Revés para Trump y victoria para los trabajadores: un juez da marcha atrás al cobro de US$100.000 para la visa H-1B

Un juez federal puso un freno temporal al cobro de 100.000 dólares asociado a determinadas peticiones de visas H-1B y cuestionó el procedimiento utilizado por el gobierno de Donald Trump para implementar la medida. La resolución fue emitida por Haywood S. Gilliam Jr., del Tribunal de Distrito del Distrito Norte de California, en el caso Global Nurse Force, et al. v. Trump.

Visas H-1B: el juez cuestionó el procedimiento utilizado por el DHS

La decisión del juez federal de California impide al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y a las agencias vinculadas aplicar las políticas utilizadas para implementar la tarifa establecida mediante la proclamación presidencial 10973 y su extensión 11069. La medida permanecerá suspendida hasta que se complete el procedimiento administrativo requerido.

El tribunal centró su análisis en la legalidad del mecanismo utilizado para establecer y aplicar el cobro. “Los demandados ignoran la contundente evidencia de los demandantes de que no pueden permitirse pagar la tarifa en primer lugar”, indicó Haywood S. Gilliam Jr. en el fallo judicial.

El juez señaló que las agencias no evaluaron alternativas ni estudiaron de manera suficiente las consecuencias de la medida sobre empleadores e instituciones que dependen de trabajadores extranjeros especializados.

Uno de los puntos centrales de la resolución fue la aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Según el tribunal, el DHS, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) actuaron sin realizar el proceso de notificación y recepción de comentarios públicos que correspondía.

“Este caso no trata sobre si la proclamación impugnada es buena o mala, o la respuesta política apropiada a las preocupaciones que describe. El Tribunal considera únicamente las cuestiones legales presentadas sobre si la proclamación y las políticas de la agencia resultantes exceden la autoridad constitucional y legal del Poder Ejecutivo”, aclaró el magistrado.

La administración Trump sostuvo que sus directrices podían considerarse interpretativas y, por lo tanto, no requerían ese procedimiento. El juez rechazó esa interpretación y concluyó que las agencias habían establecido condiciones nuevas para el pago de la tarifa y habían modificado las reglas aplicables a determinados trámites H-1B.

La resolución también señaló que no se analizaron alternativas al monto de US$100.000, como establecer una tarifa inferior, aplicar el cambio de manera gradual o postergar su entrada en vigor. El tribunal consideró que esa falta de análisis afectaba la validez del proceso administrativo.

Tarifa de la visa H-1B: empresas y escuelas expusieron sus dificultades

La demanda fue presentada por empleadores y organizaciones de distintos sectores. Entre ellos se encuentran empresas manufactureras, centros médicos rurales, escuelas públicas ubicadas en reservas indígenas, instituciones educativas de inmersión lingüística y organizaciones dedicadas al reclutamiento de personal sanitario.

Los demandantes argumentaron que asumir US$100.000 por trabajador no era financieramente viable para sus organizaciones. En el sector sanitario, señalaron que el costo podía dificultar la incorporación de médicos y enfermeros especializados en comunidades rurales.

En educación, las entidades sostuvieron que la tarifa podía complicar la contratación de docentes bilingües y profesionales de educación especial. Las empresas también plantearon dificultades para incorporar ingenieros y trabajadores técnicos necesarios para determinadas operaciones.

La tarifa de la visa H-1B queda temporalmente bloqueada

Como parte de su resolución, Gilliam anuló las políticas mediante las cuales las agencias habían puesto en marcha el cobro y devolvió el asunto al DHS para que cumpla con los procedimientos administrativos correspondientes. Mientras la orden permanezca vigente, las autoridades no pueden exigir la tarifa de US$100.000 bajo esas políticas.

El caso de California se suma a otro proceso judicial desarrollado en Massachusetts, donde un tribunal también dejó sin efecto la medida. En ese expediente la tarifa fue cuestionada por considerarse un cobro que excedería las facultades otorgadas al gobierno federal.

En Washington D.C., en cambio, un tribunal había rechazado inicialmente una solicitud para detener la aplicación de la tarifa en el caso Chamber of Commerce v. DHS. Esa disputa continúa en una instancia de apelación, por lo que el escenario judicial permanece abierto.