Doe Run Perú: el ministro Shino entra en la disputa antes de liberar los últimos USD 19,41 millones de La Oroya
La liberación de los últimos USD 19,41 millones de Doe Run, bajo custodia de un fideicomiso a cargo de Scotiabank, ingresó a una nueva etapa de indefinición luego de que el liquidador Marco Chávez Magán solicitara la extinción del contrato para liberar los fondos.
El trámite ocurre en medio de cartas remitidas por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), que expresó preocupación por el proceso, aunque sin dar precisamente la razón a ninguna de las partes en disputa.
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Doe Run Perú, la empresa que operó el Complejo Metalúrgico de La Oroya (Cerro de Pasco) y la mina Cobriza, arrastra desde 2010 uno de los procesos concursales más prolongados y emblemáticos en la historia del Perú.
La liquidación enfrenta a cerca de 3.500 extrabajadores, que esperan el pago de sus acreencias concursales por servicios que brindaron antes que se iniciara el concurso de la compañía.
También enfrenta deudas por servicios prestados durante la liquidación en marcha. Entre estas últimas se encuentra Depósitos Químicos Mineros (DQM), que reclama el pago de una deuda por almacenamiento de ácido sulfúrico durante la liquidación.
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La transnacional noruega sostiene que antes de liberar los fondos del fideicomiso deben aclararse los gastos observados durante la gestión de una anterior liquidadora, Consultores A-1.
Consultores A-1 llegó al proceso en enero de 2022, luego de que Indecopi dejara sin efecto el registro de Alta Sierra Asesores y Consultores.
Durante su gestión, la firma concretó la venta de la Unidad Minera Cobriza y la dación en pago del Complejo Metalúrgico de La Oroya a favor de trabajadores. Entonces, solo faltaba liberar los USD 19,41 millones.
Para ello, requería que el liquidador, el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) y la Junta de Acreedores coordinaran el envío de una comunicación a Scotiabank para solicitar la liberación de los fondos.
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Sin embargo, cuando las gestiones estaban encaminadas, tacharon a Consultores A-1 y la falta de aprobación del Convenio de Liquidación derivaron en su salida del proceso. La liberación de los recursos volvió a fojas cero.
Y ahí es cuando llega Chávez Magán
Tras ello, Indecopi llevó el caso a una bolsa de liquidación. Alva Legal fue designada inicialmente, pero Marco Chávez Magán impugnó la decisión y le ganó este año la puesta de mano ante la Sala Especializada en Procedimientos Concursales.
A diferencia de Consultores A-1, Chávez no necesita un nuevo Convenio de Liquidación aprobado para seguir al frente del proceso. Esa falta de acuerdo había dejado a la anterior liquidadora sin posibilidad de liberar los fondos.
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Con quién sí Chávez Magán todavía necesita coordinar es con la Junta de Acreedores y el MINEM para enviar a Scotiabank la comunicación que permita liberar los USD 19,41 millones, algo que se espera ocurra antes de acabar el año.
Es ahí donde DQM reaparece y demanda ante el Poder Ejecutivo que no se ejecute el fideicomiso hasta que se practique una auditoría sobre la gestión de Consultores A-1.
La empresa invoca un laudo arbitral emitido por la Cámara de Comercio de Lima (CCL) para exigir el pago de USD 14,54 millones por sus servicios de almacenamiento prestados a Doe Run. Esa es su porción.
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DQM sostiene que su pedido no busca alterar la prioridad de acreencias laborales, sino impedir que los fondos se liberen sin antes determinar el destino de los gastos observados y se defina el alcance del laudo arbitral que busca ejecutar.
En esta línea, la noruega remitió cartas al ministro Guillermo Shino y al actual liquidador para solicitar una auditoría y pedir que el fideicomiso no sea ejecutado hasta que se esclarezcan esas cuentas.
“El MINEM, por lo menos, ha recibido con preocupación las comunicaciones y ha transmitido esa información al nuevo liquidador, la junta de acreedores y al banco”, dijo una primera fuente a Infobae Perú.
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Pero el malestar del ministro no termina de calar a favor de la noruega. En una comunicación similar dirigida a los trabajadores, el MINEM dejó el tratamiento de la controversia en manos de la Junta de Acreedores, presidida por estos. De cualquier forma, antes DQM ya ha mencionado la posibilidad de llevar a Perú al CIADI.
“Como DQM representa menos del 0,5% de las acreencias reconocidas, no puede incorporar por sí sola el tema en la agenda de la Junta de Acreedores, para lo cual se requiere al menos el 10% de los créditos. Por ello solicita al MINEM, que concentra cerca del 30% de las acreencias, que lleve el pedido a esa instancia”, dijo otra fuente.
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¿Puede Consultores A-1 terminar frenando la liquidación?
La representación laboral sostiene que la revisión de los gastos observados y la distribución de los recursos pueden avanzar por vías paralelas, sin que una discusión suspenda la otra.
En cuanto a Consultores A-1, Indecopi ya sancionó a la exliquidadora y a su representante por no acreditar gastos de liquidación ni demostrar que esos desembolsos beneficiaron al proceso. La firma sostiene que los gastos estuvieron vinculados al mantenimiento de Cobriza y La Oroya, y que aún puede apelar la decisión.
Entre los pagos observados figuran servicios legales contratados a Almerco Abogados, firma de la que Richard Almerco Soto es socio y que asesoró a Consultores A-1 durante su gestión.
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La resolución inicial observó USD 9,05 millones y S/2,94 millones; tras una reconsideración, el monto cuestionado en dólares se redujo a USD 8,13 millones, mientras se mantuvieron los reparos en soles y la multa de 100 UIT.
En tanto, una medida cautelar antes de fin de año podría congelar los USD 19,41 millones del fideicomiso y aplazar otra vez su liberación. El último bimestre del año será clave.
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