La impunidad legal

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Si una persona confiesa que cometió un asesinato quince años después del hecho, no será castigada. Estudié derecho algunos años y hasta el día de hoy recuerdo cómo me sorprendió la prescripción. Creo que a la mayoría nos pasó lo mismo al comienzo. Cualquier delito, pasado cierto tiempo, deja de poder ser perseguido. «Pasó la vieja», nos decían. La certeza jurídica era más importante. Todos comenzamos a comulgar con esa rueda de carreta, hasta que supimos que había países en los que los crímenes contra las personas no prescriben nunca, como no prescriben los de lesa humanidad.

Mariana Sepúlveda tenía 19 años cuando salió de su casa en Conchalí, en agosto de 2008, y no llegó al colegio. Su familia la buscó dieciocho años. El 6 de septiembre un vecino confesó en una comisaría haberla matado y enterrado. Cinco días después el tribunal lo sobreseyó definitivamente, pues el homicidio calificado prescribe a los quince años y habían pasado dieciocho. Puede dormir tranquilo (¿podrá realmente?).

En Chile, desde 2019, los delitos sexuales contra niños son imprescriptibles. El Estado reconoció el tiempo que se necesita para poder incluso nombrar lo que ocurrió. Sin embargo, dejó fuera los delitos ocurridos antes de julio de ese año, que sí prescriben, y en los que el plazo comienza a correr desde que la víctima cumple dieciocho. Si una persona fue víctima de abuso hace décadas y quiere denunciar, no tendrá justicia. En algunos casos ni siquiera tendrá verdad.

Una de las funciones más importantes de la justicia, según Paul Ricoeur, es separar los roles de víctima y victimario. El abusador suele hacer creer a la víctima que todo es mentira o que fue su culpa. La justicia le devuelve, al menos en parte, la dignidad biográfica que el abuso vulneró.

Cuando se votó la imprescriptibilidad, en 2018, la Cámara de Diputados aprobó la retroactividad hasta 1990, año en que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. El Senado luego la rechazó, negando el derecho de la víctima a que se investigue, se establezca la verdad y se juzgue. La justicia a veces ha asumido su deber de investigar y reconocer la verdad de los hechos aunque no pueda castigar, pero ese derecho a la verdad no puede quedar al arbitrio de cada tribunal.

Australia eliminó los plazos civiles con efecto retrospectivo en todos sus estados y territorios, por recomendación de la comisión que investigó el abuso institucional, que documentó que una víctima tarda en promedio casi veinticuatro años en hablar. Veinticuatro años, si es que alguna vez habla. La pregunta no debería ser por qué una víctima no habló antes de perder su derecho, sino cómo puede el Estado crear las condiciones para que denuncie y para que esa denuncia sea investigada.

La voz de Mariana fue silenciada para siempre y nadie pudo buscarla donde estaba. Algo parecido ocurre con miles de víctimas de abuso, cuyas voces silencian el trauma, la vergüenza, la culpa y el poder de los abusadores. El Estado y los tribunales deben investigar y sostener una verdad que a las víctimas les ha costado tanto levantar. Las víctimas deberían poder demandar civilmente a quienes las dañaron y a las instituciones que lo permitieron. La violencia física y sexual no puede quedar impune por el solo paso del tiempo. «No es venganza. Lo que queremos nosotros es justicia. Nada más», dijo el padre de Mariana.

Por José Andrés Murillo, Fundación para la confianza.

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