El contrato detrás del bus escolar de Morroa en el que murieron dos personas: $656 millones y preguntas sobre el vehículo que prestaba el servicio
El contrato tiene un valor de $656.846.806, un plazo de 77 días y un anticipo del 20 por ciento, equivalente a unos $131,4 millones. Los recursos provienen del Sistema General de Regalías. Foto: Archivo particular
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El bus escolar que se accidentó el pasado 9 de septiembre en una carretera rural de Morroa, Sucre, hacía parte de un contrato público de $656,8 millones adjudicado este año para transportar a estudiantes del municipio.
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Casi siete días después del siniestro, que dejó dos muertos y cerca de 30 personas heridas, persisten preguntas sobre las condiciones bajo las cuales ese vehículo llegó a prestar el servicio.
Cuando EL TIEMPO consultó al alcalde de Morroa, Luis Germán Rodríguez Domínguez, sobre la empresa responsable del contrato, el mandatario aseguró no recordar cuál era la compañía encargada de prestar el servicio ni cuántos vehículos hacían parte de la operación.
Sin embargo, una revisión adelantada por esta casa editorial a los documentos oficiales del proceso contractual permitió identificar a la empresa que actualmente tiene a su cargo el transporte escolar en el municipio.
Un contrato de $656,8 millones
Se trata de RAH Transportes Sincelejo S.A.S., firma que aparece como contratista del proceso denominado "Prestación de servicio para garantizar la continuidad del transporte escolar terrestre a los estudiantes de las diferentes instituciones educativas en el municipio de Morroa, vigencia 2026".
Contrato público de $656,8 millones adjudicado este año. Foto:Archivo particular
El servicio de transporte escolar de Morroa para 2026 fue contratado mediante el contrato MM-RE-TE-04-2026, celebrado el 27 de julio entre la Alcaldía y RAH Transportes Sincelejo S.A.S.
El contrato tiene un valor de $656.846.806, un plazo de 77 días y un anticipo del 20 por ciento, equivalente a unos $131,4 millones. Los recursos provienen del Sistema General de Regalías.
La empresa contratista tiene como representante legal a Rosa María Mercado Jiménez y está habilitada desde 2017 para prestar el servicio público de transporte terrestre automotor especial. El accidente ocurrió apenas 44 días después de la firma del contrato.
El siniestro dejó como saldo la muerte del conductor Edwin José Oliveros Montiel y de una estudiante de 14 años. Además, 33 personas resultaron heridas, la mayoría menores de edad que regresaban a sus hogares después de la jornada académica.
Desde entonces, las autoridades investigan las causas del accidente, mientras familiares, docentes y habitantes de la región reclaman respuestas sobre las condiciones en las que se prestaba el servicio de transporte escolar.
Un vehículo viejo y en mal estado
Pero la revisión documental realizada por EL TIEMPO permitió encontrar otro elemento que ahora genera interrogantes.
El bus se habría quedado sin frenos. Foto:Redes sociales
En uno de los apartados de las condiciones contractuales se establece que los vehículos destinados a la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor especial para escolares no podrán tener más de 10 años de uso.
Sin embargo, el bus involucrado en el accidente corresponde a un vehículo modelo 2009. Es decir, al momento del siniestro acumulaba aproximadamente 17 años de servicio, una antigüedad que supera ampliamente el límite consignado en el propio proceso contractual.
Consultado por EL TIEMPO sobre el estado del vehículo, el alcalde Luis Germán Rodríguez manifestó que la unidad contaba con la documentación exigida para operar. Según explicó, el automotor tenía vigente la revisión técnico-mecánica y las pólizas requeridas.
El mandatario sostuvo además que las primeras versiones entregadas por estudiantes apuntarían a una posible falla mecánica relacionada con el sistema de frenos, aunque añadió que corresponde a las autoridades establecer las causas oficiales del accidente.
Por su parte, la esposa del conductor fallecido también aseguró que el vehículo habría presentado problemas en los frenos con anterioridad, situación que, según relató, esa vez pudo ser controlada por el conductor debido a que se encontraba en una vía plana.
Una empresa con casi una década en el transporte especial
RAH Transportes Sincelejo S.A.S. aparece registrada con el NIT 901.000.287-5, tiene domicilio en Sincelejo y figura como empresa de transporte especial con habilitación activa desde el 5 de enero de 2017.
Varios estudiantes quedaron atrapados y tuvieron que ser rescatados por habitantes del sector. Foto:Redes sociales
Su actividad principal es el transporte de pasajeros y en registros empresariales figura como una microempresa y la relación con Morroa tampoco comenzó este año.
En 2025, el municipio abrió un proceso por $1.055.025.920 para garantizar durante 160 días el transporte escolar de los estudiantes. El expediente registra la participación de RAH Transportes junto con otras empresas del sector.
Para EL TIEMPO, este antecedente abre una segunda línea de investigación: determinar qué vehículos fueron presentados por RAH en 2025, cuáles fueron aceptados y si alguno de ellos continuó prestando el servicio en 2026.
La trayectoria de la compañía también aparece en expedientes de la Superintendencia de Transporte. En 2021, esa entidad abrió una investigación administrativa contra RAH Transportes por un vehículo de placas UPB-645, al considerar presuntamente que prestaba el servicio especial sin portar el Extracto Único de Contrato, FUEC. Ese vehículo no es el UPB-115 accidentado en Morroa, una diferencia que debe quedar clara.
En diciembre de 2023, la SuperTransporte abrió otra investigación contra RAH por el presunto incumplimiento de la obligación de reportar los estados financieros correspondientes a 2021. Pese a esto, la existencia de estos expedientes no significa que la empresa haya sido sancionada ni establece relación alguna con el accidente de Morroa, sólo se suma a las preguntas que deja el accidente en La Peñata.
El contrato que indica que deben tener máximo 10 años de servicio. Foto:Archivo particular
Lo cierto es que la Alcaldía contrató a una empresa especializada para transportar a sus estudiantes. Por consiguiente, la empresa debía poner en circulación vehículos que cumplieran unas condiciones determinadas y la administración municipal debía verificar que esas condiciones se cumplieran.
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Aún así, a los estudiantes les terminó prestando servicio un bus escolar que acumulaba 17 años de operación, pese a que los documentos fijaban un límite de 10 años y que las familias de esta comunidad educativa rural confiaba en que las cosas estuvieran acorde a la ley.
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