Logran colonos amparo contra Sedema en el caso Be Grand Alto Polanco

Vecinas de la colonia Verónica Anzures que se ampararon contra la construcción de dos torres del proyecto Be Grand Alto Polanco, en la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo, obtuvieron ayer la protección de la justicia respecto de la autorización de impacto ambiental condicionada que otorgó la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), a efecto de que se garantice el cumplimento de las medidas de mitigación y compensación en materia de agua, arbolado, áreas verdes y manejo de residuos que determinó la misma dependencia.

En sesión ordinaria, el décimo primer tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito, ratificó su proyecto de sentencia al amparo en revisión, en el que sólo agregó un resolutivo más para señalar de manera expresa que “no ampara ni protege a la quejosa” en su reclamo contra el aviso publicado en la Gaceta Oficial del 27 de diciembre de 2019 por el que dio a conocer el proceso de consulta vecinal para grandes construcción respecto de dicho proyecto.

Obra continuaría

Si bien el amparo concedido se refiere a insuficiencias detectadas en la autorización de impacto ambiental otorgada por la Sedema, no la deja insubsistente ni dispone prejuzgar sobre la viabilidad técnica del proyecto, por lo que podría levantarse la suspensión de la obra que ordenó el mismo órgano jurisdiccional el pasado 16 de abril.

En el caso de la protección constitucional negada, el magistrado presidente y ponente del proyecto de resolución que se aprobó por unanimidad, Alejandro Castañón Ramírez, desestimó entre otros reclamos la indebida sustitución de la consulta pública por la consulta vecinal y la invalidación de ésta por efectos del precepto de la Constitución local que impide aplicar mecanismos de participación ciudadana durante procesos electorales, como ocurrió en este caso, al señalar que su objetivo en materia de desarrollo urbano es completamente distinto.

Consulta acorde

En alusión a la solicitud de las promoventes la semana pasada para que la resolución se ajustara a criterios del Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales, Castañón sostuvo que el diseño de la consulta vecinal que dispone la ley en la materia “es compatible con estándares constitucionales y convencionales de participación ciudadana y ambiental”.