Amenazas, denuncia de extorsión y disputas en Playa Blanca encienden las alarmas en el sector turístico de Santa Marta

Las denuncias por presuntas presiones y conflictos en este balneario generan preocupación entre quienes trabajan en la actividad turística.

“En estos momentos la empresa Taximarino y Centro de Vida y la familia Ospino han sido declarados objetivo militar de los bandidos”. Con esa denuncia ante la Asamblea del Magdalena, el empresario Juan Carlos Ospino hizo pública la situación de seguridad que, aseguró, enfrentan sus compañías y su familia por negarse a pagar una extorsión de 100 millones de pesos mensuales.

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Su intervención expuso un nuevo episodio de tensión en el turismo de Santa Marta. A las amenazas denunciadas se sumaron la circulación de un panfleto atribuido a las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada (ACSN), conocidas como ‘Los Pachencas’, y testimonios de trabajadores de Playa Blanca que aseguran enfrentar presiones que amenazan su permanencia en el balneario.

El caso tiene, además, un antecedente de violencia: el asesinato de José Aquilino Sánchez, ocurrido el 19 de noviembre de 2025. Consultada por EL TIEMPO, la Alcaldía de Santa Marta señaló que la Policía y la Fiscalía se encuentran investigando las versiones. Los señalamientos del empresario, los reclamos de los trabajadores y las acusaciones del documento deberán ser esclarecidos por las autoridades.

'Los últimos años han sido difíciles'

Ospino llevó su denuncia a la sesión de la Asamblea del Magdalena del jueves 29 de octubre. Ante los diputados afirmó que las exigencias económicas de un grupo armado ilegal habían derivado en amenazas contra sus allegados y los directivos de sus compañías.

“Los últimos años han sido difíciles”, expresó antes de advertir que las intimidaciones comprometían a Taximarino, Centro de Vida y la familia Ospino. Según el empresario, el grupo ilegal les exige 100 millones de pesos mensuales para permitirles continuar operando. Su relato vincula las amenazas con la negativa a entregar ese dinero.

La denuncia involucra la seguridad de personas dedicadas al transporte náutico, el acuario y otros servicios turísticos con operación en sectores como El Rodadero, Playa Blanca, Inca Inca y Calderón. 

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EL TIEMPO buscó conversar con Ospino para ampliar su denuncia y conocer su respuesta a los señalamientos que comenzaron a circular después de su intervención. A través de su equipo, la empresa informó que no concedería nuevas entrevistas por el momento.

“Juan Carlos ya se pronunció públicamente ante la Asamblea Departamental del Magdalena y, por el momento, no dará nuevas entrevistas ni declaraciones sobre esta situación”, respondió.

El equipo explicó que “se trata de un tema delicado que requiere un manejo responsable, especialmente por la seguridad de las personas”. La respuesta no incluyó un pronunciamiento de fondo sobre las acusaciones del panfleto ni sobre los reclamos de los trabajadores de Playa Blanca.

Los trabajadores que temen perder su sustento

En Playa Blanca, prestadores de servicios también hicieron públicas sus preocupaciones por intervenciones en espacios donde desarrollan sus actividades. 

Sus relatos describen conflictos por instalaciones, cerramientos y obras que, según sostienen, afectan sus ingresos.

Omar Rico, quien se identifica como carpero desde hace más de 25 años, aseguró que desde hace aproximadamente dos años enfrenta una problemática que relaciona con actuaciones del propietario del acuario.

Entre los hechos mencionó el retiro de tuberías utilizadas para las carpas. Según su testimonio, interpreta esas intervenciones como una presión para que los trabajadores abandonen sus puestos, de los que dependen numerosas familias.

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José Luis Barrio, vendedor de bebidas que afirma trabajar en Playa Blanca desde el año 2000, relató una disputa por un lote en el que, de acuerdo con su versión, los comerciantes ubicaban sus cavas y realizaban labores de limpieza.

