La crisis en Ceuta, por las críticas de España a Israel: el derechista Aznar
Madrid. El ex presidente del gobierno español, el derechista José María Aznar, aseveró ayer que la crisis que atraviesa Ceuta, tras el ingreso de más de 72 mil migrantes procedentes de Marruecos en julio pasado, es producto de las críticas de España a Israel y abogó por la normalización de las relaciones “cuanto antes” con el régimen del primer ministro y prófugo de la Corte Penal Internacional, Benjamin Netanyahu.
“Estos días comprobamos en el drama de Ceuta las consecuencias de habernos enajenado la amistad de aliados relevantes, con los que conviene contar en las crisis. España debe recuperar cuanto antes una relación normalizada con Israel”, declaró en un desayuno organizado por Nueva Economía Fórum.
Para Aznar nunca se debió dejar de tener relaciones con un aliado estratégico por razones de “mayor entidad, que el prejuicio ideológico del oportunismo ventajista en las democracias”.
El ex mandatario ha sido muy crítico con la postura mantenida por el gobierno tras el ataque del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre de 2023, que calificó de “acción terrorista de intención genocida”.
Aznar reiteró ayer su rechazo a que se califique de genocida a Israel, que ha asesinado a más de 73 mil palestinos tras el ataque de Hamas. “Repetir consignas del tipo Palestina libre desde el río al mar es antisemitismo. Y si se ignora el significado de semejante grito tendríamos el antisemitismo del más bobo, que es el inconsciente”, recalcó.
Al acto acudió la encargada de negocios de la embajada israelí en España, Dana Erlich, quien subrayó que le sorprendió que el gobierno, “con una desinformación que repite una mentira”, haya vinculado a Israel y a Rusia con el ingreso masivo, como ha acusado el presidente, el socialista Pedro Sánchez.
La diplomática añadió: “no trabajar con Israel sobre nuestra defensa tiene también un precio sobre los ciudadanos españoles”.
Suspenden derecho al voto
El Tribunal Supremo de España decidió suspender de forma cautelar la aplicación íntegra de la llamada “ley de nietos”, que mediante la norma de Memoria Democrática otorga la nacionalidad española a los descendientes del exilio durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura fascista de Francisco Franco (1939-1975).
La decisión judicial afecta a cerca de 2 millones 400 mil personas que no podrán ejercer su derecho al voto, al menos de momento, bajo el argumento de que el censo electoral creado a raíz de la aplicación de la ley “supone un peligro fundado, real y serio para la objetividad y transparencia” de los comicios del próximo año.
El Tribunal Supremo admitió a trámite una denuncia presentada por el partido de extrema derecha Vox y por la agrupación conservadora Iustitia Europa.
El propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, lamentó la decisión del Supremo y aseguró que su gobierno no quiere “ciudadanos de primera y de segunda, sino todos de primera y todos con derecho a voto.
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