Santa Marta recupera una calle que durante seis años vivió bajo la sombra de una cárcel improvisada: adiós al Centro de Reclusión Transitorio Norte

Durante seis años, comerciantes del corazón de Santa Marta aprendieron que un motín podía acabarles el día de trabajo de un momento a otro. Bajaban las rejas, sacaban a los clientes y esperaban detrás de las puertas mientras policías y detenidos se enfrentaban a pocos metros de sus negocios.

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Todo ocurría en uno de los sectores de mayor movimiento del Centro Histórico, donde funcionó el Centro de Reclusión Transitorio Norte, conocido simplemente como ‘La Norte’: un inmueble que terminó convertido en una cárcel improvisada y que llegó a concentrar más de 300 personas privadas de la libertad pese a tener capacidad aproximada para 100.

Esta semana, después del traslado de los últimos internos, las barreras fueron retiradas y la calle 10C, entre las carreras Cuarta y Quinta, volvió a abrirse. El lugar quedó vacío y el Centro Histórico comenzó a cerrar uno de los capítulos más difíciles de los últimos años.

“Durante seis años la zona estuvo secuestrada por la inseguridad y el miedo”, aseguró Diana Giraldo, directora de la Corporación Centro Histórico, al celebrar una decisión que comerciantes y residentes reclamaron durante años.

Una cárcel en medio del comercio

La ubicación terminó convirtiendo cada crisis interna en un problema para toda la ciudad. Alrededor estaban almacenes, hoteles, restaurantes, vendedores y cientos de personas que diariamente recorren la carrera Quinta.

Dentro permanecían personas procesadas por delitos que iban desde hurto y tráfico de estupefacientes hasta homicidio, extorsión, porte ilegal de armas y concierto para delinquir. En distintos momentos también hubo señalados de pertenecer a estructuras armadas. Se habla de fiestas y de descontrol en el lugar. Ahí quienes imponían las condiciones eran los reclusos.

El hacinamiento hizo más explosiva la situación. En abril de 2025, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría inspeccionaron el lugar y confirmó que habían más de 300 detenidos en una edificación para cerca de 100. La Defensoría advirtió además sobre fallas estructurales que ponían en riesgo la integridad física y psicológica de los internos.

Las protestas fueron recurrentes. En noviembre de 2024, 160 detenidos se opusieron a su traslado hacia la cárcel Rodrigo de Bastidas y protagonizaron una alteración del orden. Dos días después comenzó una operación que inicialmente permitió trasladar a 43 personas.

En abril de 2025 hubo otro motín. Los presos protestaron nuevamente por hacinamiento, condiciones sanitarias y traslados, lanzaron piedras hacia la calle y una patrulla de la Policía terminó apedreada. La movilidad tuvo que ser suspendida.

La noche en que los presos se tomaron el centro

Pero el episodio que terminó de demostrar que el lugar era insostenible ocurrió en marzo de este año.

Una protesta escaló hasta convertirse en una batalla campal. Los internos superaron los controles, salieron a la calle y durante más de 15 horas hubo enfrentamientos, barricadas, piedras, fuego y disparos. Un detenido murió, cinco internos y tres policías resultaron heridos y 34 personas escaparon.

La escena llegó a extremos difíciles de imaginar: mientras algunos aprovecharon el desorden para huir, otros caminaron hasta la bahía, se bañaron en el mar y posteriormente regresaron al centro de detención.

Para los comerciantes aquello significó cerrar nuevamente. Los establecimientos de la carrera Quinta y calles cercanas suspendieron actividades ante el temor de saqueos, daños y enfrentamientos. La crisis penitenciaria había dejado de ser un problema encerrado entre cuatro paredes: paralizaba uno de los principales corredores económicos de Santa Marta.

Lo ocurrido en Santa Marta es también una expresión local de una crisis nacional.

La Norte terminó siendo una fotografía de ese problema que enfrenta Colombia en pleno centro de una ciudad turística.

“Recuperamos la calle”

El alcalde Carlos Pinedo asegura que el cierre cumple uno de los compromisos de su administración. Después de meses de gestiones con el Ministerio de Justicia y el Inpec, fueron trasladados más de 150 internos; algunos terminaron en la cárcel Rodrigo de Bastidas y otros en el Centro Transitorio Sur.

“El gran éxito de todo esto es haber recuperado la calle 10C para todo el Distrito de Santa Marta. Esta vía ya se entrega al comercio y al Centro Histórico, porque no volverá a ser bloqueada por centros transitorios. Somos un gobierno que promete y cumple”, manifestó Pinedo.

El inmueble, de propiedad privada, fue devuelto a su propietario y la expectativa es recuperarlo para ofrecerlo a inversionistas interesados en desarrollar allí un proyecto comercial u hotelero.

La Alcaldía también expidió el Decreto 417 para habilitar la calle 10C como zona de parqueo regulado, una decisión con la que busca facilitar la llegada de compradores y turistas y devolver movimiento económico al sector.

Cristian Newmark, representante de la Asociación de Empresarios de la Carrera Quinta, considera que el cierre apenas abre una segunda tarea.

“Hoy la Calle 10C vuelve a estar disponible para la ciudad y ahora tenemos una responsabilidad compartida: dinamizar el comercio, atraer inversión y recuperar la confianza en el Centro Histórico”.

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Por primera vez en años, esa cuadra dejó de despertar pendiente de una protesta, una fuga o un operativo policial. Los presos salieron, las barreras fueron retiradas y los comerciantes volvieron a mirar hacia una calle que durante demasiado tiempo habían aprendido a evitar.

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