Deuda de ACSA por obras pendientes en el aeropuerto Cortissoz supera $147.000 millones, según documentos revisados por la Auditoría General del Estado
La Contraloría reportó un saldo actualizado con intereses y un cobro suspendido por demandas; la firma debía responder por inversiones y bienes clave.
La deuda de ACSA por obligaciones del aeropuerto Cortissoz supera los $147.000 millones, según cifras. Foto: Vanexa Romero/El Tiempo
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La deuda derivada de las obligaciones pendientes de la antigua concesionaria del aeropuerto Ernesto Cortissoz de Barranquilla supera los 147.183 millones de pesos, de acuerdo con cifras de la Contraloría General de la República examinadas por la Auditoría General. El cobro permanece suspendido por la existencia de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, según la información oficial entregada en respuesta a una solicitud de control.
El caso está relacionado con Sociedad Aeropuertos del Caribe S. A. (ACSA), firma que tuvo a su cargo la concesión de la terminal aérea durante 15 años y que debía cumplir compromisos de inversión, mantenimiento y entrega de bienes. Una decisión judicial ordenó devolver al Estado, a través de la Aeronáutica Civil (Aerocivil), 35.839 millones de pesos por obligaciones asociadas a obras que no se ejecutaron. Sin embargo, el valor reportado posteriormente por los organismos de control aumentó al incorporar intereses moratorios y otros conceptos de la obligación.
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La información se conoció luego de que el economista y columnista Jorge Vergara presentara un derecho de petición ante la Auditoría General de la República para conocer las actuaciones de la Contraloría encaminadas a recuperar los recursos.
En su respuesta, la Auditoría detalló el estado del proceso de cobro y precisó que el monto actualizado de la obligación llegó a 148.402.234.797 pesos. De esa suma, la Contraloría reportó un recaudo de 1.218.448.030 pesos, por lo que el saldo pendiente quedó en 147.183.786.767 pesos.
La diferencia entre la cifra de la orden judicial mencionada en los antecedentes y el saldo actual reportado se explica por la actualización de la obligación. Para establecer el monto definitivo exigible y su evolución, es necesario tener en cuenta los documentos del expediente y las actuaciones judiciales y administrativas correspondientes.
Un cobro iniciado hace más de una década
Contraloría reportó un saldo de $147.183 millones, incluidos intereses, ante la Auditoría General. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Según la documentación revisada por la Auditoría, la Contraloría inició el proceso de cobro por jurisdicción coactiva el 14 de junio de 2013. Este mecanismo permite a determinadas entidades públicas adelantar el recaudo de obligaciones a su favor sin tener que comenzar un proceso ejecutivo ordinario, siempre que se cumplan los requisitos legales.
No obstante, la Contraloría informó que el procedimiento relacionado con ACSA está suspendido debido a la existencia de demandas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo. La información aportada no detalla en la respuesta citada el alcance de cada litigio ni establece cuándo podría reanudarse el cobro.
La suspensión es un elemento central del caso: aunque los documentos reflejan un saldo de más de 147.000 millones de pesos, la recuperación de esos recursos está condicionada por el curso de las actuaciones judiciales. Por eso, el monto pendiente no equivale a dinero que ya haya ingresado a las cuentas del Estado.
La Auditoría General también explicó que examinó documentos sobre las dos concesiones del aeropuerto, la liquidación de los contratos, las obligaciones a cargo de las sociedades concesionarias y los hallazgos fiscales relacionados con los hechos denunciados.
Tras revisar la información aportada por la Contraloría, la entidad señaló que encontró actuaciones de vigilancia y control fiscal, requerimientos a las instituciones involucradas y seguimiento a los asuntos bajo examen.
En su conclusión, la Auditoría afirmó que, con base en los documentos revisados y dentro del alcance de esa actuación administrativa, no identificó elementos que permitieran advertir deficiencias en la gestión fiscal de la Contraloría que justificaran nuevas actuaciones frente a los hechos objeto de la denuncia.
Ese pronunciamiento se refiere a la actuación de la Contraloría examinada por la Auditoría. No significa que la deuda haya sido pagada ni que el saldo pendiente haya desaparecido.
