Contraloría detecta irregularidades en entrega de cédulas de identidad a extranjeros en Nancagua
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La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la tramitación y entrega de cédulas de identidad a ciudadanos extranjeros en la oficina del Servicio de Registro Civil e Identificación (SRCeI) de Nancagua, lo que motivará la apertura de un sumario administrativo y el envío de los antecedentes al Ministerio Público.
Los hallazgos fueron establecidos en el Informe Final N° 429 de 2026, que examinó principalmente los trámites realizados entre noviembre de 2021 y diciembre de 2022, además de algunos períodos posteriores. La investigación se desarrolló en el contexto de antecedentes judiciales relacionados con una presunta red dedicada a la obtención fraudulenta de documentos de identificación para extranjeros.
En concreto, el organismo fiscalizador analizó 50 de las 136 cédulas de identidad entregadas a extranjeros en dicha oficina, constatando que la entonces oficial civil adjunta tramitó y otorgó documentos pese a que los antecedentes presentados no cumplían con los requisitos legales.
Entre las irregularidades detectadas se identificaron documentos que correspondían a otras personas, antecedentes migratorios inválidos y estampados electrónicos cuya existencia o autenticidad no pudo ser verificada. Asimismo, algunos de estos documentos carecían del código QR necesario para comprobar su validez.
El informe también advirtió la ausencia de mecanismos adecuados para verificar la documentación migratoria presentada por ciudadanos extranjeros, además de establecer que investigaciones disciplinarias anteriores realizadas por el propio Registro Civil concluyeron sin determinar responsabilidades, pese a las irregularidades detectadas.
Según el organismo contralor, estas situaciones constituyen incumplimientos de las obligaciones establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Registro Civil e Identificación.
Ante estos antecedentes, la Contraloría General instruirá un procedimiento disciplinario para determinar las eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. Paralelamente, remitirá una copia del informe final al Ministerio Público, con el objetivo de que se evalúen las acciones que correspondan en el ámbito penal.
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