Investigan muerte de niño de 4 años que supuestamente se asfixió con avena en Costa Rica: su madre y otra mujer pasarán seis meses en prisión preventiva
La muerte de un niño de 4 años en Desamparados de Alajuela, Costa Rica, es investigada por las autoridades judiciales luego de que inicialmente se reportara que el menor se había asfixiado mientras consumía avena. Sin embargo, el hallazgo de posibles lesiones en su cuerpo generó interrogantes sobre las circunstancias del fallecimiento y llevó a la detención de dos mujeres, entre ellas su madre.
El caso ocurrió en una vivienda ubicada en calle La Babilonia, donde los cuerpos de emergencia atendieron una alerta relacionada con un niño que presentaba dificultades para respirar.
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La llamada al sistema de emergencias advertía que el menor aparentemente se había ahogado después de consumir avena.
Cuando los socorristas de la Cruz Roja Costarricense llegaron a la vivienda, encontraron al niño y tras realizarle maniobras de resucitación, fue declarado sin signos vitales y confirmaron su fallecimiento.
Posteriormente, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el lugar para realizar las primeras diligencias y determinar qué había ocurrido.
Uno de los elementos que despertó las sospechas de las autoridades fue el hallazgo de posibles signos de violencia en el cuerpo del menor, situación que motivó una investigación más profunda.
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Durante la atención de la emergencia, los funcionarios reportaron indicios de lesiones y procedieron a asegurar la escena hasta la llegada de los investigadores judiciales.
Las autoridades investigan el fallecimiento como un posible homicidio, aunque todavía no se ha establecido si las lesiones observadas están relacionadas directamente con la muerte.
El cuerpo fue trasladado a la Medicatura Forense, donde se realizará una autopsia para determinar la causa del fallecimiento y aportar elementos que permitan esclarecer los hechos.
Como parte de las diligencias, el OIJ detuvo a dos mujeres identificadas con los apellidos Sandoval, de 25 años, y Hernández, de 32 años.
Sandoval es la madre del menor y Hernández es su pareja sentimental.
La Fiscalía Adjunta de Alajuela consiguió que el Juzgado Penal de la localidad ordenara seis meses de prisión preventiva contra ambas mujeres.
Según la evidencia disponible hasta el momento, el niño presentaba una serie de traumas, tanto antiguos como recientes, los cuales le habrían generado importantes lesiones que le causaron la muerte. Presuntamente, estos serían incompatibles con la versión dada por las imputadas, quienes indicaron que esta fue resultado de un atragantamiento.
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Otro de los aspectos relevantes del caso es que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) confirmó haber atendido una denuncia relacionada con el menor varios meses antes de su fallecimiento.
La institución explicó que el expediente se abrió el 8 de junio de 2026, después de recibir información remitida por el Ministerio de Educación Pública (MEP).
Durante la intervención participaron también la Fiscalía y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), como parte de un abordaje interinstitucional.
Sin embargo, tras revisar los informes técnicos, el PANI determinó que no existían elementos objetivos suficientes para mantener abierto un proceso especial de protección.
En consecuencia, la institución decidió archivar el caso en septiembre de 2026, aproximadamente dos meses antes del fallecimiento.
Según explicó el Patronato, las evaluaciones realizadas en ese momento indicaban que el niño contaba con redes familiares de apoyo, seguimiento médico y nutricional y vinculación con el sistema educativo.
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La investigación continúa mientras las autoridades esperan los resultados de los exámenes médico-forenses y otras diligencias solicitadas por el Ministerio Público.
Estos análisis serán fundamentales para determinar si el fallecimiento ocurrió como consecuencia de un atragantamiento, como se informó inicialmente, o si existieron otras circunstancias relacionadas con las lesiones observadas.
Por ahora, el PANI mantiene coordinación con las autoridades judiciales para valorar posibles medidas de protección relacionadas con el entorno familiar.
El caso también abre interrogantes sobre la intervención institucional realizada meses antes de la muerte del menor, aunque todavía no existen conclusiones oficiales que permitan establecer responsabilidades por aquella actuación.
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La Fiscalía de Alajuela deberá esclarecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existen elementos suficientes para formular una acusación penal contra alguna de las personas investigadas.
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