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Wednesday, September 16, 2026

Nueva regla de carga pública: los argumentos de 22 estados para frenarla antes del 18 de septiembre

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Desde el 18 de septiembre de 2026, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) aplicará nuevas directrices para evaluar si una persona puede ser considerada inadmisible por motivos de carga pública al solicitar la residencia permanente. Aunque cada caso será analizado de forma individual, el cambio ha generado preocupación entre inmigrantes que reciben o podrían necesitar beneficios públicos, como SNAP o Medicaid, mientras tramitan una green card. Ante esta situación, una coalición de 22 estados y el Distrito de Columbia demandó a la administración de Donald Trump para intentar frenar la entrada en vigor de la medida. ¿Qué argumentos plantean contra la nueva regla de carga pública? En esta nota te lo explicamos.

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Mamdani durante una conferencia de prensa para anunciar una demanda contra la nueva norma federal de "carga pública", que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente si dependen de ayudas públicas (Foto: Angela Weiss / AFP)

Mamdani durante una conferencia de prensa para anunciar una demanda contra la nueva norma federal de "carga pública", que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente si dependen de ayudas públicas (Foto: Angela Weiss / AFP)

¿CUÁLES SON LOS ARGUMENTOS DE LA DEMANDA CONTRA LA NUEVA REGLA DE CARGA PÚBLICA?

La demanda sostiene que la nueva regla de carga pública es ilegal porque, según los estados y ciudades demandantes, entrega a los funcionarios de inmigración una discrecionalidad demasiado amplia para negar la residencia permanente o la admisión a personas que usan beneficios públicos legales. Además, aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apartó del significado histórico de “carga pública” sin una justificación suficiente.

La demanda estatal contra la nueva regla de carga pública está liderada por Nueva York, California e Illinois. La coalición está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de California, Rob Bonta, e Illinois, Kwame Raoul.

“La nueva forma de mirar a la regulación de carga pública está atacando o dañando a ciudadanos americanos; esta demanda tratar de detener la implementación de la nueva regla de carga pública”, dijo Kathya Quiróz, analista de inmigración de Noticias Telemundo.

A continuación, los argumentos centrales del recurso legal que presentaron:

Argumento de la demanda¿Qué alegan los demandantes?
DHS excedió su autoridadLa coalición afirma que el DHS no tiene autorización del Congreso para ampliar de esa forma el análisis de carga pública y convertir el uso de ciertos beneficios legales en un factor tan determinante para la residencia.
La norma es demasiado vagaSegún la querella, la regla elimina pautas significativas sobre qué pueden considerar los funcionarios al decidir si una persona es una “carga pública”, lo que abre la puerta a decisiones inconsistentes o arbitrarias.
Se aleja del sentido histórico de “carga pública”Los demandantes afirman que el término se ha entendido históricamente como dependencia principal o sostenida de la asistencia gubernamental, y no como el uso temporal de programas a los que una persona tiene derecho.
DHS no justificó suficientemente el cambioLa demanda acusa a la agencia de actuar de forma “arbitraria y caprichosa” porque no habría explicado adecuadamente por qué abandonó el marco anterior ni respondió de manera suficiente a los efectos negativos previsibles.
Puede alejar a familias de ayudas básicasLos estados y ciudades alertan que inmigrantes y familias de estatus mixto podrían dejar de solicitar o usar SNAP, Medicaid, cupones de vivienda u otros apoyos legales por temor a perjudicar una futura residencia.
Generaría costos para gobiernos localesLa coalición advierte que, si menos personas acceden a programas preventivos de alimentación y salud, estados y municipios enfrentarían mayores costos en emergencias, atención médica y servicios sociales.

EN RESUMEN

Los demandantes piden que el tribunal declare ilegal la regla, la deje sin efecto y ordene a DHS y USCIS no aplicarla. La demanda, por sí sola, no suspende automáticamente la norma: para frenarla antes de su entrada en vigor, los demandantes deben obtener una orden judicial.

Por separado, una coalición de gobiernos locales también presentó otra demanda. Está encabezada por la ciudad de Nueva York e incluye a Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara (California), Seattle y el condado de King (Washington).

LOS ESTADOS QUE PARTICIPAN DE LA DEMANDA

A la demanda se sumaron 22 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania. A continuación, precisamos cuáles son:

  • California
  • Colorado
  • Connecticut
  • Delaware
  • Hawái
  • Illinois
  • Maine
  • Maryland
  • Massachusetts
  • Michigan
  • Minnesota
  • Nevada
  • Nueva Jersey
  • Nuevo México
  • Nueva York
  • Oregón
  • Pensilvania
  • Rhode Island
SOBRE EL AUTOR
Judith Vicente

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Periodista con más de 15 años de experiencia, redacto información de interés general para la población latina en Estados Unidos como inmigración, Seguro Social, economía y finanzas personales, salud, educación, vivienda, derechos civiles, clima, vida cotidiana, entre otros. Asimismo, escribo sobre series, películas, celebridades y cultura pop.

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