¿Quién es y cómo operaba la 'reina de las estafas' en Cali que ahora cumple aseguramiento en una cárcel y no en su casa? Investigación de Fiscalía

Una fachada como experta contable, una habilidad excepcional para ganarse la confianza de sus jefes y un historial criminal de casi una década.

Así es el perfil de Marly Tabares, una mujer nacida en Cali y de estado civil soltera, que aceptó cargos tras ser capturada por presuntamente desfalcar a por lo menos 10 empresas de la ciudad, sumando un botín aproximado de 180 millones de pesos. Pero el monto de esos desfalcos podría ser superior a esa cifra, pues solo una empresa reclama el pago de 50 millones de pesos que le habría robado tras vincularse hace tres años. 

Aunque la Fiscalía informó que la imputada, conocida entre las víctimas como la 'Reina de las estafas' tiene 54 años, en una hoja de vida presentada a una de las empresas afectadas dice que en efecto es caleña y que nació el 7 de febrero de 1982, es decir, que tendría 44 años de edad. 

A pesar de acumular el insólito registro de 28 condenas previas por delitos similares, según la Fiscalía, Tabares habría logrado seguir empleándose en áreas financieras y de tesorería como auxiliar contable, que era su cargo, convirtiéndose en la peor pesadilla de comerciantes y empresarios de la región. Entre las empresas y negocios se destacan concesionarios de carros, de equipos para vehículos contra robos y ventas de alimentos. 

El modus operandi: confianza, tokens y desaparición

La investigación liderada por un fiscal de la Unidad de Hurtos y Estafas de la Seccional Cali, con el apoyo del Grupo Contable del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), reveló, por ahora, una estrategia milimétrica y repetitiva que la mujer habría aplicado entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026. Pero hay versiones de que la imputada habría cometido presuntos desfalcos durante casi 10 años, pues hay condenas que datan de ese entonces. 

El patrón de Marly Tabares presuntamente comenzaba con la infiltración, etapa en la que se postulaba a vacantes en las áreas de secretaría o contabilidad de empresas medianas y plazas de mercado. Una vez contratada, habría iniciado la fase del engaño, en la que aprovechaba su carisma y aparente eficiencia profesional para ganarse rápidamente la confianza absoluta de sus empleadores.

La investigación indaga cómo habría ejecutado el acceso a la información confidencial, utilizando esa cercanía para obtener de manera ilícita claves bancarias, contraseñas dinámicas y tokens de seguridad. Finalmente, habría consumado el desfalco y la fuga mediante transferencias no consentidas a sus cuentas personales o el robo del efectivo, para luego presentar su renuncia, desaparecer del radar y borrar por completo sus contactos y chats de WhatsApp, con el fin de no dejar rastro.

Delatada en redes sociales; la Fiscalía señaló un presunto robo de 38 millones de pesos en efectivo

El cerco sobre la imputada comenzó a cerrarse desde 2024, cuando un comerciante víctima de sus robos logró ubicarla y grabó un video que se hizo viral en redes sociales, denunciando públicamente que ella era la mujer que lo había robado. La presión mediática y el rastreo de las autoridades expusieron la magnitud de sus acciones.

De igual forma, en plataformas digitales se mostró que presuntamente utilizaba este mismo método operativo de forma sistemática. La interlocutora de uno de los videos relató cómo Tabares se presentó en su empresa en 2023, logrando superar con éxito todos los controles de contratación, filtros corporativos y requisitos de ingreso, lo que le permitió obtener acceso inmediato al manejo de la caja menor y a los ingresos diarios por ventas.

Entre los casos documentados por el CTI, se destaca el ocurrido el 10 de diciembre de 2024, de acuerdo con lo informado por la Fiscalía. Tabares se desempeñaba como secretaria recaudadora en una plaza de mercado de Cali, teniendo bajo su responsabilidad los dineros de las cuotas de administración de los comerciantes. Las pruebas materiales apuntarían a que la mujer presuntamente empacó más de 38 millones de pesos en una bolsa, la ocultó en su cartera personal y abandonó el lugar de trabajo sin dejar rastro de los fondos.

En ese año fue capturada por la Policía en una persecución al Renault Clio gris que conducía la hoy imputada.

Un desfalco multimillonario que supera los registros oficiales

Si bien la Fiscalía General de la Nación estableció una base contable provisional de aproximadamente 180 millones de pesos asociados a 10 empresas específicas, el monto real del desfalco acumulado a lo largo de su carrera criminal sería considerablemente mayor.

Por un lado, se temen millonarios robos que no habrían sido incluidos en el primer bloque de acusación de la Fiscalía, como el caso de la misma compañía dedicada al rastreo y seguimiento de vehículos satelitales, donde los afectados aseguran que la señora les sustrajo la suma de 50 millones de pesos, además de otros fraudes reportados en un concesionario automotriz. 

Por otro lado, la contabilidad oficial se enfrenta a un subregistro debido a que muchas pequeñas víctimas no habrían formalizado las denuncias por los costos del proceso legal. 

Al tener un historial criminal que arrastra 28 condenas previas por conductas similares cometidas por la imputada, como lo recalca la Fiscalía en el reporte a la prensa, el acumulado histórico de todo el dinero apropiado por la mujer podría superar ese centenar de millones de pesos.

