Medidas desproporcionadas

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Se ha anunciado que se exigirá a ciclistas que quieran subir el cerro San Cristóbal inscribirse en un registro para entrar, obligando a reservar un horario de ingreso y al uso de un chaleco reflectante con un código identificatorio.

Esta medida, inédita a nivel internacional (similar sólo a los pases de movilidad en pandemia), se ha justificado desde un supuesto alto riesgo por el tránsito de bicicletas. La información desde la autoridad ha sido errática: primero se dijo que era por la alta velocidad, luego que era porque “adultos mayores y niños no pueden caminar”, para finalmente decir que el problema no eran todos los ciclistas, sino los que practican enduro (disciplina que consiste en descender por senderos de pendiente pronunciada, donde no circulan peatones). No está claro cuál es el problema.

El Parque Metropolitano reporta cerca de 200 accidentes de ciclistas al año, sin indicar cuántos de ellos involucran a peatones, aunque una campaña comunicacional de 2025 sugiere que la mayoría de ellos son caídas por imprudencia o malas maniobras, que perjudican sólo a los propios ciclistas. El parque reporta 7,5 millones de visitas al año, de las que se estima dos millones son ciclistas. Parecieran ser pocos accidentes para la cantidad de visitantes, ciertamente menos lamentables que las 1.500 muertes al año por siniestros involucrando vehículos motorizados a nivel nacional, que reciben mucha menos atención de los medios y de la autoridad.

Lo cierto es que en algunos momentos del fin de semana, la gran cantidad de ciclistas y peatones genera problemas menores, que podrían mitigarse con fiscalización en horarios y lugares puntuales, pero que están lejos de justificar una medida como esta.

No queda claro cómo el obligar a usar un chaleco reflectante con número de serie evitará malas maniobras o reducirá la fricción entre peatones y ciclistas, a menos que el objetivo sea derechamente disminuir la presencia de los últimos.

La gran mayoría de quienes van en bicicleta al cerro no son imprudentes ni transitan a gran velocidad. Son personas, familias y niños que buscan hacer algo de ejercicio en uno de los pocos lugares de la ciudad que lo permiten. Castigar a cientos de miles de visitantes por unos pocos infractores sólo logrará que menos gente haga deporte, exacerbando un problema de salud pública mucho más grave que el que esta medida desproporcionada pretende solucionar.

Por Ricardo Hurtubia, académico UC, investigador principal del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable (Cedeus).

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