Más de 30 militares presos en Venezuela llevan tres días en huelga de hambre para exigir que Delcy Rodríguez los incluya en la amnistía

Un grupo de 36 militares presos en Venezuela suman tres días en huelga de hambre en la cárcel de Ramo Verde, en las afueras de Caracas, para reclamar su excarcelación mediante una amnistía.

La protesta reunió a los uniformados, entre ellos dos mujeres, procesados en distintos expedientes por rebelión y traición a la patria, mientras sus familiares se concentran frente al penal para pedir su liberación y denunciar restricciones en las condiciones de reclusión.

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Los reclusos se acercaron a la cerca metálica del centro penitenciario y gritaron consignas desde el interior. “No tenemos miedo, no más torturas”, “¡Libertad!” y “Que cierren los centros de torturas”, expresaron ante quienes permanecían en los alrededores de Ramo Verde. En el cercado se observaron carteles de tela con las frases “¡Libertad ya!” y “presos políticos”.

Los manifestantes permanecieron aislados en una cancha del penal, separados del resto de la población penitenciaria, según denunciaron sus allegados. Familiares y abogados afirmaron que esa situación limita su comunicación y dificulta el acceso a instalaciones básicas dentro de la prisión militar.

Sandra Hernández, esposa del sargento Luis Bandres, señaló que los primeros huelguistas pertenecían al grupo de uniformados acusados tras la sustracción de armas de un puesto militar y el posterior atrincheramiento en un cuartel de Caracas en 2019.

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“Se les limitó el acceso a la torre, que es donde están los baños y donde pueden asearse y hacer sus necesidades fisiológicas”, afirmó. También sostuvo que los detenidos no recibieron agua potable y que recurrieron al agua utilizada por trabajadores del recinto para el riego de plantas con el fin de hidratarse.

Luego, Milagros Astudillos, esposa de otro sargento encarcelado, vinculó las restricciones con la huelga. “La falta de agua y atención médica es una manera de presión para que levanten esto”, declaró.

Los allegados de los reclusos indicaron que los militares permanecieron sujetos o apoyados sobre las rejas para que pudieran ser vistos y escuchados desde el exterior. Según esas denuncias, la ubicación en la cancha, la falta de acceso a agua y servicios sanitarios y el aislamiento no modificaron la decisión de mantener el ayuno.

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Ningún representante del Ministerio Público ni de la Defensoría del Pueblo acudió al penal durante los tres primeros días de protesta, de acuerdo con las organizaciones y familiares que siguieron la situación. El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) consideró grave que los organismos competentes no verificaran las denuncias formuladas sobre las condiciones de detención y los reclamos de los huelguistas.

El Foro Penal informó que Venezuela registra 321 presos políticos al 9 de noviembre de 2026, entre ellos 306 hombres y 15 mujeres. Del total, 181 fueron civiles y 140 militares; no figuran adolescentes detenidos por motivos políticos.

La organización señaló que 150 personas recibieron condena, mientras 171 permanecen sin sentencia. Además, contabilizó 31 detenidos con nacionalidad extranjera y advirtió que se desconocía el paradero de una persona incluida en el balance.