Incertidumbre para la educación pública

Con discusión inmediata y casi sin debate, la Cámara se apresta a votar el cambio más profundo a la Nueva Educación Pública desde su creación. Se ha presentado como un ajuste de plazos, pero redefine el sistema. Permite que algunos municipios sigan administrando escuelas hasta 2035 (renovando año a año esa excepción), rebaja los requisitos de calidad para acceder a ella y posterga hasta 2030 la creación de los servicios locales pendientes (SLEP).

Aunque el Congreso aprobó a comienzos de año una reforma a la ley 21.040, hoy, sin evaluación ni diálogo real con las comunidades, se instala casi una década de incertidumbre en una política con avances documentados. Ningún nuevo SLEP podrá planificar con seriedad si cada año desconoce qué escuelas le corresponderán.

Comunas que debían traspasar sus escuelas en semanas podrían retirarse a última hora y desarmar equipos, presupuestos y convenios ya preparados. Si los nuevos servicios tienen dificultades para instalarse, o si municipios sin señales de sustentabilidad deterioran la educación de sus estudiantes, nadie podrá decir que no se sabía. Será responsabilidad política de quienes empujaron este cambio, empezando por el gobierno.

La educación pública necesita estabilidad y reglas claras, y una reforma de esta envergadura merecía algo más que una tramitación entre gallos y medianoche. La Sala aún puede corregir, y lo mínimo es que la excepción no se aplique a los traspasos de 2027.