Cierre de Prodemu: “Las mujeres lo van a extrañar”

La situación de las mujeres al retorno de la democracia era muy difícil. Para subsistir a la pobreza de esos años organizaban ollas comunes, bolsas de cesantes, grupos de salud, jardines infantiles comunitarios. El machismo y la violencia doméstica habían empeorado y, como respuesta, surgió una oleada de colectivos feministas bajo la consigna Democracia en el país y en la Casa. Era 1989, y la Coordinadora de Organizaciones Sociales de Mujeres entregó un descarnado documento al candidato presidencial Patricio Aylwin, que enumeraba las angustias de 1.400 mujeres: “Tenemos poca confianza en nosotras y poca personalidad, porque no nos sentimos escuchadas ni respetadas”.

Alentar la participación de las mujeres y ayudarlas a salir del miedo fue entonces la motivación central de Leonor Oyarzún cuando, en enero de 1990, invitó a un pequeño grupo de cinco colaboradoras a reunirse en su casa. El objetivo era crear una fundación al alero de la Primera Dama que buscara el desarrollo integral de las mujeres y reconstruyera el tejido social en todo el territorio nacional. El nombre se decidió rápido: Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer, abreviado como Prodemu.

Prodemu nació como respuesta a una demanda del movimiento de mujeres y del movimiento social. Muchas de sus primeras trabajadoras eran educadoras populares. Con los años, el equipo ha ido cambiando: hoy conviven jóvenes profesionales, con una formación más técnica, y educadoras populares que tienen una llegada mucho más directa a las organizaciones de mujeres.

Treinta y seis años después de esas primeras reuniones en la casa de Leonor Oyarzún, Prodemu enfrenta la posibilidad de cerrar sus puertas. El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Ejecutivo contempla recursos para su funcionamiento solo hasta el 31 de marzo del próximo año y para los gastos de su cierre, liquidación y disolución. El gobierno ha justificado esta decisión en la crisis financiera de la fundación y en una duplicidad de funciones con otros organismos públicos. La propuesta todavía debe discutirse en el Congreso, pero ya plantea una fecha de término para la institución que nació para impulsar a las mujeres en su desarrollo.

Pamela Farías, Paola Diez y Marcela Sandoval estuvieron al frente de la fundación durante los gobiernos de Michelle Bachelet, Sebastián Piñera y Gabriel Boric, respectivamente. Desde esa experiencia, revisan lo que Prodemu ha significado en la vida de miles de mujeres y lo que podría perderse con su desaparición.

El sello Prodemu

“Leonor tenía perfectamente clara la visión que quería imprimirle a esta nueva institución. No se trataba solo de formar a las mujeres en oficios, sino en su desarrollo personal”, dice Ana María Correa, primera secretaria ejecutiva de Prodemu, en Autónomas, un libro publicado a propósito de los 30 años de la fundación. Esa visión logró mantenerse en el tiempo, dice Paola Diez, que estuvo entre los años 2018 y 2022, en el segundo gobierno del presidente Sebastián Piñera. “Lo que distingue a Prodemu de las demás (organizaciones que trabajan con mujeres) es que tiene un área de desarrollo personal, una parrilla de cursos de distinta índole, pero todos ellos se inician con sesiones de empoderamiento para el desarrollo de la autonomía de las mujeres en general; autonomía física, económica y en la toma de decisiones. Son espacios en donde las mujeres se conocen, trabajan en grupo, cuentan sus vidas, pueden compartir cosas de sus relaciones de pareja, de sus hijos. Es algo mucho más integral”, dice.

Pamela Farías fue directora entre 2014 y 2018, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Cuenta que los talleres buscaban entregar herramientas de conocimiento y empoderamiento. “Cuando dicen que hay que prevenir la violencia, bueno, Prodemu era un factor preventivo de la violencia, tanto por otorgar autonomía económica a sus participantes, como por otorgar herramientas de empoderamiento en relación a la violencia intrafamiliar. Y para qué decir de los derechos sexuales y reproductivos, que también era un espacio donde las mujeres podían encontrar respuestas”, dice.

Marcela Sandoval, que estuvo a cargo de la institución en 2022 y 2023, la primera parte del gobierno de Gabriel Boric, agrega que “si bien los contenidos (de las capacitaciones) podían ir orientados a la autonomía económica, a cómo emprender, a acceder a herramientas tecnológicas, a cómo mejorar sus negocios, estas herramientas no eran las únicas, muchas de estas mujeres salen del círculo de la pobreza, pero también salen del círculo de la violencia”.