Los compromisos de la concesión del Cortissoz
El contrato de concesión del aeropuerto Cortissoz comenzó en 1997 y tuvo una vigencia de 15 años. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
El contrato de concesión 001-CON-97 fue suscrito el 10 de enero de 1997 y comenzó a regir el 28 de febrero de ese año. El acuerdo fue firmado por el entonces director de la Aeronáutica Civil, Abel Enrique Jiménez Neira, y por el dirigente gremial Fernando Mario Arteta García, quien representó a ACSA y falleció posteriormente.
La sociedad estaba conformada por organizaciones empresariales y gremiales de Barranquilla, además de inversionistas privados. Entre sus accionistas figuraban la Cámara de Comercio de Barranquilla, Terpel del Norte, Promigas, la Sociedad Portuaria Regional, Argos —antes Cementos del Caribe—, Granabastos, la Sociedad de Usuarios del Aeropuerto, Industrias Cannon, el Comité Intergremial del Atlántico, ProBarranquilla, la Zona Franca de Barranquilla, Fenalco y Gases del Caribe, entre otros.
También participaban empresarios a título personal. Según la composición accionaria descrita en los antecedentes del caso, Aena, Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, tenía el 40 por ciento de las acciones.
De acuerdo con la cláusula décima tercera del contrato, ACSA debía pagar 9.400 millones de pesos durante los 15 años de concesión, más los reajustes previstos. El acuerdo también establecía obligaciones de inversión, conservación y mantenimiento de instalaciones y equipos.
El incumplimiento de varios compromisos quedó reflejado en una relación de obligaciones y conceptos económicos que incluyó obras no ejecutadas, equipos en mal estado y servicios pendientes de pago. La controversia sobre esos compromisos contribuyó a que no se suscribiera una modificación contractual, según los antecedentes suministrados.
Obras, equipos y mantenimiento entre los conceptos reclamados
El expediente incluye inversiones pendientes y vehículos que debían ser entregados a la Aerocivil. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Entre los valores relacionados en la documentación figuran 27.363 millones de pesos por inversiones de mantenimiento y mejoras que no se habrían ejecutado, así como 856 millones de pesos por la actualización del Plan Maestro.
El listado también incluyó 6.514 millones de pesos por mantenimiento del sistema eléctrico y 153 millones por una máquina de bomberos entregada con elementos en mal estado. Otros conceptos se referían a la malla perimetral, avisos, equipos de cómputo, software, extintores e instalaciones de aire acondicionado.
La relación de obligaciones contemplaba, además, recursos por infraestructura del antiguo casino, una ambulancia, vehículos utilizados en tareas de balizamiento, obras civiles y control de fauna silvestre, así como cinco vehículos, entre ellos los utilizados por directivos de la concesionaria.
A esos valores se sumaban conceptos relacionados con cartera, telefonía, energía, servicios públicos de un hangar, consumo de agua y mantenimiento de parqueaderos. El listado también registraba un tractor Ford entregado sin estar operativo.
La existencia de estos conceptos permite entender que la controversia no se limitaba a una única obra: comprendía compromisos de infraestructura, conservación, equipos y otros elementos vinculados con la operación de la terminal. Sin embargo, cada rubro debe leerse dentro del expediente contractual y fiscal, pues la relación histórica de valores no reemplaza la verificación del estado jurídico de cada obligación.
La recuperación de los recursos sigue pendiente
Auditoría no halló fallas fiscales de la Contraloría que justificaran nuevas actuaciones en el caso. Foto:Vanexa Romero/El Tiempo
Los cuestionamientos sobre la administración de ACSA y el cumplimiento de sus compromisos fueron objeto de publicaciones periodísticas, entre ellas informes de Zona Cero y Atlántico en Noticias, que documentaron aspectos de la concesión y sus controversias.
El punto que permanece abierto es la recuperación efectiva de los recursos. La cifra informada por la Contraloría supera ampliamente los 35.839 millones de pesos mencionados en la orden judicial inicial, pero el proceso de cobro continúa suspendido por litigios administrativos, según la respuesta oficial examinada por la Auditoría General.
La documentación suministrada también menciona vehículos que debían ser entregados a Aerocivil. No obstante, con la información disponible no es posible establecer de manera independiente el estado actual de cada uno de esos bienes ni confirmar si todos continúan pendientes de devolución.
Por ahora, las cifras oficiales establecen un saldo de 147.183.786.767 pesos y un recaudo reportado de poco más de 1.218 millones. El desenlace de las demandas y las decisiones que se adopten sobre el cobro serán determinantes para conocer si el Estado logra recuperar la totalidad o una parte adicional de los recursos reclamados.
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