Nueva medida del Gobierno podría cambiar las reglas en la declaración de renta: estos trabajadores podrían terminar pagando más impuestos

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó ante el Congreso de Colombia el Proyecto de Ley No. 477 de 2026, denominado ‘Ley de Rescate Económico’, que reduciría el nivel de ingresos desde el cual se paga el impuesto sobre la renta y limitaría los beneficios tributarios laborales, por lo que más personas naturales podrían enfrentar una mayor carga fiscal o retenciones mensuales más altas.

Para los asalariados e independientes, el proyecto plantea una tarifa marginal de 9% desde bases gravables más bajas, recorta el límite de la renta exenta laboral y reduce deducciones. Los cambios podrían elevar el impuesto de quienes ya tributan, aunque presentar una declaración de renta no supone necesariamente tener un saldo por pagar.

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Dicha iniciativa introduce ajustes a las rentas de trabajo desde el año gravable 2027, con una retención en la fuente mensual para pagos superiores a 65 unidades de valor tributario (UVT) y una tarifa de 9% para ingresos laborales gravables que excedan 72 UVT anuales.

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella radicó el proyecto en la Secretaría de la Cámara de Representantes, donde deberá surtir su trámite antes de ser aprobado.

El primer tramo del impuesto comenzaría con una base gravable mensual de $3.100.00, frente a los $4.800.000 actuales. La tarifa de 9% no recaería sobre todo el ingreso, sino solo sobre la porción que supere ese umbral, dado el carácter marginal de la tabla.

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Las tarifas de los rangos intermedios se mantendrían en:

• 19% para bases gravables de $4.800.000 a $7.400.000 mensuales.
• 28% entre $7.400.000 y $17.900.000.
• 33% entre $17.900.000 y $37.800.000.

La tarifa máxima de 39% se aplicaría a la renta que exceda 8.670 UVT anuales. Empezaría desde una base gravable mensual de $37.800.000, en lugar de los $135.300.000 vigentes, lo que eliminaría los escalones previos de 35% y 37%. El socio de Toro Asociados Julio Toro advirtió sobre esa concentración.

“Esto implica que determinados contribuyentes de mayores ingresos podrían enfrentar un impuesto superior. Antes teníamos 35%, 37% y 39%; ahora esos rangos desaparecen y pasarían todos a 39%”, precisó para el diario La República.

Por su parte, el socio del área tributaria de PPU Héctor Ramírez explicó al medio que la propuesta combinaría una reducción del umbral de pago con menores montos descontables de la base gravable. A su juicio, ese doble efecto llevaría a que más personas paguen impuesto sobre la renta y a que parte de quienes ya lo hacen quede sometida a tarifas efectivas más altas.

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Ambos interpretan diferente, sin embargo, sobre la obligación de declarar. Ramírez sostuvo que el proyecto no cambiaría los requisitos actuales: seguirían obligados quienes tengan:

• Patrimonio bruto superior a $236.000.000.
• Ingresos brutos mayores a $73.000.000.
• Compras con tarjeta, consumos o consignaciones superiores a $73.000.000 anuales.

Por su parte, el socio de Serrano Martínez CMA Sebastián Correa anotó a Valora Analitik que “hoy en día existe la obligación de pagar impuestos sobre la renta para personas que tienen unos ingresos determinados. Ese valor de ingresos se disminuye y por esa vía se disminuyen los rangos. Es decir, más personas naturales van a pagar impuesto sobre la renta y, a medida que incrementan los ingresos, más rápido se pasa de una tarifa a la otra. Quienes tienen mayores ingresos tienen mayor riesgo de terminar pagando una tarifa de hasta 39%”.

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La propuesta conservaría la renta exenta de 25% sobre los pagos laborales, pero reduciría su límite anual de 790 UVT a 630 UVT. Toro precisó que, con la UVT actual, el beneficio pasaría de alrededor de $41.000.000 a cerca de $33.000.000 anuales.

También bajaría el techo conjunto de rentas exentas y deducciones. En la actualidad, ese monto no puede superar el 40% de los ingresos ni exceder $5.800.000 mensuales:

• Con ingresos de $100.000.000, el descuento máximo sería de $40.000.000.
• Para ingresos de $1.000.000 alcanza $70.000.000.

Toro indicó que el proyecto reduciría ese máximo a $61.000.000, lo que limitaría la cantidad que una persona puede restar de su base gravable antes de calcular el impuesto.

La deducción de 10% por dependientes económicos, prevista en el artículo 387 del Estatuto Tributario y limitada a $1.670.000 mensuales, se conservaría. Sin embargo, desaparecería el beneficio adicional de $314.244 mensuales por cada dependiente, hasta un máximo de cuatro, creado con la reforma tributaria del gobierno de Gustavo Petro.

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Serrano Martínez CMA también anotó que la iniciativa también tendría efectos sobre el impuesto al valor agregado (IVA) de productos de la canasta familiar, entre ellos el café.

En el ámbito corporativo, la tarifa general del impuesto de renta para empresas bajaría de 35% a 33% en 2027 y a 31% desde 2028. Se mantendría una sobretasa de cinco puntos porcentuales para entidades financieras, aseguradoras y comisionistas de bolsa incluidas en la norma: pagarían 38% en 2027 y 36% durante 2028, 2029 y 2030.

El proyecto incorporaría además el Régimen Único para Generar Estabilidad Empresarial (Ruge), dirigido a personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que inviertan en infraestructura, recursos naturales, energía, industria, economía industrial, agroindustria, servicios o turismo. Quienes cumplan los montos mínimos de inversión y los plazos de ejecución —no especificados por la fuente— accederían a una tarifa de renta de 20% durante hasta 16 años.