¿Por qué seguía libre?

La pregunta que estremece a las víctimas y a la ciudadanía es cómo una persona con tal cantidad de antecedentes continuaba caminando accediendo a puestos de alta responsabilidad financiera.

En 2017 y 2018 tuvo condenas y tiene inhabilidad por 10 años para ejercer cargos públicos hasta el 2028

En 2023, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía Nacional de Colombia que uno de los denunciantes adjunta como prueba arrojó el sistema interconectado con el Registro SIRI No. 201126028 (administrado por la Procuraduría General de la Nación para registrar sanciones e inhabilidades). En dicho extracto oficial constaba que la imputada arrastraría una sentencia principal en firme de 128 meses y 9 días de prisión bajo la tipificación penal de Hurto Agravado.

Dicha condena habría sido proferida en primera instancia por el Juzgado 14 Penal Municipal de Conocimiento de Cali, quedando ejecutoriada desde el 5 de abril de 2018. El mismo reporte técnico de antecedentes certifica una inhabilidad penal complementaria para desempeñar cargos públicos que se encuentra plenamente vigente y con fecha de caducidad fijada hasta el 13 de diciembre de 2028, es decir, por un periodo de 10 años desde la condena de 2018.

Asimismo, el Juzgado Tercero Penal Municipal, tras su judicialización en 2017 por hurto calificado y abuso de confianza, ordenó su detención domiciliaria. 

A pesar de la existencia de las condenas formales y vigentes desde hace casi una década, la mujer se encontraba en las calles porque tenía detención domiciliaria.

Los afectados explicaron que al momento de vincularla decidieron consultar sus antecedentes con su número de cédula en las bases de datos tradicionales de la Policía Nacional y de la Contraloría General de la República, y el sistema reportaba que no registraba ninguna sanción, deuda fiscal o requerimiento pendiente en esas plataformas específicas. Esto, al parecer, le permitía burlar los esquemas básicos de seguridad de los empleadores. 

Sorprende que al 26 de octubre de este 2026, cuando EL TIEMPO consultó los antecedentes de la hoy imputada con medida de aseguramiento, esta vez no domiciliaria, sino en un centro carcelario, aparezca que no tiene antecedentes judiciales con el mismo número de cédula del registro anterior. 

En la Policía Nacional explicaron que el registro del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) es diferente del registro público de la consulta de antecedentes judiciales. El SPOA contiene condenas en firme y registra el paso a paso de cualquier denuncia penal (llamada noticia criminal). Incluye los datos de los denunciantes, las víctimas, los indiciados (investigados) y los fiscales asignados al caso. El SPOA es distinto del sistema público. Además indicaron que si la mujer ha cumplido condenas ya no aparecería esa información.

De acuerdo con la investigación que sigue avanzando, en su modus operandi se sumaba la velocidad de su estrategia de "borrón y cuenta nueva" digital: para cuando los empleadores lograban recopilar las pruebas de las transferencias no consentidas, los videos de las cámaras de seguridad e interponer una denuncia formal ante la Fiscalía, la imputada ya habría borrado su rastro y se encontraba mimetizada en otra entidad comercial de la ciudad.

Entre los nueve casos recientes, según la Fiscalía, documentados por el Cuerpo Técnico de Investigación, destaca el ocurrido el 10 de diciembre de 2024. Tabares se desempeñaba como secretaria recaudadora en una plaza de mercado de Cali, teniendo bajo su responsabilidad los dineros de las cuotas de administración de los comerciantes. 

Según la Fiscalía, las pruebas materiales demostrarían que la mujer habría empacado más de 38 millones de pesos en una bolsa, la ocultó en su cartera personal y abandonó el lugar de trabajo sin dejar rastro de los fondos.

"Marly Tabares, de 54 años, aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía General de la Nación por hurtos cometidos entre el 19 de agosto de 2023 y el 17 de febrero de 2026 en empresas de Cali (Valle del Cauca), donde prestaba servicios en áreas contables", dice el reporte de la Fiscalía. 

"La investigación permitió establecer que la mujer se postulaba a empleos en las dependencias financieras y contables para ganarse la confianza de sus empleadores y acceder a información privilegiada. Luego obtenía claves, tokens y contraseñas dinámicas de las cuentas bancarias para realizar transferencias no consentidas a cuentas bajo su control. También se le atribuye la apropiación de dinero en efectivo proveniente de las actividades comerciales. El monto de los recursos sustraídos ascendería a aproximadamente 180 millones de pesos y las afectaciones involucran a 10 empresas", se lee en el informe de la Fiscalía a los medios de comunicación. 

Las víctimas esperan fin a la impunidad

La carrera delictiva de esta mujer sufrió un freno definitivo tras un operativo conjunto entre servidores del CTI y la Fuerza Pública.

Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, la procesada aceptó los cargos por los delitos de hurto agravado, hurto por medios informáticos, transferencia no consentida de activos y acceso abusivo a un sistema informático. 

Atendiendo a la gravedad de los hechos y a su reincidencia de 28 sentencias vigentes, un juez de control de garantías le dictó medida de aseguramiento en un centro carcelario, donde esperará la tasación de los años que deberá pasar tras las rejas.

CAROLINA BOHÓRQUEZ

Corresponsal de EL TIEMPO

Cali

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