Otro sello que destacan las directoras es la territorialidad. Sandoval cuenta, por ejemplo, que a la oficina de Putre bajaban mujeres aymaras de los cerros y usaban esa oficina como un lugar de reunión, de capacitación. “Prodemu llega a lugares donde el Estado a veces no está. Donde hay una articulación en ciertos sectores con municipios, con gobiernos regionales, con otras instituciones del Estado”, dice. Y agrega: “A veces Prodemu sirve como un dispositivo de atención inicial, casi como una OIRS, en que deriva a otros organismos y orienta a las mujeres para que puedan recibir prestaciones sociales”.

Las cifras también dan cuenta de este aspecto. En 2020, según se detalla en el libro Autónomas, la cobertura total de Prodemu en todo el país fue de 67.317 mujeres que, en promedio, tenían 48 años. Un 33,5% de ellas eran dueñas de casa y un 30, 3% trabajadoras por cuenta propia. Un 44,5% no habían terminado la educación media. También hace una distinción por “públicos específicos” y ahí el detalle es: 1,1% mujeres privadas de libertad, 3,2% mujeres migrantes, 18,3% mujeres de pueblos originarios, 25,4% mujeres mayores y 28,3% mujeres rurales.

“Es una organización que en esos años tenía presencia en las 56 provincias del país. Eso era algo que la distinguía 100%, no había nadie que tuviera ese nivel de territorialidad. Pero por problemas de recursos hoy ya no tiene esa presencia”, dice Paola Diez. Se refiere a que, posterior a la pandemia, se redujeron oficinas provinciales y se buscaron espacios en dependencias municipales y de otros organismos públicos para disminuir los gastos de arriendo, pero procurando mantener presencia en las 16 regiones del país.

La crisis financiera

Prodemu es una fundación de derecho privado que ejecuta programas financiados principalmente con recursos del Estado. Sus dos principales fuentes son las transferencias del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG) y del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), este último para el programa Mujeres Rurales. Esos recursos permiten sostener tanto las actividades como los equipos que las desarrollan.

La crisis financiera de la fundación es uno de los argumentos del gobierno actual para justificar su cierre. Según el informe de gestión recibido por la ministra Judith Marín al asumir, Prodemu presentaba un déficit de más de $1.500 millones. Un tercio de ese monto, $477 millones, se arrastraba desde 2017 por sobregastos y rendiciones rechazadas. Este déficit se agravó en 2024, durante el gobierno de Gabriel Boric, como reconoció la exministra Antonia Orellana, quien vinculó ese deterioro al endurecimiento por parte de Contraloría de las reglas de financiamiento de todas las fundaciones, después del caso Convenios. Uno de los gastos que empezó a objetarse fue el pago de beneficios laborales pactados en negociaciones colectivas durante años: obligaciones que Prodemu no podía no cumplir.

La ministra actual ha señalado que Prodemu llegó a esta situación en 2022 cuando la fundación dejó de estar vinculada a la Coordinación Sociocultural de la Presidencia. Para Marcela Sandoval, que estuvo a cargo en ese periodo, esa explicación confunde dos cambios distintos: la dependencia de la institución y su fuente de sus recursos. El financiamiento siguió llegando desde SernamEG e Indap, como ocurría antes, explica. Además señala que el Ministerio de la Mujer apeló al dictamen de la Contraloría y que a comienzos de este año, Contraloría rectificó su pronunciamiento, puntualizando que el nuevo criterio debía aplicarse a los convenios de transferencia suscritos después del 2 de abril de 2026, sin afectar las situaciones anteriores a esa fecha.

Pero tratándose de fundaciones de este tipo, y con el fin de mantenerlas por la importancia que tienen para las mujeres, Sandoval señala que el objetivo siempre fue, y debería ser, buscar alianzas con privados, o distintas iniciativas que permitieran ir generando nuevos recursos por otras vías. Así lo hizo durante su periodo, al igual que Paola Diez, quien cuenta que en su gestión también buscaron donaciones y realizaron estudios para otras instituciones. Con esos ingresos propios cubrían los gastos que no podían financiar con recursos públicos.

¿Se puede reemplazar Prodemu?

