Gobierno usa facultades legislativas: Fuerzas Armadas vigilarán penales, se permitirá uso de inhibidores de señal y neutralizar drones
Dos semanas luego de que el Senado aprobara las facultades legislativas solicitadas por el Gobierno de Keiko Fujimori, el Poder Ejecutivo promulgó el primer decreto legislativo vinculado a la seguridad ciudadana. El documento legal publcado por el Diario El Peruano autoriza la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en la seguridad externa de penales declarados en estado de emergencia.
La norma busca reforzar el control ante el hacinamiento y la presencia de internos vinculados con organizaciones criminales que dirigen actividades delictivas desde prisión. El decreto establece que la intervención militar debe ajustarse a los límites de cada declaración de emergencia y coordinarse con el Instituto Nacional Penitenciario y la Policía Nacional del Perú.
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De acuerdo con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), el sistema penitenciario albergaba, hasta agosto de 2026, a más de 107.000 internos pese a contar con una capacidad aproximada de 42.000 plazas. La situación incluye a 494 internos relacionados con 217 organizaciones criminales, entre ellas facciones del Tren de Aragua.
Las Fuerzas Armadas podrán reforzar la vigilancia del perímetro, las vías de acceso, los torreones y otros puntos externos considerados críticos en los establecimientos penitenciarios bajo emergencia. La seguridad al interior de las cárceles seguirá a cargo del Instituto Nacional Penitenciario (Inpe).
El Decreto Legislativo 1742 también habilita la instalación de anillos de seguridad, patrullajes, tareas de reconocimiento e inteligencia en las zonas exteriores de influencia penitenciaria. También contempla el apoyo militar en controles de ingreso de visitas, proveedores y personal, dentro de las competencias que correspondan a cada institución.
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Las áreas de influencia penitenciaria deberán ser delimitadas por el INPE, en coordinación con la Policía, las Fuerzas Armadas y otras entidades competentes, dentro de los cinco días posteriores a la declaración de emergencia. Esa delimitación tendrá carácter operativo y no podrá ampliar el ámbito geográfico fijado por el estado de excepción.
Drones, comunicaciones clandestinas y traslados de internos
La disposición autoriza la detección, identificación, interceptación o neutralización de drones y otros dispositivos aéreos no autorizados que comprometan la seguridad externa de los penales. También faculta la instalación y operación de inhibidores y detectores de señales de telecomunicaciones, con medidas para evitar interferencias perjudiciales en las zonas cercanas.
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Las Fuerzas Armadas podrán colaborar en la detección y desmontaje de antenas, repetidores y equipos de telecomunicaciones ilegales, junto con la Policía Nacional y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El ministerio deberá atender con prioridad las solicitudes de verificación técnica vinculadas con esas intervenciones.
El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, afirmó que la decisión apunta a “recuperar el orden en las cárceles y cortar de raíz el ingreso de objetos prohibidos y desarticular las conexiones que mantienen los criminales con el exterior”.
El apoyo militar también podrá incluir transporte aéreo, terrestre, fluvial o lacustre para el traslado de internos de alta peligrosidad, además de evacuaciones, comunicaciones, logística y asistencia ante desastres naturales, amenazas de fuga o rescate y otras contingencias penitenciarias.
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La norma complementa el estado de emergencia prorrogado hasta enero de 2027 en los penales de alta peligrosidad de Challapalca, Cochamarca, Miguel Castro Castro, Ancón I y El Milagro. Su implementación se financiará con los presupuestos de las entidades involucradas, sin recursos adicionales del Tesoro Público.
Cabe indicar que la delegación de facultades es la autorización temporal que el Congreso de Perú otorga al Poder Ejecutivo para legislar mediante decretos legislativos sobre materias específicas y dentro de un plazo definido por una ley. El Congreso conserva el control sobre esas normas y no puede delegar asuntos que la Constitución reserva a la Comisión Permanente
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