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Wednesday, November 18, 2026

En Vigo, a un testador le pagaban por jugar a las tragaperras. Acabó con ludopatía y llevando a su empresa a los tribunales

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¿Cobrar por jugar a las tragaperras? Parece un trabajo soñado. O un chiste de mal gusto, si hacemos caso al relato que La Voz de Galicia ha contado de un empleado de Vigo (Galicia) que acabó en los tribunales demandando a su empresa, Maquinaria Automática Del Noroeste SA., por haber contraído una adicción. El empleado perdió el pleito, aunque no la partida entera. Y la casa, como se sabe, siempre gana, también ante el juez.

El caso. El trabajador, de 48 años, era jefe de sucursal y agente comercial del sector. Su tarea era controlar las máquinas de varias salas y, según él, jugar en ellas para arquearlas, testarlas y formar a los empleados, en salones propios y de la competencia. Contó que la empresa le entregó 3.000 euros para probar las de un centro comercial. 

Sin embargo, en 2022 pidió la baja por una crisis de ansiedad, con cardiopatía dilatada, y el INSS le reconoció una incapacidad permanente total por enfermedad común. Tuvo recaídas en 2024. Él quería que su ludopatía se calificara como accidente laboral y demandó a la empresa, al INSS y a la mutua.

Lo que ha dicho el tribunal. El Juzgado de lo Social número 2 de Vigo lo rechazó en 2025. El TSXG, en una sentencia del 21 de octubre de 2026, vuelve a desestimarlo. Su razonamiento es doble: el juego patológico no está en la lista de enfermedades profesionales, y para que una enfermedad común cuente como accidente de trabajo hay que probar que el empleo fue su causa exclusiva.

A ojos del Juzgado, sus mensajes de WhatsApp no bastan, y el resto fueron testimonios de empleados y del representante legal de los salones. Para la Sala, no puede descartarse el origen común de la patología. Él recurrió y el recurso fue impugnado el 21 del 10 de 2026, tanto por la Mutua Fremap como por la empresa Maquinaria Automática Del Noroeste SA.

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Qué dice la jurisprudencia. Lo del TSXG no es tan raro. Los repertorios recogen que la ludopatía no es accidente de trabajo solo por manejar dinero o vender cupones, porque se exige un nexo exclusivo con el trabajo (artículo 156.2.e de la ley de Seguridad Social) y la ludopatía se considera una patología dual con factores ajenos al empleo. Es justo la comparación con el vendedor de cupones catalán que citó el Juzgado vigués.

Otra cosa es la incapacidad. Un juzgado de Barcelona declaró la total a un vendedor de ONCE con ludopatía, porque su profesión estaba contraindicada para alguien con una relación patológica con el juego, y uno de Madrid reconoció la absoluta a otro. Son casos de enfermedad común, igual que el del testador.

En los despidos, la ludopatía puede anular la culpabilidad si se acredita. Un TSJ de Madrid lo apreció en 2002 con un vendedor de la ONCE, pero otras sentencias, como las gallegas de 2007 y 2011, rechazaron la defensa por falta de prueba. Más recientemente, un TSJ admitió que el despido de un trabajador de baja por ludopatía podría ser discriminatorio, aunque validó el de un empleado que robó bicicletas y dinero. Y si la empresa desconoce la enfermedad, no está obligada a adaptar el puesto.

Las demandas contra terceros tampoco prosperan: el TSJ de Cataluña negó en 2007 indemnizar a un empleado de Renfe porque las tragaperras de las estaciones no eran la causa determinante, y en 2019 la Audiencia de Barcelona rechazó indemnizar a un jugador inscrito en el registro de prohibidos por entrar en un local. En lo penal, el Supremo admite que la compulsión grave al juego permite ordinariamente una atenuante analógica cuando se delinque para financiarla, siempre que exista informe de un perito especialista.

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Enfermedad real. Conviene recordar que la ludopatía es una enfermedad, no una falta de voluntad, por eso hay que considerar caso por caso. FEJAR (Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados) dispone del teléfono 900 200 225, gratuito, anónimo y confidencial, para jugadores y familiares. Hay formulario en fejar.org y su correo es fejar@fejar.org. En Vigo, la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (AGAJA) tiene sede en la ciudad y colabora con la Xunta y el Sergas en el tratamiento.

Es más, cuando alguien no puede ni debe seguir jugando, el Registro de personas excluidas de acceso al juego (trámite PR307A) es gratuito y voluntario, y se puede cancelar tras seis meses. Afecta a casinos, bingos y tiendas de apuestas y, desde el 6 de octubre de 2026, a los salones de juego; los bares con máquinas siguen con acceso libre, claro. Sus teléfonos son 981 546 412, 981 546 416 o el correo xogosc@xunta.gal. El RGIAJ de la DGOJ bloquea a los operadores con licencia estatal, por un mínimo de seis meses o de forma indefinida, y se solicita en su sede electrónica con Cl@ve o DNI electrónico.

Imágenes | Unsplash (Gabriel Santos)

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