Listas de espera GES Cáncer: La punta del iceberg

El reciente estudio elaborado por el Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud (CIPPS) de la UDD sobre la oferta pública para la resolución del cáncer en Chile entrega información valiosa para la discusión y el diseño de las políticas públicas contra una enfermedad que ya se instala como una de las dos primeras causas de muerte en el país, con más de 31.000 defunciones anuales según estimaciones de GLOBOCAN.

Desde la presentación del Plan Nacional del Cáncer, a fines de 2018, Chile ha mostrado un crecimiento sostenido y significativo de la oferta pública oncológica. Entre 2018 y 2024, el financiamiento GES-Cáncer creció 89,1% en términos reales, las prestaciones 37,7% y las personas atendidas 32,9%, cifras muy superiores al crecimiento de la población beneficiaria de Fonasa (18,8%) y del presupuesto ajustado del Minsal (42,3%). El GES-Cáncer ganó así prioridad relativa —pasó de 0,7% a 1,0% del gasto total en salud— y el costo real promedio por prestación aumentó cerca de 37%. Cabe precisar que este financiamiento corresponde solo a lo explícitamente identificable como GES, en torno al 2% del presupuesto ajustado del Minsal; buena parte del esfuerzo en cáncer —remuneraciones, infraestructura, hospitalización— se financia por otras vías.

Sin embargo, pese a los esfuerzos desplegados, la lista de espera GES-Cáncer creció 689% en el mismo período, de 1.926 a 15.197 personas, concentrándose en las etapas de diagnóstico (67%) y tratamiento. Parte de esta alza se explica por el rezago acumulado durante la pandemia —en 2020 las prestaciones cayeron más de un tercio— y por mejoras en el registro administrativo: la lista se quintuplicó entre 2019 y 2022, y desde entonces ha crecido a un ritmo menor (17,7% entre 2022 y 2024). Pero la disociación entre recursos y espera abre interrogantes que no se agotan en la pandemia: ¿obedece a una mayor pesquisa —el financiamiento de diagnóstico fue el que más creció, 109,6%—, a tratamientos más complejos y costosos, a una menor productividad de la red, o a una combinación de factores? El propio estudio reconoce que con la información disponible es posible medir actividad, pero no productividad. Esclarecerlo exige ir más allá de los indicadores utilizados hasta ahora, centrados en contabilizar pacientes en espera e incrementos de recursos.

Un segundo hallazgo, a mi juicio el más relevante, es la estimación de una lista de espera oculta: personas que, según la prevalencia esperada de cada cáncer, deberían estar en tratamiento en el sistema público y no lo están. Calculada sobre la población efectivamente en riesgo de cada patología, según sexo y edad, alcanza alrededor de 37.484 personas, casi dos veces y media la lista de espera oficial. Sumadas, superan las 52.000 personas. Los 15.197 pacientes registrados son, en rigor, la punta del iceberg. Y la cifra probablemente es conservadora: se trata de una aproximación de orden de magnitud que, además, no abarca todos los problemas GES oncológicos.

La brecha tampoco se distribuye de manera homogénea. En cáncer cervicouterino y de mama —y en próstata, al ajustar por la población masculina en riesgo— no se observa demanda oculta: las personas en tratamiento igualan o superan la prevalencia esperada. Estos cánceres, junto con colorrectal y leucemia, concentran el 70,5% del financiamiento y muestran un buen desempeño relativo, lo que mejora los promedios nacionales y oculta la situación del resto. En ocho cánceres —osteosarcoma, pulmón, vesical, tiroides, ovario, infantil, renal y linfomas— más de la mitad de quienes deberían estar en tratamiento no lo está; en pulmón la brecha alcanza 77% y en osteosarcoma 82%. Más preocupante aún, seis patologías muestran señales de retroceso: caídas del financiamiento en términos absolutos en cáncer infantil (−8%) y osteosarcoma (−24%), y estancamiento o caída de las prestaciones por habitante en cáncer de testículo, ovario y linfomas. Este grupo recibe el 14,7% del financiamiento, pero reúne el 27,3% de la demanda oculta. Linfomas, cáncer de ovario, cáncer infantil y osteosarcoma aparecen señalados por ambas vías y deberían constituir la primera prioridad.

Un tercer hallazgo se vincula a la distribución territorial de los recursos: el 62% del financiamiento se concentra en 10 de los 29 Servicios de Salud. En parte es esperable, pues refleja la población de cada territorio y la ubicación de los centros de alta complejidad; además, los datos se asignan según el lugar de atención y no de residencia del paciente. Lo más interesante es la dinámica: los mayores crecimientos entre 2018 y 2024 se dieron en servicios regionales —Valparaíso San Antonio (190%), Chiloé, Talcahuano, Atacama y Antofagasta, todos sobre 165%—, mientras varios servicios metropolitanos crecieron a tasas más moderadas. Es una señal de descentralización coherente con lo que buscaba el Plan Nacional del Cáncer: dotar a todos los servicios de capacidades para resolver la demanda de complejidad baja y moderada, y concebir centros de alta complejidad para derivación nacional. Corresponde ahora evaluar si esa expansión se traduce en acceso efectivo, medido por población beneficiaria de cada territorio.

¿Qué hacer? El estudio sugiere caminos concretos. Primero, incorporar la lista de espera oculta, calculada sobre la población en riesgo, como indicador estándar de planificación junto a la lista oficial. Segundo, construir indicadores de productividad que relacionen la producción asistencial con la capacidad instalada —horas de especialistas, equipamiento, infraestructura—, sin los cuales no es posible explicar las brechas. Tercero, y quizás lo más urgente, avanzar hacia una trazabilidad nacional del paciente oncológico: hoy observamos atenciones aisladas y no la trayectoria completa de cada persona, lo que impide detectar retrasos, abandonos terapéuticos y resultados clínicos. Y cuarto, focalizar la inversión donde la brecha es mayor; en los cánceres de incorporación reciente al GES —pulmón, vesical, tiroides y renal—, que han crecido explosivamente desde una base casi nula, el estudio propone consolidar la capacidad pública y, mientras esta madura, evaluar convenios con otros prestadores.

Nuestro país, en su historia sanitaria, ha sabido identificar los problemas de salud pública que requieren una mirada de largo plazo y abordarlos con sentido de Estado, lo que nos permite exhibir indicadores sanitarios que nos enorgullecen. Hoy el cáncer exige lo mismo. Los hallazgos de este trabajo abren varias interrogantes, pero sobre todo nos invitan a mirar bajo la superficie: más allá de los incrementos presupuestarios y del número de pacientes en espera, está el desafío de llegar a quienes el sistema aún no logra ver.