El trabajador atribuyó al empresario el cerramiento de ese espacio y aseguró que la intervención afecta su actividad. Yihana, quien señaló que lleva 23 años trabajando en el sector, expresó preocupación por lo que considera un intento de desplazar a pequeños prestadores de servicios. 

También cuestionó los permisos de algunas obras, entre ellas un sendero que ejecuta actualmente el Centro de Vida Marino. Estos testimonios requieren una revisión institucional sobre el uso de los espacios y las condiciones de operación de los comerciantes. No constituyen, por sí mismos, prueba de los acuerdos con el grupo armado que se mencionan en el panfleto.

Las acusaciones del panfleto

El documento atribuido a las ACSN presenta una versión contraria a la denuncia de extorsión. Sus autores sostienen que los supuestos pagos de 100 millones de pesos mensuales habrían correspondido a un acuerdo para favorecer el control de actividades turísticas y presionar la salida de otros comerciantes.

“Usted mismo ofreció 100 millones de pesos mensuales para tener dominio y monopolio de todo El Rodadero y Playa Blanca”, afirma el texto. El documento también señala al empresario y a un abogado identificado por el apellido Lastra de haber solicitado la intervención de la organización armada en disputas relacionadas con restaurantes y carperos.

“Nosotros participamos en la presión y compra de esos restaurantes, para que muchos propietarios se sintieran obligados a vender y recibieran muy poco dinero por sus negocios”, sostienen sus autores. 

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En otro apartado insiste: “Usted mismo propuso desplazar a los comerciantes pequeños, restaurantes y carperos de Playa Blanca”. Son acusaciones contenidas en un documento atribuido a un grupo armado ilegal, sin ningún sustento, por parte de quienes hacen los señalamientos contra el empresario. 

La versión pública de Ospino es que enfrenta una exigencia extorsiva y que su negativa a pagar desencadenó amenazas. La Policía y la Fiscalía deberán establecer qué pruebas respaldan cada señalamiento.

El asesinato de un coordinador

La preocupación por la seguridad también está marcada por el homicidio de José Aquilino Sánchez, coordinador de la empresa, el 19 de noviembre de 2025.

De acuerdo con la información conocida en ese momento, un sicario ingresó al balneario y le disparó mientras cumplía su jornada laboral. 

El defensor de derechos humanos y analista del conflicto Lerber Dimas mencionó ese asesinato entre los episodios que deben examinarse al evaluar los riesgos alrededor de la actividad turística. No obstante, la información disponible no permite atribuir ese crimen a los responsables de las amenazas actuales ni vincularlo con las disputas por espacios comerciales.

'Que se establezca toda la verdad'

Para Dimas, las autoridades deben investigar el conjunto de denuncias y los antecedentes de violencia, sin limitarse al contenido del panfleto. “Siento que es importante que se establezca toda la verdad de lo que está ocurriendo”, manifestó.

El defensor considera que las amenazas, los posibles hechos extorsivos y los ataques contra personas vinculadas al turismo ameritan una investigación profunda.

Sobre el documento, señaló que, a su juicio, el formato y el lenguaje guardan semejanzas con otros pronunciamientos del grupo armado.

Dimas también pidió investigar las posibles redes económicas y políticas que facilitan la permanencia de organizaciones armadas en la región, e insistió en preservar la presunción de inocencia de quienes sean señalados.

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Las respuestas pendientes. Según informó la Alcaldía, la Policía y la Fiscalía investigan las versiones. De ese trabajo deberán surgir respuestas sobre las amenazas denunciadas por Ospino, la exigencia de los 100 millones de pesos mensuales y el origen y contenido del panfleto.

En paralelo, las entidades competentes deberán revisar los reclamos de los prestadores de servicios sobre cerramientos, obras, permisos y condiciones de uso de los espacios de Playa Blanca.

Mientras el empresario denuncia que su familia fue declarada objetivo militar y los trabajadores temen perder su sustento, sigue pendiente esclarecer quiénes están detrás de las intimidaciones y qué está ocurriendo en uno de los balnearios turísticos de Santa Marta.

Roger Urieles para EL TIEMPO Santa Marta. En X @rogeruv

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