Usuarios, gremios y exministro de Minas exigen cambios a resolución de la CREG que estaría afectando a 758.000 familias de la región Caribe

La polémica alrededor del plan de ahorro energético impulsado por la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) sigue prendida en el Caribe colombiano. 

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Un grupo de organizaciones de usuarios, líderes sociales, vocales de control, gremios productivos y expertos del sector energético solicitó formalmente modificar la resolución que establece incentivos y sanciones sobre el consumo de energía, al considerar que su aplicación está generando impactos económicos sobre miles de familias de la región.

La petición quedó plasmada en un pronunciamiento público firmado por representantes de ligas de usuarios, organizaciones cívicas y comunales, así como por el exministro de Minas y Energía Amylkar Acosta Medina, quienes cuestionan la Resolución 101 120 de 2026 expedida por la CREG.

Según los firmantes, la norma terminó convirtiéndose en una sanción para hogares ubicados en zonas de altas temperaturas, donde el consumo de energía está estrechamente ligado al uso permanente de ventiladores, aires acondicionados y equipos de refrigeración.

Desde antes de la entrada en vigor de la medida, congresistas de la bancada Caribe, organizaciones de usuarios y distintos sectores económicos habían advertido sobre los posibles efectos que podría tener la regulación en una región donde las condiciones climáticas obligan a un mayor consumo eléctrico durante buena parte del año.

Sin embargo, los cuestionamientos han tomado una nueva dimensión luego de que las organizaciones aseguraran que ya existen impactos medibles sobre las facturas.

Las cifras de la controversia

Uno de los puntos centrales del pronunciamiento es la cifra de usuarios que, según sus promotores, ya estarían siendo afectados por los recargos contemplados en la resolución.

De acuerdo con el documento, las sanciones por superar los consumos de referencia alcanzarían a más de 758.000 grupos familiares en la región Caribe, equivalentes a cerca de tres millones de personas.

Además, sostienen que algunos usuarios han reportado incrementos de hasta el 40 por ciento en el valor de sus facturas de energía.

Para los firmantes, estos resultados corroboran las advertencias formuladas durante los meses previos a la entrada en vigencia del esquema.

“El instrumento diseñado para sancionar el derroche puede terminar por penalizar a un hogar ubicado en departamentos más cálidos”, señalaron, citando análisis previos realizados sobre la medida.

‘Incentivos sí, sanciones no’

Aunque los firmantes dejan claro que respaldan las campañas de uso racional y eficiente de la energía, sostienen que el problema radica en trasladar los costos del ahorro a través de sanciones económicas.

En su declaración, cuestionan que durante años no se hayan desarrollado campañas masivas de pedagogía orientadas a consolidar hábitos de ahorro energético y consideran que la resolución fue implementada sin una socialización suficiente con usuarios, comerciantes, pequeños empresarios y organizaciones ciudadanas.

También afirman que la norma carece de mecanismos claros para reportar situaciones que puedan explicar aumentos legítimos en el consumo, como cambios en la composición de los hogares o modificaciones en viviendas y establecimientos comerciales.

Por ello, la principal propuesta planteada es modificar la regulación para conservar los estímulos a quienes logren ahorrar energía, pero eliminar los castigos económicos asociados a consumos superiores a los promedios históricos. La consigna que resume la posición de los firmantes es directa: “Incentivos sí, sanciones no”.

¿Qué establece la resolución?

La regulación fue diseñada por la CREG como parte de la estrategia para fomentar el ahorro energético y proteger el sistema eléctrico nacional ante escenarios de mayor demanda, especialmente durante períodos de altas temperaturas asociados al fenómeno de El Niño.

El esquema establece para cada usuario una meta individual calculada con base en su historial de consumo de los últimos doce meses.

Quienes mantengan su demanda de energía dentro de los rangos definidos no enfrentan cambios. Sin embargo, aquellos que superen determinados umbrales deben asumir cobros adicionales sobre los consumos excedentes, mientras que quienes reduzcan su demanda pueden acceder a incentivos.

La CREG ha defendido el modelo argumentando que cada usuario se compara consigo mismo y no con personas ubicadas en otras regiones del país, por lo que las diferencias climáticas ya estarían incorporadas dentro de la metodología.

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No obstante, los críticos consideran que el mecanismo no refleja adecuadamente el impacto de las circunstancias que obligan a elevar el consumo en la región, donde prender el abanico no es un lujo, sino una necesidad.

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