Invasión, fuego y zozobra en zona rural de Jamundí: ¿qué hay detrás de la incursión violenta de encapuchados en un condominio en Potrerito?

Habitantes de corregimientos del municipio del sur del Valle denuncian constantes intimidaciones y hostigamientos en sus territorios. 

La mañana del domingo 20 de septiembre fue una de las más largas para Manuel Tobón* y su familia. Su residencia, ubicada en Condominio Essencial Country Club, en Potrerito, al pie de la zona montañosa de Jamundí, se le convirtió en un verdadero infierno: hombres y mujeres encapuchados, con palos, machetes y armas artesanales, bloquearon vías y se metieron en algunos predios del condominio, generando tensión entre sus habitantes.

Momentos de tensión y zozobra vivieron habitantes de Potrerito, zona rural de Jamundí, con bloqueos en vías y presión violenta en condominios cercanos. pic.twitter.com/sL2JsCbQGs

— Antonio Minotta (@AntonioMinotta) September 22, 2026

“Dejaron encerrada a la comunidad que estaba atemorizada por las detonaciones que, desde tempranas horas de la mañana, venían haciendo. Es el verdadero ‘se están metiendo a los conjuntos’”, expresó con temor Tobón, mientras manifestaba con algo de resignación que habían llamado a la Policía y a la Secretaría de Seguridad y Justicia, pero no tuvieron éxito en ese momento; solo estaban esperanzados en la llegada del Ejército.

Como elemento adicional a esta alteración del orden público, en puntos estratégicos de la zona, estaban tratando de generar pequeños incendios.

Tobón asegura que esta situación es un drama que han vivido prácticamente en silencio desde hace varios días: “Han hecho quema de llantas dentro del condominio y dentro de algunas de las casas en obra negra. Se desconoce el propósito del cierre, así como quién lidera este confinamiento y las explosiones”.

Aunque la Alcaldía de Jamundí, a través de su Secretaría de Seguridad y Convivencia, reconoció la alteración del orden público, aseguró que la problemática logró ser controlada tras la intervención de la Fuerza Pública.

Sin embargo, más allá de un presunto acto delictivo, este tipo de tomas puede ocultar estrategias a largo plazo de organizaciones con intereses en esos terrenos.

Más allá de un problema de tierras

Para Stuart León, analista en temas de seguridad de Jamundí, considera que lo ocurrido el domingo debe encender las alarmas: “Las ocupaciones ilegales de predios ya no pueden analizarse únicamente como un problema de tierras o como una discusión entre propietarios y personas que aseguran no tener dónde vivir. El contexto de seguridad obliga a mirar mucho más allá”.

Considera que se debe tener en cuenta que, horas después de que se presentaron las invasiones, se registró un hostigamiento a la estación de Policía de Potrerito, a través de drones cargados con explosivos.

Un problema de hace meses

En su análisis, León asegura que este tipo de alteraciones del orden público comenzó este domingo: “Desde hace meses se han reportado ocupaciones en predios como La Chapa, La Novillera y Las Cañas, además de terrenos administrados por la Sociedad de Activos Especiales. Incluso se han registrado quemas, construcción de cambuches y afectaciones ambientales”.

Ante este panorama, considera pertinente hacer una distinción fundamental: “Colombia tiene enormes problemas de acceso a la tierra y existen campesinos y familias vulnerables con necesidades legítimas. Si determinados bienes pueden ser destinados a estas comunidades, que sea la SAE o la autoridad competente la que adelante los procedimientos legales, identifique a los beneficiarios y realice las adjudicaciones correspondientes”.

Territorio estratégico para las disidencias

Para el analista, la zona rural de Jamundí sigue siendo un territorio estratégico para las disidencias de las Farc, particularmente para la estructura 'Jaime Martínez'. Sostiene que la presencia de cultivos de coca, los corredores hacia el norte del Cauca y el Pacífico y los reiterados ataques contra la Fuerza Pública demuestran la complejidad del territorio.

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“Por eso preocupa que las ocupaciones, bloqueos y quemas puedan terminar siendo aprovechados para dificultar el ingreso de las autoridades o ampliar zonas de control ilegal. No significa que todas las personas presentes en esos predios pertenezcan o colaboren con grupos armados. Precisamente por eso corresponde individualizar, investigar y establecer quién está detrás de cada ocupación”, agrega León.

Considera que la llegada de más de 300 soldados del Batallón de Operaciones Terrestres N.º 15, sumados a las unidades que ya operan en la zona, “debe servir para reforzar el control territorial y proteger tanto a la población como a las instituciones”.

“Las operaciones contra las estructuras ilegales también se han intensificado y la Jaime Martínez ha recibido golpes recientes. Esa presión puede generar respuestas violentas y nuevas formas de control territorial, por lo que Jamundí necesita inteligencia, investigación judicial y presencia permanente del Estado”, anota.

Y precisa: “Aquí no se trata de defender constructoras ni de desconocer las necesidades de los campesinos. Se trata de defender la legalidad”.

*Nombre cambiado a solicitud de la fuente, por temas de seguridad.

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