese oficio, más de 200 días, y solo el 11% de tales decretos ha sido reingresado para finalizar su tramitación. Así, el 89% de ellos continúa en manos del ministerio.

En número, cinco fueron reingresados y ya concluyeron su trámite; otros tres aún están bajo evaluación en Contraloría; 34 no han sido reingresados y de uno ni siquiera se tiene información, el que “Designa integrantes del Consejo Nacional para la Sustentabilidad y el Cambio Climático 2026-2027″.

Desde hace tres meses que no hay movimiento al respecto. La última decisión conocida ocurrió el pasado 27 de julio, cuando el ministerio reingresó dos decretos: el que “Aprueba Reglamento que regula el Registro Público de Sanciones de conformidad con lo mandatado por el artículo 140 de la Ley N° 21.600, que ‘Crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas’”; y el que “Aprueba Reglamento para la Evaluación Ambiental Estratégica”. El primero ya fue tomado de razón, y el segundo aún está en el ente fiscalizador.

Consultada la Secretaría de Estado —liderada por Francisca Toledo—, no respondió consultas oficialmente. De manera extraoficial, fuentes de la cartera señalaron que los decretos aún se encuentran en revisión y que no existe claridad respecto del tiempo que tardarán en ser reingresados.

Al momento de su retiro, las autoridades dijeron que una de las razones era que muchos de esos decretos habían sido introducidos a última hora por el gobierno anterior. De hecho, 14 de ellos tienen como fecha de ingreso a Contraloría el mismo 11 de marzo, cuando asumía la nueva administración; otros cuatro lo hicieron durante marzo y 15 lo hicieron en los dos primeros meses del 2026.

Sin embargo, hay tres decretos que partieron su tramitación en 2024 y seis en 2025.

“La ministra de Medio Ambiente ha hecho mucho hincapié en la necesidad de un Estado eficiente y que responda en tiempo. En ese sentido, no se entiende que aún no se hayan reingresado más de 30 de los 43 decretos retirados en marzo”, manifestó por escrito Maisa Rojas, exministra de Medio Ambiente de Boric, quien no respondió otras preguntas.

Dudas

Entre los decretos que siguen evaluándose se encuentran 15 reglamentos, que son textos técnicos de mayor complejidad que complementan y aterrizan las leyes, y ocho declaraciones de parques nacionales o reservas naturales. Entre estos últimos se incluye, por ejemplo, la decisión del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático del gobierno anterior, que un día antes de concluir su periodo aprobó la creación de los parques marinos “Mar de Juan Fernández II” y “Nazca Desventuradas II”, con lo que Chile pasaba a contar con un 54% de su zona económica exclusiva (ZEE) bajo algún tipo de protección ambiental y se convertía en el cuarto país del mundo con el mayor porcentaje de su ZEE en estado de conservación.

Asimismo, hay decretos en revisión que declararían parques nacionales en salares o lagunas salinas situadas en el desierto y que en la Estrategia Nacional del Litio quedaron fuera de su eventual explotación minera, como Las Parinas o Lagunas Bravas.

Pero uno de los más emblemáticos es el decreto del mismo Consejo de Ministros del 8 de marzo de este año, que declara monumento natural al pingüino de Humboldt, especie amenazada y declarada en peligro de extinción en Chile donde habita el 80% de su población mundial, debido a una fuerte caída poblacional.

Una colonia importante de estos pingüinos vive justamente en la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, que se ubica a 30 kilómetros del área de influencia del polémico proyecto minero-portuario Dominga.

“El ministerio nos ha señalado que este decreto continúa en revisión y que no existe un plazo definido para su reingreso. Y, entre los argumentos planteados, nos han señalado que están haciendo una revisión jurídica sobre su relación con otras herramientas de conservación y protección, como el Plan Recoge, y su intención de hacer un nuevo censo nacional de la especie. Sin embargo, creemos que estos antecedentes no explican la demora y la inacción en esta materia: otras medidas pueden coexistir con esta declaración sin problemas”, dijo Roxana Núñez, abogada de Greenpeace.

La consultora ambiental Nasp creó un Observatorio de Decretos Ambientales, donde se monitorea el avance que han tenido estas resoluciones ministeriales.

Al ser consultados por si es normal que este tipo de decretos tarde este tiempo, señalan que no, puesto que hay algunos, como los referidos a emisión de material particulado, que podrían ser de fácil despacho y que aún siguen dentro.

“Uno esperaría que aquellos decretos que fueron retirados con el objetivo de asegurar su calidad en términos técnicos y jurídicos fueran reingresados rápidamente; y que las normas que están técnicamente justificadas se validen y reingresen rápidamente, por ejemplo las normas de emisión”, plantea Robert Padilla, director de Nasp.

Tanto los técnicos de Nasp como de Greenpeace señalan que revisaron los decretos que el ministerio reingresó, y que ninguno presenta modificaciones sustanciales, técnicas o jurídicas, que permitan entender por qué fueron retirados.

Exautoridades admiten que no saben las razones del tiempo transcurrido, pero creen que existen ciertos procedimientos que demandan tiempo y que no son aplicables a todos los decretos.

“Toda la regulación ambiental tiene la obligación, por ley, de incorporar diferentes visiones, distintos análisis de impactos ambientales, económicos y sociales, por lo que si ese análisis está mal hecho, la norma está mal hecha. Y eso es más allá del gobierno o del signo político”, explica Javier Naranjo, exministro de Medio Ambiente de la segunda administración Piñera.

“Del conjunto de decretos, distingo tres grupos. El primero son los asociados a temas de biodiversidad y, en esos, el SBAP (Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas) razonablemente tiene algo nuevo que decir, para que se implementen en el marco de la entrada en escena del servicio”, complementa Pablo Badenier, exministro en la administración Bachelet.

“Otros son para la creación de planes y normas, que llevan mucho tiempo en elaboración y están respaldados por consensos técnicos que hace recomendable que sigan su trámite de razón. Y hay otros que se firmaron días antes del cambio de gobierno: esos son impresentables, por hacerlos a última hora, y el gobierno tiene el legítimo derecho a no reingresarlos”, agrega.