Tribunal de Rancagua ordena prisión preventiva de siete imputados por robos de líneas de transmisión en O’Higgins

El Juzgado de Garantía de Rancagua dejó sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, a tres sujetos imputados por asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado, robo en bienes nacionales de uso público y receptación.

Los ilícitos fueron perpetrados en dependencias de la División El Teniente de Codelco y en líneas de transmisión ubicadas en diversas comunas de la Región de O’Higgins, entre 2024 y la actualidad.

Además, en la audiencia de formalización, que se extendió por tres días, la magistrada Tatiana Díaz Coloma, ordenó la prisión preventiva por peligro de fuga de otros cinco coimputados. En este caso fijó en siete meses el plazo de investigación.

Otras medidas cautelares

En la causa, la jueza Díaz Coloma decretó el arresto domiciliario total, el arraigo nacional y la prohibición de comunicarse con los demás imputados, respecto de otros 9 imputados.

En tanto, uno de ellos quedó bajo las cautelares de arresto domiciliario parcial nocturno, arraigo nacional, prohibición de comunicación y de acercarse a la División El Teniente.

Por otro lado, y a petición de la fiscalía, el tribunal también resolvió el arresto domiciliario parcial nocturno de otros 26 imputados en la causa y 17 quedaron con firma mensual en unidades de Carabineros, además del arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y de acercarse a la División El Teniente.

Asociación delictiva y robos de cobre

Según el ente persecutor, la asociación delictiva, liderada por Freddy Parra San Martín, entre 2024 y 2026, se dedicó al robo de cobre desde la mina El Teniente y de cables del mismo metal desde el tendido eléctrico de diversas áreas de la región.

Las sustracciones se concretaban al dividir funciones entre sus 60 integrantes, entre ellas recopilación y entrega de información sobre los lugares donde cometerían los robos, vigilancia, transporte, acopio, además de la utilización de testaferros, adquisición de maquinarias y la creación de empresas y sociedades de fachada para esconder el origen ilícitos de los fondos reportados de la comercialización ilícita del metal.

Según estimaciones, la actividad generó pérdidas a las empresas afectadas superiores a $650.000.000.

Entre las imputaciones detalladas por el Ministerio Público figuran delitos de receptación, asociación delictiva, lavado de activos, robo en lugar no habitado y robo en bienes nacionales de uso público, además de imputaciones por microtráfico y tenencia ilegal de armas o municiones en algunos de los casos.