Rebaja de condenas y reforma constitucional

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Las rebajas de condena concedidas por el Ministerio de Justicia a condenados por delitos sexuales contra menores y por crímenes cometidos durante la dictadura han provocado uno de los momentos políticos más delicados del actual gobierno. El ministro Rabat sostuvo que estaba obligado a conceder ese beneficio e invocó como justificación la Constitución y la jurisprudencia de la Corte Suprema. Pero la cuestión jurídica dista de ser clara.

El problema surgió cuando la ley Nº 21.421 (2022) modificó la Nº 19.856 y excluyó a los condenados por determinados delitos sexuales contra menores del beneficio de reducción de pena por buena conducta. Este cambio planteó la discusión acerca de si un condenado tiene derecho a que los beneficios penitenciarios se rijan por las reglas existentes cuando cometió el delito o cuando se solicita o se resuelve su otorgamiento.

Esta controversia no es nueva. El Tribunal Constitucional ha señalado, en distintas sentencias (Roles 7181-2019, 8816-2020 y 9921-2020), que exigir nuevos requisitos para acceder a la libertad condicional no equivale necesariamente a agravar una pena, distinguiendo entre esta y los beneficios penitenciarios. Aunque son beneficios distintos, estos precedentes muestran que la irretroactividad penal no se aplica automáticamente a toda medida penitenciaria.

Por su parte, la Corte Suprema carece de una interpretación uniforme. Si bien numerosos fallos ordenaron conceder las rebajas, otros respaldaron su rechazo, incluso recientemente. Más aún, el propio Ministerio de Justicia, bajo la gestión de Rabat, rechazó solicitudes y defendió judicialmente esas decisiones, obteniendo sentencias favorables. Estos antecedentes no permitían sostener, como dijo el ministro Rabat, que existía una única interpretación posible.

Frente a esta controversia, diputados presentaron un proyecto de reforma constitucional (boletín Nº 18.788-07) que contempla dos medidas. La primera busca cerrar la discusión, estableciendo que los beneficios de condenados por delitos sexuales se rijan por las normas vigentes al momento de resolver su otorgamiento, independientemente de cuándo se cometió el delito. La segunda, mediante una disposición transitoria, pretende dejar sin efecto las rebajas concedidas administrativamente durante los seis meses anteriores, cuestión que podría hacerse por ley ordinaria.

La Constitución vigente no prohíbe necesariamente la interpretación que propone la reforma constitucional como primera medida. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional señalada aporta argumentos en ese sentido. Por ello, antes de modificar la Constitución, corresponde justificar por qué no bastaría una ley o una ley interpretativa. De hecho, ya se presentaron proyectos de ley con ambos propósitos. La vía legal permitiría precisar los requisitos y la aplicación temporal de los beneficios sin incorporar a la Carta Fundamental una regla penitenciaria particular.

Ni las sentencias judiciales eximen al Ejecutivo de justificar sus decisiones, ni la urgencia de corregir sus efectos hace indispensable reformar la Constitución.

Por Miriam Henríquez, decana Facultad de Derecho Universidad Alberto Hurtado

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