InquirerLegarda wants unnecessary spending in 2027 nat’l budget slashedThe Jerusalem Post‘Forever chemicals’ in tap water linked to earlier deaths in prostate cancer patients - reportPunchSoldiers kill suspected terrorist in PlateauInquirer Entertainment2NE1’s CL joins THEBLACKLABEL, sets ‘ICONIC’ comeback at 2026 MAMAZDF heuteAktuelle Pressemitteilungen des ZDFWirtualna PolskaSuperpełnie 2026: Księżyc rozświetli niebo w WigilięCBS NewsThanksgiving travel likely to dip a bit due to prices, AAA saysSouth China Morning PostUN chief urges countries to rein in ‘killer robots’ on the battlefieldIl Fatto QuotidianoPanico sulla Grande Muraglia cinese, la neve trasforma i gradini in una trappola di ghiaccio: turisti in difficoltà scivolano lungo il percorso. Le immaginiBBC NewsFive EU countries expected to announce migrant deportation centre in RwandaTimes of India EntertainmentSai Pallavi reveals her parents' reaction after she cut her hair for 'O.M'Rai NewsUno studente Erasmus di 20 anni precipita dalle mura all'Aquila, è grave
The Daily Newsstand · Free, Always
Monday, November 16, 2026

⁠Informe de DD.HH. de la UDP advierte ausencia de “cifra clara ni verificable” en debate sobre niños y jóvenes que delinquen

Translate

Con el objetivo de analizar si la respuesta del Estado respecto a situaciones que involucren a adolescentes infractores de ley es acorde con los estándares internacionales, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (UDP) incluyó en la versión número 24 de su Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile un capítulo dedicado a esta temática.

En el capítulo, las académicas Ester Valenzuela y América Rojas se propusieron varios objetivos, como por ejemplo determinar si existe un estatuto jurídico propio para este grupo, analizar la capacidad del Estado para dimensionar el fenómeno a partir de sus registros administrativos y revisar el debate legislativo sobre la rebaja de la edad de responsabilidad penal.

Uno de los puntos centrales del informe está en el contraste que hay respecto de las cifras. En ese sentido, se presentan varios números respecto a niños, niñas y adolescentes (NNA) infractores de ley en 2025, siendo todos disímiles. Por ejemplo, de Carabineros, 4.021 denuncias; de la Corporación Administrativa del Poder Judicial (CAPJ), 2.563; de la Subsecretaría de Prevención del Delito con 4.115, y la Subsecretaría de la Niñez con 27.765 por “conductas constitutivas de delito”. Sin embargo, dice el texto, cada institución cuenta con distintos objetivos, no habiendo así una sola cifra común.

“El problema no es que las cifras difieran, sino que Chile no dispone de una cifra estatal única, construida y validada de cuántos niños y niñas menores de catorce años se encuentran involucrados en hechos tipificados como delito”, señala el informe.

Siguiendo con ese punto, los académicos de la UDP critican que “las propias instituciones reconocen la fragilidad de sus registros”.

“La CAPJ advierte que la fecha de nacimiento presenta un alto sesgo de omisión; Carabineros declara que sus datos tienen carácter referencial; la Subsecretaría de Prevención del Delito aclara que sus resultados reflejan las trayectorias detectadas por el Estado y no las trayectorias reales; la Subsecretaría de Salud Pública declara no disponer de estadísticas, y el Servicio de Protección Especializada no respondió las dos solicitudes de acceso a la información formuladas para este capítulo”, se añade.

En ese sentido, tampoco habría comunicación entre instituciones, como el Ministerio Público y los tribunales de familia. “La propia Fiscalía tiene ‘prohibiciones expresas de remitir informe de la carpeta’ a los tribunales de familia, ni siquiera por orden judicial, de modo que la corporación no tiene forma de saber si un niño o niña ya ha sido denunciado con anterioridad”, dice en el estudio la abogada jefa del Centro Jurídico de Pichilemu de la CAPJ, Daniela Godoy.

“Se constata que no existe una cifra clara ni verificable de cuántos niños y niñas exactamente se encuentran en esta situación (de infracción de ley), cuestión que incide en la respuesta programática y, por cierto, tiene impacto en la construcción de políticas públicas adecuadas para la detección temprana, la prevención y el tratamiento de estos casos”, se sintetiza.

Incumplimiento del Estado

Si bien el trabajo reconoce que el Estado de Chile satisface la obligación de no castigar a los menores de 14 años, quienes son inimputables en la legislación nacional, el informe plantea que “incumple de manera sostenida” en cuanto a estándares internacionales: “Este incumplimiento se explica, entre otras cosas, por la distancia existente entre lo que las normas ordenan y lo que las instituciones hacen”.

Por otra parte, el texto es crítico respecto de la situación que enfrentan los menores de 14 años que cometen delitos. Esto debido a que, señala el informe, la investigación “se reduce a informes de diagnóstico psicosociales que no equivalen a un peritaje ni permiten controvertir el hecho”.

De hecho, el capítulo plantea que los niños quedan en una situación “más débil que la de un adolescente de catorce años sometido al sistema penal, quien cuenta con defensa obligatoria, presunción de inocencia y un estándar probatorio exigente antes de que se le imponga una sanción”.

“Chile no dispone de una cifra estatal sobre cuántos niños y niñas menores de catorce años se encuentran involucrados en hechos tipificados como delito, las fuentes existentes miden objetos distintos, no se comunican entre sí y, en el caso del principal registro judicial, se contradicen dentro de la misma institución. No se trata de datos deficientes, sino de un Estado que no ha establecido qué es lo que está registrando”, se lee en el informe.

La editora general del informe y académica de la Facultad de Derecho UDP, Marcela Zúñiga, sostiene que “la falta de información no es solo estadística. También impide saber si el niño hizo lo que se le atribuye. No existe un mecanismo para verificar el hecho, y solo el 12,1% de estas causas contó con abogado del niño. A eso se suma que el Estado no ha creado el programa especializado que ordena la Ley 21.302”.

Recomendaciones

En la parte final el informe entrega una serie de recomendaciones. Primero al Congreso, respecto a mantener la edad mínima de responsabilidad penal en los 14 años, por no haber evidencia que demuestre un cambio respecto a este punto, y, además, dotar a este grupo de un estatuto jurídico propio que “fije un procedimiento diferenciado en sede de familia para las causas originadas en la atribución de una conducta tipificada”.

“En junio de 2026, la Cámara pidió dar urgencia a un proyecto que rebaja la edad de responsabilidad penal a 13 años. Pero el Estado no sabe cuántos niños de esa edad están involucrados en hechos que la ley tipifica como delito”, afirma Zúñiga. En ese debate legislativo, las autoras del informen recalcan la relevancia de tener cifras confiables. De lo contrario, advierten que la discusión puede desembocar “en un uso político oportunista del tema”.

También se le recomienda al Ministerio de Educación y al Ministerio de Salud revisar la aplicación de expulsiones y cancelaciones de matrícula en los primeros niveles de enseñanza básica: “La escuela es uno de los principales factores protectores y, a la vez, un ámbito en que el propio Estado debilita la protección mediante la exclusión temprana, mientras la necesidad de salud mental detectada no se traduce en prestación efectiva”.

View the original on La Tercera →

KioskNews shows a cleaned-up reading view extracted from the publisher’s page — the original always lives on their site, not ours.