Gobierno extiende hasta el 31 de marzo congelamiento de precios de los combustibles y costo fiscal sube a US$1.000 millones

El gobierno ingresó este jueves el proyecto de ley que congela el precio de los combustibles. El objetivo de esta iniciativa era desactivar las movilizaciones de los camioneros y transportistas. En primera instancia la propuesta que entregó el gobierno no logró ese objetivo, ya que los representantes de los camioneros la rechazaron por considerarla insuficiente.

Dado ese escenario es que durante la tarde de este jueves los ministros del Interior y de Hacienda, Claudio Alvarado y Jorge Quiroz, se reunieron en La Moneda con las asociaciones de camioneros, las que tuvo buenos resultados.

La iniciativa original consideraba una reversión del alza del precio de $42 que se materializó este jueves tanto para el diésel y de $38,5 para el diésel. A esa reducción ahora se le agrega para el diésel una baja adicional de $100.

Otro de los cambios es que se extiende el plazo de congelamiento de precios. Si en proyecto inicial el plazo era hasta el 3 de febrero, ahora será hasta el 31 de marzo de 2027.

Según el acuerdo establecido con los camioneros, hasta esa fecha el precio solo puede mantenerse o bajar. “Si baja y luego sube, el alza se permite, pero el precio nunca puede superar el techo resultante luego de las bajas anunciadas hoy, esto es, el precio del 12 de noviembre menos 142 pesos por litro para el diésel, y menos 39 pesos para las gasolinas”, dice el acuerdo.

Es decir, para el diésel en la Región Metropolitana el precio máximo que estará este combustible hasta el 31 de marzo es de $1.452 promedio, lo que significa una caída de 8,9% en relación al valor actual reportado por el portal bencinasenlinea de la Comisión Nacional de Energía (CNE).

Y para el caso de la bencina de 93 octanos, el valor techo para la Región Metropolitana será en torno a unos $1.537 en promedio. Mientras que para la gasolina de 97 octanos el precio tendrá un techo cercano a los $1.657.

También se aumenta el porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel (transporte de carga por carretera, Ley 19.764). Las nuevas tasas se incorporan en esta ley y quedan como se indica a continuación: desde un 90% para contribuyentes con ingresos anuales iguales o inferiores a 2.400 UF; 90% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 2.400 y hasta 6.000 UF; 65% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 6.000 y hasta 20.000 UF; 50% para contribuyentes con ingresos anuales superiores a 20.000 UF.

Para los buses se sube el porcentaje de recuperación del peaje de 35% a 70% y, sobre el impuesto negativo, se elimina la obligación para los transportistas de enterar el débito en el F29 por el impuesto específico cuando este es negativo. Se genera una cuenta de compensación, y se compensa una vez que se genere impuesto específico positivo.

Costo fiscal

De acuerdo al Informe Financiero del proyecto de ley inicial, el costo fiscal de la propuesta llegaba a unos US$500 millones.

En el detalle se mencionó menores ingresos por $172.969 millones en 2026 (unos US$175 millones) y de $365.905 millones menos en 2027 (unos US$370 millones). Ahora, ese monto sube a unos US$500 millones para este año y otros US$500 millones para el 2027.

Así lo señaló el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en el punto de prensa luego del acuerdo: “En cuanto al costo fiscal, el costo es relevante, del orden de los US$ 500 millones, tanto este año como el que sigue. Es un costo asumible, dentro de nuestros objetivos de consolidación fiscal. No altera nuestras metas. Podemos hacer este esfuerzo hoy día porque hemos sido responsables durante el año en todo orden de cosas”.

El titular de las finanzas públicas expresó que “es un costo asumible dentro del proceso de consolidación fiscal y no altera nuestras metas. Lo más importante es que podemos hacer este esfuerzo hoy día y podemos enfrentar este desafío porque hemos sido responsable durante el año, en todo orden de cosas y eso nos permite generar en esta situación actual un menor impacto y sobre todo también quizá aprovechar mejor una coyuntura que puede ser positiva si es que la situación internacional comienza a normalizarse”.

Ahora bien, si se considera desde el 5 de marzo hasta el 5 de noviembre, el gobierno ha gastado $1,4 billones, unos US$1.450 millones de los cuales cerca de $1 billón, (un millón de dólares) correspondió a la contención del precio del diésel.

Por ende, si se considera lo que ya ha gastado el fisco, es decir, los US$1.450 millones más los US$1.000 millones que de desembolsará para congelar el precio y las otras medidas, el total del costo para contener el precio de los combustibles llegará a unos US$2.500 millones.

“Este esfuerzo se ha intensificado especialmente en los últimos meses. Solo entre agosto y octubre, la operación del mecanismo representó un impacto fiscal de $1,1 billones, de los cuales $0,86 billones se destinaron a contener el precio del diésel”, dice el proyecto.

El mensaje del proyecto

En sus ideas centrales, la iniciativa señala que “estas medidas no buscan desconocer la evolución de los precios internacionales ni establecer una desvinculación permanente entre éstos y los precios internos. Por el contrario, persiguen contener temporalmente los efectos extraordinarios, de un shock externo aprovechando responsablemente el espacio fiscal generado por los esfuerzos de consolidación realizados durante el presente año”.

Desde el gobierno resaltan el carácter “transitorio y acotada” de la medida, y enfatizan que se busca “compatibilizar la protección de los hogares y las actividades productivas con el compromiso del Gobierno con la responsabilidad fiscal”.

En la iniciativa se menciona que, si bien persiste una elevada incertidumbre respecto de la evolución del conflicto y de los precios internacionales de los combustibles, los acontecimientos recientes permiten considerar la posibilidad de una estabilización de los mercados energéticos durante los próximos meses.

En estas circunstancias, resulta razonable realizar un esfuerzo adicional y acotado en el tiempo para limitar el traspaso de eventuales nuevas alzas internacionales a los precios internos, otorgando un mayor período de adaptación los hogares y a las actividades productivas.

Y argumentan que “resulta necesario complementar los mecanismos generales de estabilización de precios con medidas específicas que permitan aliviar transitoriamente la carga financiera de los transportistas de carga, facilitando la continuidad de sus operaciones y su adaptación al nuevo escenario de precios”.

Los representantes de los camioneros destacaron el espíritu de diálogo. En ese sentido, el presidente de la Confederación de Camioneros Centro-Sur, Freddy Martínez, valoró el entendimiento y destacó que permitirá comenzar a superar las dificultades económicas que enfrenta el sector desde marzo. “Nosotros hicimos todo lo posible porque esto no llegara al punto que llegó”, sostuvo, junto con pedir comprensión a quienes se vieron afectados por las movilizaciones.

Entre los gremios afectados por esta paralización, es la agricultura. Y por ello, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, (SNA), Antonio Walker, mencionó que “el acuerdo entre el gobierno y los principales gremios del transporte llega a tiempo para devolver la normalidad a las rutas, resguardar el abastecimiento de alimentos en el país y asegurar el traslado y embarque de las frutas como cerezas y otros productos agrícolas en días decisivos para la temporada”.

En ese sentido, Walker añadió que “reconocemos el esfuerzo del gobierno por acercar posiciones frente a demandas muy complejas, la disposición de los gremios que se sumaron al acuerdo y la responsabilidad de quienes decidieron deponer el paro”.