Indulto o amnistía, las vías del bolsonarismo para liberar a Jair si Flávio gana las elecciones en Brasil

El triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil reactivó entre sus aliados la expectativa de una salida a la condena de su padre, el expresidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado.

Con 121 diputados y 28 senadores electos, el Partido Liberal (PL) recalcula sus opciones para aprobar una amnistía que beneficie al exmandatario.

La adhesión de Progresistas, União Brasil, Republicanos, Novo y Podemos a la candidatura del actual senador abrió nuevos canales de negociación. El objetivo del entorno del expresidente es que salga de prisión en 2026 y participe en la eventual investidura de su hijo si derrota a Luiz Inácio Lula da Silva en el el balotaje del 25 de octubre.

“Verán el 6 de enero de 2027, fecha de la toma de posesión, a Flávio Bolsonaro haciendo una oración y entregando Brasil en manos de Dios. Y verán a Jair Messias Bolsonaro colocándole la banda presidencial”, dijo el sábado el candidato en São Gonçalo. La investidura será el 5 de enero.

Sin embargo, la promesa enfrenta un límite constitucional. Flávio no podría conceder por sí solo una amnistía a su padre ni a su hermano, el exdiputado Eduardo Bolsonaro, también condenado por el Supremo Tribunal Federal (STF), ya que esa figura requiere una ley aprobada por el Congreso y sancionada por el presidente.

El indulto, contemplado en el artículo 84 de la Constitución, depende directamente del jefe de Estado. Pero ambas medidas podrían ser impugnadas ante el Supremo.

El STF condenó a Jair Bolsonaro en septiembre de 2025 por cinco delitos, entre ellos organización criminal y golpe de Estado. Por motivos de salud, cumple la pena bajo arresto domiciliario desde marzo. Indultar a su padre es una de las principales promesas de campaña del senador, quien ha calificado el proceso como una farsa.

Este año, el bolsonarismo logró la promulgación de la Ley de Dosimetría, que reduce las penas de los condenados por los actos golpistas del 8 de enero de 2023 y beneficia al expresidente, aunque su aplicación depende del STF. Parte de sus aliados considera insuficiente la medida y defiende una amnistía más amplia.

El Supremo como árbitro

Las conversaciones con los partidos aliados no generaron un compromiso público en torno a un texto. Existen diferencias sobre el alcance de la amnistía, en especial respecto de los condenados por la trama golpista, y temor a que el STF la anule.

El senador electo por el PL, Domingos Sávio, defendió que la medida abarque a los condenados en general. “Si no ocurre a través del STF, ocurrirá en el Congreso. Si el STF no lo corrige, nosotros lo corregiremos”, afirmó.

El líder del PL en la Cámara de Diputados, Sóstenes Cavalcante, planteó aprovechar el impulso de un eventual triunfo. “Si Flávio gana la elección, intentaremos votar la amnistía este mismo año”, señaló. “Aprobaremos la amnistía -teniendo en cuenta que la derecha es mayoría en el Congreso- por el bien de Brasil”, aseguró el diputado Bibo Nunes (PL).

Por su parte, el senador Rogério Marinho, coordinador de la campaña, mantuvo contactos con seis magistrados del STF, entre ellos su presidente, Edson Fachin. “Se hará justicia en el momento oportuno”, dijo sobre una eventual liberación, según O Globo. Tras la reunión con Fachin, afirmó que un gobierno de Flávio no adoptará una política de “venganza ni omisión” hacia los jueces, consignó Gazeta do Povo.

La defensa del expresidente presentó, además, solicitudes de revisión penal para anular la condena. El magistrado Kassio Nunes Marques, designado por el propio Bolsonaro, pretende llevar el caso al pleno después de la segunda vuelta del 25 de octubre, aunque no hay fecha para el juicio.

El jueves, el juez del STF Alexandre de Moraes ordenó iniciar el cumplimiento de la pena de cuatro años y dos meses impuesta a Eduardo Bolsonaro por coacción, y emitió una orden de detención contra el exdiputado, que está en Estados Unidos.

Además, los profesores Wallace Corbo, de la Fundación Getúlio Vargas, y Gustavo Badaró, de la Universidad de Sao Paulo, recordaron -consultados por Folha de Sao Paulo- que según la jurisprudencia del STF los delitos contra el Estado democrático de derecho no son susceptibles de indulto ni de amnistía.

En 2023, el tribunal anuló el indulto con que Bolsonaro intentó en 2022 extinguir la pena del exdiputado Daniel Silveira, por desviación de finalidad, al tratarse de un aliado político. Según consignó UOL, Flávio ha hablado de “usar la fuerza” si el Supremo cuestiona un eventual indulto.

Además, el abogado constitucionalista Max Kolbe sostuvo que el perdón que Joe Biden otorgó en 2024 a su hijo Hunter demuestra que “la clemencia presidencial existe precisamente para permitir que el Poder Ejecutivo intervenga, constitucionalmente, en las consecuencias derivadas del sistema penal”.

Carrera contra el calendario

Los especialistas consultados por el periódico paulista consideran improbable que haya tiempo para que el expresidente suba la rampa del Palacio del Planalto. Corbo explicó que el decreto podría firmarse el 5 de enero, pero que la defensa debe pedir la extinción de la pena y que el juez de ejecución, en este caso Moraes, no tiene plazo para resolver.

Para Badaró, es “una especulación excesiva imaginar que Flávio lograría indultar a su padre y que, horas después, Jair estuviera libre”.

“El indulto elimina los efectos penales de la condena criminal, pero no los efectos secundarios de la pena”, explicó Corbo. Entre ellos está la inelegibilidad, por lo que Bolsonaro podría votar y seguiría impedido de postularse. Según el académico, en cambio, la amnistía “es como si el delito nunca hubiera ocurrido” y le devolvería sus derechos políticos.

“Si alguien intenta dar un golpe, aunque fracase, el intento se verá recompensado si su grupo político llega al poder. La sanción penal pierde su carácter preventivo y se transforma en un estímulo”, advirtió Badaró.