Editorial: 11-S: consecuencias

yer se cumplieron 25 años de los atentados terroristas que mataron a 2 mil 997 personas en las Torres Gemelas de Nueva York, el edificio del Pentágono y un campo de Pensilvania. Este episodio es el más recordado y quizá el más significativo para los estadunidenses que lo vivieron de manera presencial o a través de la inabarcable cobertura periodística, y marcó también al resto del mundo al proveer a Washington del pretexto ideal para dar una dimensión sin precedente a sus prácticas de control sobre el resto del planeta.

Es imposible asegurar que sin la matanza del 11 de septiembre de 2001 no se habrían producido las invasiones a Afganistán, Irak y Siria, así como la destrucción de Siria y las operaciones militares en 78 países que han dejado 4.5 millones de muertes indirectas. En efecto, Estados Unidos ha intervenido en otros países y perpetrado masacres durante toda su historia, y siempre encuentra una coartada que satisface a su opinión pública, o cuando menos a sus élites: el “destino manifiesto”, el comunismo, el narcotráfico y la “guerra contra el terrorismo” han sido fachadas consecutivas e igualmente falaces para el violento imperialismo que ha mantenido a esa nación en despliegues bélicos durante casi cada año de su existencia.

Sin embargo, parece difícil que la clase gobernante lograse imponer la restricción de libertades y el Estado policiaco que hoy están vigentes si la sociedad no hubiera estado conmocionada por los atentados. En la actualidad se encuentra normalizado un nivel de vigilancia que pocos ciudadanos estadunidenses habrían creído posible en su país hace un cuarto de siglo. La aprobación apresurada de la Ley Patriota (USA PATRIOT Act) semanas después del 11-S, junto con enmiendas posteriores a la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA), dotaron a las agencias federales de herramientas de espionaje prácticamente ilimitadas. Bajo la justificación de la “guerra contra el terrorismo”, se implementaron leyes, programas y políticas que redujeron drásticamente las garantías constitucionales, expandiendo el poder del Estado para espiar, detener y perfilar a individuos sin el debido escrutinio judicial.

La Sección 702 de FISA permite a las agencias de inteligencia estadunidenses interceptar y recolectar masivamente todas las comunicaciones de ciudadanos extranjeros en el exterior sin necesidad de una orden judicial. En la práctica, Washington rastrea rutinariamente e intercepta las comunicaciones de ciudadanos estadunidenses que interactúan con personas en el extranjero, creando gigantescas bases de datos disponibles para el aparato de espionaje. Se alteró la protección de la Cuarta Enmienda (que protegía contra registros e incautaciones irrazonables) al permitir a los agentes federales allanar en secreto una vivienda o lugar de trabajo, registrar propiedades y copiar comunicaciones mientras el ocupante no está. Se ha demostrado que la inmensa mayoría de estas operaciones se utiliza para casos comunes de drogas, no para investigaciones de terrorismo. La FBI puede emitir “cartas de seguridad nacional”, las cuales obligan a empresas de telecomunicaciones, bancos y agencias de crédito a entregar historiales financieros, registros telefónicos e información digital de ciudadanos sin la aprobación previa de un tribunal. Estas cartas incluyen órdenes de mordaza que prohíben legalmente a las empresas notificar a los usuarios que están siendo investigados.

En suma, la incapacidad de Estados Unidos para extraer lecciones de la historia llevó a que los atentados de 2001 no derivaran en una reflexión sobre las consecuencias de financiar movimientos extremistas y sembrar odio en el resto del planeta, sino en un recrudecimiento del intervencionismo en el extranjero y en el fin de la democracia liberal al interior de sus fronteras. En este sentido, se puede plantear que el trumpismo es el punto culminante de la deriva autoritaria iniciada hace 25 años.