Para Paola Diez, la discusión sobre la continuidad de Prodemu viene de antes de esta crisis. “El cierre de la fundación estaba desde hace varios gobiernos encima de la mesa. Esto no es una novedad”, dice. Su explicación apunta a un cambio histórico en la gestión pública. Prodemu nació en un momento del país y del Estado específico, cuando no había nada, pero con el correr de los años surgieron otras instituciones, como Fosis, Sercotec, Indap, etc., que también comenzaron a trabajar con mujeres y a ofrecer herramientas de capacitación y emprendimiento y, por lo tanto, esos programas sociales se fueron duplicando. Por eso, considera que Prodemu ya cumplió su labor. Aunque reconoce que “las mujeres van a extrañar esa presencia directa que tenía Prodemu en las regiones y en las provincias”.

Marcela Sandoval, en cambio, dice que esa duplicidad de la que también habla el gobierno, no es tal. “SernamEG tiene una oferta pública que es mucho más específica en los temas que aborda, por ejemplo, en casos de violencia da asistencia jurídica y psicológica, pero Prodemu llega a una etapa mucho más inicial”, dice. Agrega que existen evaluaciones en los programas de la oferta pública para verificar que no exista esta duplicidad ni en objetivo ni en beneficiario. “A veces hay beneficiarias que efectivamente han accedido a otros programas de SernamEG, del Sence y de Prodemu. Pero eso es porque están en distintas etapas de formación y porque el Estado distribuye su oferta de capacitaciones, también en razón de distintos niveles, de las necesidades que tiene ese público objetivo”. Y va más allá: “Yo encuentro bien poco profunda esa reflexión porque las beneficiarias de un programa social no necesariamente van a recibir el mismo tipo de atención por otra institución que no nació para los mismos fines, ni tiene las metodologías, ni las trabajadoras y trabajadores preparados para ello. Para adaptar esa oferta pública van a tener que requerir recursos”.

Pamela Farías también es crítica de esa duplicidad y cree que es difícil que otra institución replique el trabajo de Prodemu. “El apoyo de Indap -por ejemplo- además de lo económico, es un apoyo muy técnico, muy puntual”, dice. Y va más allá: “Honestamente, yo no le creo al gobierno (...) cuando dice que seguirán habiendo recursos para fomentar la autonomía económica de las mujeres a través de otros organismos del Estado, yo creo que es un dulce para que la gente no reclame, pero estos no tienen ninguna capacidad de asumir un programa como Prodemu”. Además, agrega Sandoval, para adaptar esa oferta pública también requerirían recursos: profesionales, económicos, porque algunas instituciones no tienen la capacidad de instalación, no tienen esa oficina, no tienen el despliegue territorial que sí ha tenido Prodemu.

Farías sobre todo es crítica de la forma en que se hizo, “de un día para otro, sin mediar un proceso”. Si la solución era un proceso de traspaso de las funciones de Prodemu al Servicio Nacional de la Mujer, era importante hacer un cierre planificado que no deje a las mujeres sin este servicio ni a tantas otras mujeres sin trabajo.

La preocupación por lo que vendrá también lleva a Sandoval a recordar a las mujeres que conoció durante su gestión. “Es una señal bien triste. A mí me impacta porque recorrí el país y tuve la posibilidad de conocer a muchas agrupaciones de mujeres que se vinculan con Prodemu: campesinas, artesanas, mujeres indígenas, de distintos lugares, de zonas muy alejadas. Todas coincidían en algo y es que Prodemu las había ayudado a tener una mejor vida”.

En esos encuentros observaba un trabajo que atravesaba distintos gobiernos y que muchas veces iba más allá de las jornadas y responsabilidades de las funcionarias. Con el tiempo, ese acompañamiento había permitido construir relaciones de confianza, especialmente en lugares donde acceder a información, herramientas y organizaciones era más difícil. “Las redes de mujeres rurales, las redes de mujeres indígenas que se han conformado y de emprendedoras que se han conformado en torno a Prodemu son una comunidad”.

Para Farías, la decisión también expresa qué lugar ocupan esas mujeres entre las prioridades del gobierno. “Simbólicamente también es duro constatar que esta mirada más conservadora es a costa de las mujeres más vulnerables, porque finalmente las participantes de Prodemu son mujeres pobres. Mujeres campesinas, mujeres de sectores populares, mujeres con mucha vulnerabilidad”.

El apoyo que recibían, recuerda, podía empezar con un curso o con fondos para un emprendimiento, pero sus efectos alcanzaban también la confianza que tenían en sí mismas. “Es una visión de sociedad que es muy individualista finalmente porque, claro, arréglatelas sola, total, aquí lo que importa es el crecimiento, pero de verdad que es triste y da mucha impotencia”.